El Gobierno convocará en los próximos días a las comunidades y a los partidos para abordar el polémico traslado de inmigrantes indocumentados desde Canarias al resto de España. La vicepresidenta primera aseguró que el Gobierno financiará, si es necesario, la distribución en la Península de los menores llegados al archipiélago. La primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones de agosto dedicó buena parte de su tiempo a analizar la última crisis migratoria y las quejas del Partido Popular por un reparto que, según denuncian, se ha centrado en sus autonomías. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que los criterios de distribución atienden exclusivamente al número de plazas disponibles en cada región y nada tienen que ver con el color del partido que las rige. Aún así, el Ejecutivo atenderá la petición realizada esta misma semana por la Comunitay Valenciana, Madrid y Murcia y convocará una reunión de la Comisión Mixta de Traslados.

A esta cita, para la que aún no hay fecha, se sumará la ya anunciada por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para reclamar a las autonomías su solidaridad con Canarias y descargar de adolescentes sin documentación los centros de atención a menores del archipiélago, hoy abarrotados con 700 chicos cuando su capacidad, de acuerdo con el Ejecutivo canario, es de 250. Las conversaciones, en este caso, se mantendrán en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participan todos los consejeros autonómicos del área. De la Vega recordó que el Ejecutivo no puede “obligar” a nada, dado que la tutela y custodia de los menores es una competencia exclusiva de las comunidades.

Fernández de la Vega trató de evitar la polémica con el PP y, en un primer momento, se limitó a hacer un llamamiento para el trabajo conjunto. “Espero que todos –dijo– más allá del color político, tengamos un comportamiento razonable y a la altura del desafío”. No obstante, tras las preguntas de los periodistas, negó que las comunidades gobernadas por el primer partido de la oposición sean las más solidarias. La consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, aseguró esta semana que en lo que va de año la comunidad ha recibido 6.500 inmigrantes. La vicepresidenta aseveró que hasta agosto el Gobierno autonómico no había ofrecido ni una sola plaza de su Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). En agosto ofertó 100. Otra cosa, dijo, son los centros de acogidas de ONG’s, que han recibido alrededor de 2.900.

Financiación estatal

Aún así, en lo que se refiere al problema de los menores, se mostró optimista. La Administración central está dispuesta a financiar los traslados hasta la Península y a “establecer el régimen de ayudas necesario” para que este colectivo, el más vulnerable, reciba la atención y la formación precisas. Así lo afirmó la número dos del Gobierno, quien también recordó que se sigue hablando con Marruecos para proceder a la repatriación de menores (una medida muy criticada por diversas organizaciones no gubernamentales) siempre “bajo el principio de tutela y protección”. “Creo –apuntó– que este será un buen precedente y un modelo a seguir con otros países” .

Entre las decisiones adoptadas ayer por el Consejo de Ministros está también la de llevar a cabo un plan de inversiones en los CIE para atender a los inmigrantes en tanto se llevan a cabo los procedimientos de expulsión. Un intento en muchos casos inviable por la falta de acuerdos de repatriación con países como Senegal, Gambia, Mali, Guinea Conakry o Camerún, de donde proceden la mayor parte de los más de 17.000 clandestinos llegados a Canarias desde el Golfo de África en lo que va de año. “Trabajamos sin descanso para que quienes entran en España de manera irregular salgan tarde o temprano; pero los españoles saben que no es una tarea fácil”, insistió De la Vega.