El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha expresado su desacuerdo con la reciente decisión del Gobierno central de ampliar las plazas en los centros de migrantes de Alcalá de Henares y Carabanchel, mientras critica la apertura del centro de La Cantueña en Fuenlabrada, gestionado por la administración regional.
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En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín señaló que la Delegación del Gobierno en Madrid comunicó por correo electrónico la ampliación de 108 plazas en Carabanchel y 105 en Alcalá de Henares, lo que supera la capacidad total del centro de La Cantueña, que dispone de 99 plazas autorizadas.
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El consejero tachó de «curioso» que esta medida se tome tras las críticas del delegado del Gobierno y del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, calificando su actitud de «ejercicio de cinismo».

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, mostró su rechazo ante la falta de «lealtad institucional» y transparencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Piquet criticó que no se informara adecuadamente sobre la ampliación de las plazas en el centro de acogida de inmigrantes de Alcalá, lo que, según ella, afecta tanto a los vecinos como a los servicios públicos del municipio.

Por otra parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ayer se mostró partidario de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «debe dimitir inmediatamente». El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, cargó contra el Ejecutivo central por defenderlo y sostuvo que todo lo que toca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «es corrupción y fango», informa Ep.
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Para el consejero madrileño, es «lamentable ver mentir a al Gobierno central para tratar de defender a un fiscal que ha revelado datos personales de un contribuyente que sólo la Administración» y éste deberían conocer. Censuró que trate «de justificar lo injustificable lanzando bulos, mentiras y calumnias una vez más».

[[H2:«No hay bulos»]]

En este sentido, sostuvo que es «falso» que la Comunidad de Madrid «haya lanzado ningún tipo de bulo» en el momento del cruce de versiones. «Se dio a conocer una comunicación de la Fiscalía donde se planteaba un acuerdo y lo que supimos después es que el propio fiscal general del Estado dio una orden para que no se llegara a ese acuerdo con el señor González Amador», detalló.
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Pero García Martín no cree que el caso traiga dimisiones. Ya que, si el presidente del Gobierno «con todo lo que está cayendo, rodeado de corrupción, como está con lingotes de oro de por medio incluso, no dimite tampoco esperamos que el fiscal general del Estado lo haga». En todo caso, consideró que éste debería dejar su cargo «de manera inmediata».

En este punto, el titular de Presidencia ha sostenido que lo que está sucediendo en España es «algo muy sangrante».