El pacto con Albania es una pieza más en las políticas de externalización y disuasión de los flujos migratorios por parte de los países de la Unión Europea, tras los acuerdos con Turquía, Libia y Túnez.    Son las personas «varones, adultas y no vulnerables» las que, desde hoy, están siendo trasladadas a los dos centros construidos por el Gobierno italiano en Albania. Personas que, tras haber tenido que jugarse la vida en busca de protección, acabarán en estado de detención, a la espera de que sus solicitudes de asilo se tramiten por procedimientos acelerados.

Italia es uno de los principales defensores de estas políticas de externalización de sus responsabilidades a otros países. En los últimos días, el Gobierno italiano ha expresado su satisfacción por los miles de migrantes que se dirigían «a las costas europeas interceptados en el mar y devueltos sanos y salvos a Libia» y por las decenas de miles a los que las autoridades tunecinas impidieron partir hacia Europa. Datos utilizados sin pudor ni vergüenza alguna, para demostrar su supuesto éxito en la reducción de muertes en el mar.

Más de 1.200 personas han muerto o desaparecido en la ruta del Mediterráneo central en los nueve primeros meses de 2024. En cuanto a las «seguras» operaciones de devolución de los guardacostas libios, sería interesante escuchar las palabras de las personas rescatadas por el Geo Barents, nuestro buque de búsqueda y salvamento marítimo. «Ante nuestra negativa a detenernos, los libios dispararon contra el bote. Nos lanzaron una cuerda, insultándonos. Ayudamos a las mujeres a subir mientras el bote se hundía. Dos hermanos, un maliense y un guineano, se ahogaron y sus cuerpos fueron abandonados. Una vez desembarcamos en Libia, nos llevaron a una de sus cárceles». El relato de las personas varadas en Túnez es igualmente espeluznante. «La Guardia Nacional nos llevó a la frontera con Libia. Éramos más de mil personas, con muchas mujeres y niños. Pasamos unas dos semanas en el desierto, sin comida ni agua. La Guardia Nacional venía todas las mañanas a disparar gases lacrimógenos».

Por esa obsesión de mantener a los migrantes fuera del país, Italia ha alquilado un trozo de Albania, gestionado con leyes italianas y —mucho— dinero italiano. Las consecuencias serán graves. El método impreciso de cribado de las personas que deben ingresar en los centros de detención, primero en un barco y luego en los centros de Albania, no permitirá identificar los casos vulnerables (por ejemplo, personas con problemas de salud), que, según el mismo pacto, deberían desembarcar en Italia. Incluso el acceso o no al procedimiento de asilo, la validez o no de las solicitudes y por tanto la aceptación o devolución de las personas a sus países de origen se decidirá por procedimientos sumarios, sin la garantía de acceso a las formas de protección previstas por la ley. La detención, hipócritamente definida como «leve» por el Gobierno italiano, tendrá un impacto devastador en la salud de los refugiados y migrantes, como Médicos Sin Fronteras ha documentado ampliamente en los últimos años en relación con los centros de detención en Italia y en las islas de Grecia y Nauru, que no son otra cosa que cárceles al aire libre para personas que no han cometido delitos.

La UE e Italia son responsables, directa o indirectamente, de las vidas perdidas por la ausencia de un sistema específico de búsqueda y rescate en el mar. Son responsables del sufrimiento causado en los mal llamados rescates llevados a cabo por los guardacostas libios y tunecinos y de las redadas y deportaciones en Libia y Túnez. Del mismo modo, serán responsables del sufrimiento, sin testigos, en el interior de estos centros de detención en Albania. Derechos humanos violados y leyes internacionales despreciadas: todo para poder poner unos cuantos tuits propagandísticos que sirvan para ensalzar la supuesta defensa de las fronteras patrias.