El Gobierno convocará en «próximos días» a las comunidades autónomas para abordar el polémico traslado de inmigrantes indocumentados desde Canarias a la Península. La primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones de agosto dedicó buena parte de su tiempo a analizar la última crisis migratoria y las quejas del PP por un reparto que, según denuncian, se ha centrado en sus autonomías.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que los criterios de distribución atienden exclusivamente al número de plazas disponibles en cada región, y nada tienen que ver con el color del partido que las rige. Aún así, el Ejecutivo atenderá la petición realizada esta misma semana por la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia y convocará una reunión de la Comisión Mixta de Traslados.

A esta cita, para la que aún no hay fecha, se sumará la ya anunciada por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, para reclamar a las autonomías su solidaridad con Canarias y descargar de adolescentes sin documentación los centros de atención a menores del archipiélago, hoy abarrotados con 700 chicos cuando su capacidad, de acuerdo con el Ejecutivo canario, es de 250.

Las conversaciones, en este caso, se mantendrán en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que participan todos los consejeros autonómicos del área. De la Vega recordó que el Ejecutivo no puede «obligar» a nada, dado que la tutela y custodia de los menores es una competencia exclusiva de las comunidades. Sin embargo, aseguró que existe receptividad.

Trató de evitar la polémica con el PP y, en un primer momento, se limitó a hacer un llamamiento para el trabajo conjunto. «Espero que todos – dijo – más allá del color político, tengamos un comportamiento razonable y a la altura del desafío». No obstante, tras las preguntas de los periodistas, negó que las comunidades gobernadas por el PP sean las más solidarias. La consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, aseguró esta semana que en lo que va de año su comunidad ha recibido 6.500 inmigrantes. La vicepresidenta aseveró que hasta agosto el Gobierno autonómico no había ofrecido ni una sola plaza de su Centro de Internamiento de Extranjeros). En agosto ofertó cien. Otra cosa, dijo, son los centros de acogidas de ONG, que han recibido alrededor de 2.900.

Comparecencias

Aún así, en lo que se refiere al problema de los menores, se mostró optimista. La Administración central está dispuesta a financiar los traslados hasta la Península y a «establecer el régimen de ayudas necesario» para que este colectivo, el más vulnerable, reciba la atención y la formación precisas. Así lo afirmó la número dos del Gobierno, quien recordó que se sigue hablando con Marruecos para proceder a la repatriación de menores.

Además, el Gobierno decidió ayer que comparezcan en el Parlamento el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar las tareas llevadas a cabo por sus respectivos departamentos.

También se pedirán más apoyo a la Unión Europea. La vicepresidente anunció que en su viaje a Helsinki y Bruselas de la próxima semana agradecerá a la UE su ayuda en el control de la inmigración ilegal, pero también pedirá un mayor compromiso y más recursos porque «necesitamos ser más eficaces».