Los centros de retención de inmigrantes de Canarias acumulan ya 5.070 internos, 376 menos de los 5.446 que pueden albergar. En la foto, el cuartel en desuso de Las Raíces, en Tenerife.


El Gobierno convocará en «próximos días» a las comunidades autónomas para abordar el polémico traslado de inmigrantes indocumentados desde Canarias a la Península. La primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones de agosto dedicó buena parte de su tiempo a analizar la última crisis migratoria y las quejas del Partido Popular por un reparto que, según denuncian, se ha centrado en sus autonomías.


La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dijo que los criterios de distribución atienden exclusivamente al número de plazas disponibles en cada región, y nada tienen que ver con el color del partido que las rige. Aun así, el Ejecutivo atenderá la petición realizada esta misma semana por la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, y convocará una reunión de la Comisión Mixta de Traslados.


Fernández de la Vega trató de evitar la polémica con el PP y, en un primer momento, se limitó a hacer un llamamiento para el trabajo conjunto. «Espero que todos, más allá del color político, tengamos un comportamiento razonable y a la altura del desafío», dijo. No obstante, tras las preguntas de los periodistas, negó que las comunidades gobernadas por el PP sean las más solidarias. La consejera de Inmigración de la de Madrid, Lucía Figar, aseguró esta semana que en lo que va de año la comunidad ha recibido a 6.500 inmigrantes. La vicepresidenta dijo que hasta agosto el Gobierno autonómico no había ofrecido ni una sola plaza de su centro de internamiento de extranjeros (CIE). En agosto ofertó 100. Otra cosa, explicó, son los centros de acogida de las oenegés, que han recibido a alrededor de 2.900.


Aun así, en lo que se refiere al problema de los menores, se mostró optimista. La Administración central está dispuesta a financiar los traslados hasta la Península y a «establecer el régimen de ayudas necesario» para que este colectivo, el más vulnerable, reciba la atención y la formación precisas.


La vicepresidenta viajará este martes a Helsinki y Bruselas para decirle a la UE que su aportación al combate de la inmigración clandestina es «claramente insuficiente». Aseguró que en lo que va de año se ha realizado un esfuerzo considerable en este ámbito con la puesta en marcha del Frontex, pero insistió en que es necesario un «mayor compromiso político» y «más recursos».