La presión de la inmigración irregular está forzando las costuras de la política europea. Se constató en las elecciones a la Eurocámara de junio pasado, con el crecimiento de los partidos nacionalistas y euroescépticos y se puede observar cada día en la política real, en casos como el del actual primer ministro polaco, el democristiano Donald Tusk, que ha decidido suspender la legislación para proteger a los demandantes de asilo, a causa de la actividad agresiva en este campo de Bielorrusia y Rusia. En este ambiente, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha enviado una carta a todos los Gobiernos para iniciar el debate sobre lo que define «soluciones imaginativas» para hacer frente a la situación, aunque esto incluya el establecimiento de «centros de retorno» fuera del territorio europeo para facilitar la expulsión de los aspirantes al estatus de asilado cuyas solicitudes han sido rechazadas, algo que en este momento sería ilegal.

La semana pasada, un grupo de 17 países había enviado ya otra carta a la Comisión en la que exigían que la reflexión sobre el problema de la inmigración ilegal se afrontase con un «cambio de paradigma» en materia de deportaciones, ya que «las personas que no tienen derecho a quedarse deben rendir cuentas y una nueva base jurídica debe definir claramente sus obligaciones y deberes puesto que la falta de cooperación debe tener consecuencias y ser sancionada».

Tusk acusa a Putin, y al líder bielorruso, Alexander Lukashenko, de utilizar a los inmigrantes como armas humanas para desestabilizar a su país

La carta de siete páginas que ha enviado Von der Leyen parece ser la respuesta a aquella. La presidenta describe varias propuestas para tratar de controlar el número de solicitudes de asilo, que ascendieron a 1.140.000 el año pasado, y en general se inclina más hacia las propuestas más enérgicas, como las que ha implementado la italiana Giorga Meloni, que sería ese «cambio de paradigma» que a las de los países que se mantienen en los principios tradicionales de acogida ilimitada. El Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni utiliza ya dos centros situados en Albania, es decir, fuera del territorio comunitario, para transferir a los inmigrantes varones rescatados en aguas por las autoridades italianas, para tramitar allí su expulsión.

Después de años de extenuantes negociaciones, los Veintisiete lograron la pasada legislatura un nuevo pacto migratorio cuya principal característica serían los mecanismos para repartir a los recién llegados en caso de crisis grave, con una especie de multas para aquellos países que no quieran acogerlos. La presidenta de la Comisión pide en su carta que se aceleren los trabajos para desarrollar este acuerdo, en particular en lo que respecta a la protección de las fronteras, pero sobre todo en el campo de la expulsión de aquellos que no pueden obtener un estatus legal en territorio europeo.

Situación preocupante
La Unión Europea respeta tradicionalmente una legislación muy favorable a los demandantes de asilo, que se basa también en las reglas internacionales. Y el punto de vista de los países sobre este tema varía mucho dependiendo de si son fronteras exteriores o no o de su implicación en una ruta migratoria activa. Poner todos esos intereses en línea ya se sabe que es una tarea muy complicada y Von der Leyen quiere lanzar esta reflexión aprovechando el Consejo Europeo del jueves en el que participan todos los presidentes y jefes de Gobierno de los países miembros.

La situación es tan acuciante en ciertos países que se han llegado a producir situaciones políticamente inesperadas, como lo que ha pasado este fin de semana en Polonia. El actual primer ministro, Donald Tusk, que también ha sido presidente del Consejo Europeo y conoce bien las reglas, anunció que su gobierno suspendería temporalmente el derecho de asilo, a pesar de que es uno de los cimientos del derecho migratorio internacional. Hay que recordar que Tusk llegó al poder con gran alivio en Bruselas, porque descabalgó del Gobierno de Varsovia a los nacionalistas y euroescépticos del partido Ley y Orden (PiS) que fué duramente criticado precisamente por negarse a acoger refugiados.

Tusk justifica esta medida diciendo que los regímenes hostiles de Bielorrusia y Rusia habían abusado del procedimiento de acogida y lo habrían convertido en parte de su actual guerra híbrida contra Occidente. En este ambiente de enorme susceptibilidad social, la presidenta Von der Leyen dice en su carta que «deberíamos seguir explorando posibles vías de avance en lo que respecta a la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE, especialmente en vista de una nueva propuesta legislativa sobre el retorno« y lejos de demonizar el mecanismo que ha puesto en marcha la primera ministra italiana lo menciona como ejemplo ya que »con el inicio de las operaciones del protocolo entre Italia y Albania, también podremos extraer lecciones de esta experiencia«.

Deportaciones ilegales
La legislatura acaba de empezar y todavía no se ha formado legalmente la nueva Comisión, pero la presidenta ya ha querido hacer notar que es consciente de que este será uno de los problemas que genera más tensiones en las sociedades europeas.

Ahora mismo, los distintos países de la UE solo son capaces de expulsar a entre el 20 y el 30% de los que han entrado ilegalmente y no han recibido ninguna calificación para ser protegidos. Por eso, Von der Leyen habla de que se pueda establecer entre todos los gobiernos una lista de « países seguros» fuera de la UE para considerar que pueden recibir a expulsados. Dado que la perspectiva de las deportaciones masivas es claramente ilegal, la alemana promete presentar una propuesta de ley «que definiría obligaciones claras de cooperación para los repatriados y agilizaría eficazmente el proceso de retorno».