Ya están en Albania los 16 inmigrantes (10 provenientes de Bangladés y 6 de Egipto) que la nave de la Marina Militar italiana ‘Libra’ rescató cuando trataban de llegar a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo Central. Los desplazados se encuentran ahora en uno de los dos centros de internamiento para extranjeros que el Gobierno de Giorgia Meloni ha construido en el país balcánico gracias al polémico acuerdo firmado el año pasado con el primer ministro albanés, Edi Rama.

Son los primeros inquilinos de estos campamentos. Con esta iniciativa el Ejecutivo conservador de Roma pretende lanzar un mensaje a los migrantes irregulares que quieren llegar a Europa occidental: no lo conseguirán ya que serán internados en estos centros de Albania, desde donde se gestionará su repatriación hacia sus naciones de origen.

Este modelo, muy criticado por las organizaciones humanitarias, no gustó al principio en Bruselas, aunque la línea política de la Unión Europea parece haber cambiado, como mostró ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al afirmar que su disposición a «explorar la posibilidad» de contar con centros de gestión para los migrantes y solicitantes de asilo fuera del territorio de los Veintisiete.
Meloni espera que este proyecto contribuya a que siga cayendo el número de personas que desembarcan en las costas italianas tras cruzar el Canal de Sicilia. En lo que llevamos de año han sido 54.129 frente a las 140.481 del mismo período de 2023. La reducción, superior al 60%, ha sido posible gracias a los acuerdos alcanzados por la Unión Europea e Italia con Libia, Túnez y Egipto para que refuercen el control de sus fronteras.

Meloni espera poder construir centros similares a los que ha levantado en Albania en alguna de estas naciones norteafricanas para conseguir que la cifra de inmigrantes irregulares continúe bajando. De manera simultánea, el Ejecutivo de Roma se ha propuesto simplificar el farragoso y poco práctico sistema para migrar de manera regular al país de manera que puedan entrar a Italia legalmente 452.000 trabajadores extranjeros hasta 2026.

Repatriaciones
También ha asegurado la primera ministra que acelerará las repatriaciones de los inmigrantes en situación irregular, una promesa muchas veces repetidas antes por otros mandatarios y que se topa tanto con las dificultades burocráticas del proceso como con la negativa de muchos países para aceptar que regresen sus nacionales.

Imagen de los centros de internamiento.
Los centros de internamiento de Albania, adonde sólo irán los migrantes varones que no estén en situación de vulnerabilidad y provengan de países considerados seguros, deben en teoría servir para que esperen mientras se gestiona su solicitud de asilo y, en caso de ser rechazada, proceder con los trámites para su repatriación.

Todo el proyecto cuenta con un difícil encaje en la legislación europea y ha sido muy criticado por las ONG. Amnistía Internacional mostró su «fuerte preocupación por las posibles violaciones de los derechos humanos» que sufrirán estas personas y por el incumplimiento por parte de Italia de sus «obligaciones internacionales».

Médicos Sin Fronteras, por su parte, consideró que el Gobierno de Roma está «eludiendo y externalizando sus responsabilidades», lo que puede provocar que los desplazados sufran «más abusos y violaciones de los derechos humanos».

Quien no ha querido entrar en la polémica es el primer ministro albanés, Edi Rama, para quien este acuerdo es fruto de la relación especial que su país mantiene con Italia. «Es la otra mitad de una pareja de hecho», aseguró en una entrevista con el ‘Corriere della Sera’. Este lazo es fruto de la acogida que los italianos brindaron a los refugiados albaneses tras la crisis que vivió el país balcánico a principios de los años 90 del siglo pasado.

Los dos centros de internamiento para extranjeros construidos por Italia tienen un estatus similar al de las embajadas: funcionan en su interior con la legislación italiana, mientras que la seguridad exterior corre a cargo de la Policía albanesa. Al ser preguntado por las posibles violaciones de los derechos fundamentales que podrían suponer estos centros para los migrantes, Rama recordó que en ellos regirá sólo la normativa de Italia, un país que «no me parece que tenga problemas de comprensión y protección de los derechos humanos». A su juicio este debate no se habría planteado si los campamentos se hubieran abierto en otro Estado miembro de la UE. «Muchos olvidan que, en cualquier caso, los Balcanes occidentales están rodeados por las fronteras de la Unión Europea»