El Ministerio de Inclusión ya ha recibido el informe en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha le notifica que el aeropuerto de Ciudad Real se concibió como una infraestructura “para el desarrollo de actividades industriales”. “No tiene cabida el uso pretendido para la implantación de un centro de acogida para inmigrantes en las instalaciones existentes”, advierte el documento elaborado por el equipo del también barón socialista Emiliano García-Page.

El plan del departamento que dirige Elma Saiz era acondicionar dicha infraestructura para acoger “de forma temporal” a personas en situación irregular llegadas a las costas españolas derivadas desde Canarias, Baleares y otros puntos en la Península tras realizar “los estudios y análisis pertinentes para concluir la definitiva idoneidad” del recinto. “No hay ninguna decisión tomada”, ha afirmado este jueves la ministra socialista en una entrevista en TVE.

Por ahora no ha recibido respuesta oficial alguna el Ejecutivo castellanomanchego, que en su informe precisa que el “acomodo” de inmigrantes tiene que realizarse en equipamientos de “uso dotacional”, que es el que “comprende las diferentes actividades públicas o privadas de carácter asistencial”. Por tanto, concluye que el proyecto que el Gobierno de Pedro Sánchez había confirmado el lunes que está “valorando” es “incompatible” con la ubicación elegida.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, volvió a denunciar este miércoles que hay “movimientos” en el aeropuerto para la creación de un “auténtico campo de concentración para inmigrantes», como la colocación de una valla perimetral, de tres metros de altura y cercana a la zona de hangares”, informa Europa Press. “Ése no es el modelo que pensábamos que teníamos en este país”, criticó el regidor del PP.

También se ha opuesto frontalmente a este proyecto la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, ya que considera que “generar un espacio aislado hace que las vías de integración posibles sean nulas”. Además, en una carta enviada al presidente Page, se queja de que entidades como la suya tengan “mayor complejidad de la ya existente para poder monitorizar o interactuar con quienes sean ahí ubicados, debilitando las garantías y la seguridad jurídica”.

Ciudad Real International Airport, la compañía privada propietaria de la instalación en torno a la que gira esta polémica que Moncloa considera “artificial”, debía 6.231.746 euros a la Agencia Tributaria según el último listado de morosos publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de junio. Este periódico también se ha puesto en contacto con su administrador único, Rafael Gómez Arribas, para conocer si los términos del posible acuerdo que podría haber cerrado ya con el Ministerio de Inclusión para la acogida de personas sin papeles sería a cambio de una reducción de esa deuda, pero tampoco obtuvo respuesta.

Por otro lado, el dueño del aeródromo actuó de intermediario entre la trama de cobro de comisiones millonarias durante la pandemia con la venta de mascarillas liderada por el empresario Víctor Aldama y por la que el ex ministro José Luis Ábalos está a punto de ser imputado y el Gobierno de Castilla-La Mancha. El equipo de Page rechazó la compra material sanitario que sí adquirieron otras administraciones con presidentes del PSOE – la de Francina Armengol (Baleares) y la de Ángel Víctor Torres (Canarias)- por ser “claramente defectuoso”.