Donald Tusk, el primer ministro polaco de centro derecha y europeísta convencido –predecesor de Charles Michel en el Consejo de Europa-, ha asegurado que recuperar el control de sus fronteras se ha convertido en una cuestión de supervivencia para la democracia liberal. Ha rechazado la aplicación del Pacto de Asilo para luchar contra la guerra híbrida de Rusia y Bielorrusia, que envían deliberadamente a Polonia inmigrantes procedentes de Afganistán, Irán, Irak y Somalia. Antes, en septiembre, lo hicieron Hungría y Polonia. Pero ya en mayo, una quincena de países encabezados por Austria, Dinamarca e Italia, habían escrito a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo «nuevas soluciones» para combatir la inmigración ilegal incluidas la externalización de las solicitudes de asilo como contempla el modelo de Giorgia Meloni. Los líderes europeos han forzado un debate estratégico con los jefes de Estado y de Gobierno, al considerar que el estado actual del Derecho comunitario no es suficiente para hacer frente a la situación. En una carta dirigida a los Veintisiete, Von der Leyen, propuso «soluciones innovadoras» y llamó por primera vez a aprender las lecciones del acuerdo entre Italia y Albania para construir centros de retorno en terceros países seguros.

La doctrina migratoria europea gira a la derecha pero ha sido un gobierno de izquierdas, el de Alemania, el que ha acelerado este cambio de paradigma. El canciller Olaf Scholz anunció a finales de agosto la reintroducción de los controles fronterizos y la deportación de los solicitantes de asilo, sobre todo los procedentes de Afganistán y Siria, tras el acuchillamiento masivo en Solingen perpetrado por un refugiado sirio que debía haber sido expulsado. Las victorias de la extrema derecha en Austria o Países Bajos o en los Lander alemanes han consolidado este cambio. Meloni, que ya ha enviado los primeros deportados a Albania, mantendrá una reunión privada con Scholz y con Tusk. Italia ha conseguido reducir en un 60% la entrada de inmigrantes ilegales el mismo porcentaje que ha aumentado en España. A nivel macro, las cifras están lejos de la crisis de 2015. Según Frontex, las llegadas de inmigrantes irregulares cayeron un 42% durante los primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo en 2023, pero la presión se concentra en algunos puntos periféricos como Canarias. De los pocos o si no el único presidente que se ha mostrado contrario a explorar el modelo italiano ha sido Pedro Sánchez. Alega que es ilegal y que ignora los derechos humanos, pero se olvida de que Europa ya ha externalizado el control de la inmigración con acuerdos millonarios con Turquía o Marruecos. ¿O no es la inmigración el tema nuclear de la relación hispanomarroquí? España depende de las fuerzas de seguridad marroquíes para evitar los saltos masivos de la valla de Ceuta y prevenir una crisis migratoria en potencia. No se trata de criminalizar a la inmigración sino de ser pragmáticos y reconocer qué porcentaje de inmigrantes puede acoger cada país. Los centros de retorno no son una barita mágica, pero pueden ser una pieza para construir una política migratoria ordenada y sostenible en el largo plazo. Sánchez, acorralado por sus problemas internos, no puede dejar atrás a España.