El coste desorbitado de la primera deportación de migrantes de Italia a Albania, que fueran solo 16 de los 1.000 que ese día llegaron a Lampedusa y el hecho de que su desembarco terminara con el regreso a Italia de cuatro de ellos ha mostrado que el controvertido plan del Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni ha hecho agua desde el primer día. Dos bangladesíes eran menores y dos egipcios estaban en situación de extrema vulnerabilidad, psíquica o física, y no pueden entrar en el protocolo rápido que se está aplicando. Se han confirmado algunas de las críticas que ya señalaban posibles problemas, como el más básico y punto de inicio de este procedimiento: el modo en que se seleccionan los migrantes que son enviados al centro de internamiento de Gjadër, en Albania. El modelo Albania se ha presentado como un experimento, que la UE sigue con atención para comprobar si funciona o no, pensando en ampliarlo a partir de ahora.

“Teníamos razón en lo que ya advertimos: la selección no ha funcionado. De 16 personas, cuatro eran menores o vulnerables. Un cuarto de los que llegaron. ¿Qué pasará cuando sean 400 personas?”, se preguntaba en la mañana del jueves, ante la puerta del complejo italiano, el diputado italiano Riccardo Magi, del partido Más Europa. Forma parte de una delegación de tres parlamentarios de la oposición ―junto a Rachele Scarpa, del Partido Demócratico (PD), y Paolo Ciani, de Democracia Solidaria―, que ha viajado hasta Gjadër. Hablando del coste de todo el modelo Albania, Ciani ha puntualizado: “Hemos oído hablar mucho de esto como un experimento. No se hacen experimentos con las personas, ni con personas vulnerables”.

Hacia las 12 del mediodía entraron en el recinto para inspeccionarlo y obtener información, pero antes de ver nada ya eran muy críticos. “Italia no tenía colonias penitenciarias de extranjeros fuera de su territorio desde la II Guerra Mundial”, advirtió Magi. Al salir, cuatro horas más tarde, lo veían todavía peor. El diputado aseguró que el lugar “tiene todas las características y semblanzas de un campo de concentración”.

Dentro escucharon, dicen, “historias tremendas” tras hablar con cuatro de los deportados, tres egipcios y un bangladesí. Uno se pasó toda la conversación llorando, porque aún no había podido hablar con su familia, mujer e hijos, que siguen en Egipto. Han relatado que los cuatro han estado prisioneros en Libia, de cuatro meses a un año y hasta dos años. Sufrieron palizas y torturas. Trabajo forzado en condiciones de esclavitud. Intentos de huida, abortados por la guardia costera libia y luego, retorno al infierno. Además del viaje, sus familias han tenido que pagar altas sumas de dinero como rescate para que los liberaran, hasta 10.000 euros en el caso de los egipcios y 19.000 en el bangladesí. “Todo esto no se ha considerado en el examen, la historia personal de cada individuo, y esperemos que se haga”, señala Magi.

Los tres diputados querían saber, sobre todo, qué garantía había seguido el proceso y salían muy contrariados. Han señalado que la selección de los deportados ya ha pasado a llamarse simplemente “preselección”, para indicar un método más superficial. “Es todo muy confuso y hay muchas cosas que aclarar”, resumen.
Un proceso con prisas

Este examen previo para elegir los deportados es el primer eslabón donde ha fallado la cadena del modelo Albania. Solo pueden entrar en el polémico protocolo rápido de gestión del asilo en 28 días, introducido hace año y medio, y luego trasladarse a Gjadër personas con este perfil: hombres adultos y sanos que hayan sido rescatados en el mar por las naves italianas ―no por ONG o que hayan llegado por sus propios medios―y que procedan de estados considerados seguros. Determinar la edad y el país de estas personas, que a menudo no llevan encima documentos, a veces es muy problemático, y se necesitan exámenes médicos, conversaciones detenidas con traductores y mediadores culturales. Por eso es recomendable llevarlos a tierra y emplear los días necesarios. En este caso, el proceso ha fallado con cuatro de 16, por las prisas.

Lo que más ha impresionado a los diputados es que casi el único y principal criterio de discriminación parece haber sido que estas personas no tenían pasaporte ni documentos, algo que permite introducirlos en el protocolo rápido. No los tenían, aseguran, porque se los habían robado en Libia. La delegación, que ha confirmado que ese primer examen lo realizan funcionarios y agentes italianos, junto a personal de la Organización Internacional de las Migraciones y de Naciones Unidas, ha detectado más problemas. Quieren pedir detalles de las rutas de las embarcaciones rescatadas y verificar en qué punto fueron auxiliados, pues alguno “habría sido muy cerca de Lampedusa, y no en aguas internacionales, como prevé a ley, esto es muy grave y hay que comprobarlo”.

Aseguran que uno de los deportados ha dicho que si hubiera sabido que lo mandaban a Albania habría llegado a la costa nadando, porque estaban cerca. Es más, dos de los migrantes aseguran que la embarcación que los salvó luego retrocedió en el mar hasta llegar a Libra, la nave militar que los llevó a Albania. Algunos solo comprendieron que navegaban rumbo a un país extracomunitario cuando ya estaban de camino, es decir, no fueron informados correctamente.

Además de la complicación del trámite, el lugar donde se hace también es importante. Se realiza en un buque convertido en una especie de oficina-albergue flotante, que está en alta mar, pues si tocara tierra debería desembarcar a los náufragos en Italia. Además, hasta que se resuelva la licitación de una nave, con una capacidad prevista para 200 migrantes, la tarea la ha comenzado a realizar un buque militar, el Libra. El hecho de que, de entrada, ahora sea un barco de la Marina también ha sido criticado, porque no reúne las condiciones adecuadas para la misión. Scarpa considera que “se crea una zona gris y ambigua del derecho, que puede dar lugar a muchas violaciones de derechos humanos”. “Cómo puede realizarse la selección en una nave militar, que no es el lugar para hacerlo, una adecuada valoración de la vulnerabilidad de una persona. Esto evidentemente ya no se ha hecho”, concluye.

Pero el trámite clave es que una vez seleccionados, un juez debe convalidar su retención en frontera en 48 horas. Los 12 migrantes deportados pidieron asilo la noche del miércoles, confirmó la delegación parlamentaria. El juez analiza ahora, sobre todo, que procedan de países considerados seguros, pero aquí ha irrumpido una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha recortado de 22 a 7 la lista de Italia de esos Estados. Y ha dejado fuera todos los principales países de origen de la migración irregular a Italia: Bangladés, Egipto, Túnez o Libia, por ejemplo. Los 12 migrantes deportados que están ahora en el campo de internamiento de Gjadër son de Bangladés y Egipto y un juez decidirá el viernes si convalida o no que se les aplique el protocolo rápido. Si lo rechaza, también estas 12 personas deberán regresar a Italia. Es decir, toda la primera operación de presentación del modelo Albania fracasaría: ninguno de los 16 migrantes deportados se habría quedado en el país.

Todo hace pensar ―también que el centro de Gjadër solo esté construido a medias, con 352 plazas, más 24 en la zona de repatriación y 12 en una pequeña cárcel― que el arranque de las deportaciones se ha realizado con precipitación. La oposición opina que llevaba ya cinco meses de retraso y Meloni deseaba estrenarlo antes de la cumbre europea del jueves, donde se aborda precisamente la inmigración, con un foco especial en el modelo Albania. “Esto es un manifiesto ideológico, no es algo relativo a la acogida de los migrantes”, reflexiona Ciani.

Los expertos también apuntan que, con los porcentajes de repatriaciones realmente ejecutadas, la realidad es que la inmensa mayoría de los deportados acabará regresando a Italia. No podrán quedarse eternamente esperando en un recinto que puede acabar saturándose. Además, los procedimientos que llegan a término tardan entre tres y seis meses. Según Eurostat, en la primera mitad de 2024 Italia ha emitido 13.330 órdenes de repatriación, pero solo ha logrado expulsar a 2.035. El resto reciben un papel con la orden, pero simplemente desaparecen, o esperan en centros ya muy desbordados.

“Es todo absurdo. No hay ningún efecto disuasorio, porque con estos porcentajes, en la hipótesis más optimista, si a Albania llegan 12.000 personas, como se está calculando, Italia no conseguirá repatriar más de 1.200”, opina Matteo Villa, investigador del instituto ISPI de Milán. “Además, el coste será nueve veces más alto que lo que pagamos en Italia, y todo para que, en una estimación, solo el 15% de todos los que llegan a Italia sean deportados a Albania, y de ellos, el 13% acaben de todos modos en Italia y solo el 2%, repatriados. Es decir, el 98% de todos los que llegan terminarán de un modo u otro en Italia”.