El Gobierno del primer ministro polaco, el conservador liberal Donald Tusk, ha celebrado este martes el primer aniversario de las elecciones que supusieron el fin de ocho años de Ejecutivo ultraconservador de Polonia con la adopción de la estrategia de migración que adelantó el sábado pasado en el congreso de su partido. Tusk generó polémica inmediata, porque, según anunció, el plan contempla la suspensión temporal y territorial del derecho al asilo. El dirigente vincula la decisión a una cuestión de seguridad por la amenaza que suponen el régimen de Bielorrusia, con el que comparte frontera, y su aliado de Rusia, que intentan desestabilizar a la UE a través de la presión migratoria. Los defensores de los derechos humanos rechazan una medida que socava la legislación internacional, europea y polaca.

“En el caso de una amenaza a la desestabilización del país por un influjo de inmigrantes, debe ser posible suspender temporal o territorialmente el derecho a aceptar solicitudes de asilo”, afirma el comunicado del Gobierno tras el Consejo de Ministros. El primer ministro anunció personalmente la adopción de la estrategia bautizada como “Recuperar el control. Garantizar la seguridad”, de la que no se han desvelado muchos detalles. “Una decisión difícil, pero muy necesaria y esperada”, tuiteó el dirigente.

La propuesta salió adelante sin el apoyo unánime de los miembros de la coalición. Los cuatro ministros del socio minoritario, Nowa Lewica (Nueva Izquierda), votaron en contra y trataron, sin éxito, de introducir enmiendas “incluyendo el cumplimiento de la Constitución en la estrategia”, según ha declarado también en X Anna Maria-Zukowska, jefa del grupo parlamentario progresista.

La formación democristiana Polska 2050 también ha expresado sus dudas sobre el plan. “No podemos apartarnos de los principios legales y morales”, ha dicho en la misma red social la ministra de Política Regional, Katarzyna Pelczynska-Nalecz. Según ha asegurado, su partido logró introducir el control del Parlamento sobre la suspensión temporal del derecho al asilo y que se garantice una protección especial a grupos vulnerables.

El diario Rzeczpospolita, que ha tenido acceso al borrador de la estrategia, revela que el documento no prevé poner fin a los acuerdos internacionales que garantizan el derecho al asilo, pero sí señala que las normas de protección internacional se desarrollaron hace 70 años y no se corresponden con la realidad actual. Polonia insta a reconocer el “derecho de un Estado amenazado por actividades híbridas a denegar el acceso a su territorio a un extranjero que utilice para ello la presentación de una solicitud de protección internacional”, escribe el diario. El país propondrá a las organizaciones internacionales que la regulación de asilo contemple “la suspensión temporal y territorial” de este derecho.

En el adelanto de una entrevista con Tusk realizada el lunes por el diario Gazeta Wyborcza, que se publicará el miércoles, el primer ministro argumenta, frente a quienes le acusan de vulnerar la legislación nacional e internacional, que “la negativa a aceptar una solicitud de quienes invocan el derecho de asilo en determinadas circunstancias está justificada”. Confrontado con el carácter populista de la medida y del eslogan de “recuperar el control”, similar al que azuzaron los defensores del Brexit, el dirigente afirma que “el futuro de Europa y Polonia se jugará en este ámbito”. La única cuestión, afirma, es quién dará las respuestas, “los populistas de derecha o las democracias liberales”. “Los demócratas, tanto en política interior como exterior, no pueden estar indefensos, impotentes, incapaces de actuar”, añade, en línea con el giro hacia los postulados más extremos que se observa en partidos europeos conservadores y de centro.

El autor de la estrategia, el viceministro de Interior y Administración Maciej Duszczyk, profesor experto en migración de la Universidad de Varsovia, explicó en una entrevista en la cadena de televisión TVN 24 la noche del lunes que, tanto en la legislación polaca como en la europea, debe existir un “dispositivo de seguridad” que permita recuperar el control de la frontera. La suspensión, detalló, solo debe activarse en caso de ataques al territorio nacional como los que ha orquestado el régimen de Aleksandr Lukashenko desde 2021, pero el Gobierno no ha dado detalles sobre los pasos que tiene previstos dar tras la adopción de la estrategia este martes.

La elección del momento para presentar el plan no es casual, según Duszczyk, sino que tiene en cuenta que el Consejo Europeo que se celebra esta semana en Bruselas tiene en la agenda la inmigración, entre otros asuntos. Pese a que la propuesta de Tusk pone en cuestión un derecho fundamental y que el primer ministro insiste además en su negativa a aceptar el nuevo pacto migratorio europeo, la Comisión Europea evitó el lunes el choque con Varsovia, aunque recordó que los Estados miembros “están obligados a respetar el derecho internacional”.

El Ejecutivo europeo se alinea con las tesis centrada en la seguridad de Tusk, de la misma familia política que la presidenta Ursula von der Leyen. “Es importante e imperativo que la Unión proteja las fronteras exteriores y, en particular, de Rusia y Bielorrusia, dos países que han ejercido en los últimos tres años una gran presión sobre esas fronteras, y esto está minando la seguridad de los Estados miembros y de la UE en su conjunto”, apuntó el portavoz de la Comisión.
Rechazo a la estrategia

Más de 60 organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil han firmado una carta dirigida al primer ministro para expresar su rechazo y recordarle que suspender el derecho al asilo vulnera la Constitución polaca, además de la Convención de Ginebra y el derecho comunitario. El politólogo Jacek Kucharczyk, presidente del Instituto de Asuntos Públicos, uno de los firmantes, explica en conversación telefónica que el país se encuentra “ante el inicio informal de la campaña para las elecciones presidenciales”, que se celebrarán en mayo de 2025. En ese contexto, Tusk quiere proyectar una postura dura frente a la inmigración, y tiene a la opinión pública de su lado. “Tiene que desarmar a [la oposición ultraconservadora de] Ley y Justicia (PiS). Si muestra cualquier vacilación, la derecha le atacará”, explica. Ya han comenzado, de hecho. Ante la noticia de que el país abrirá 49 centros de integración de extranjeros con financiación europea, la extrema derecha de Confederación ha acusado al Gobierno de abrir las puertas a la migración.

El borrador del texto presentado ante el Consejo de Ministros también contempla la detención de migrantes en centros vigilados por la Guardia de Fronteras, bajo la premisa de que se sospeche que suponen una amenaza para el país. Quienes merezcan protección internacional recibirán un trato favorable, pero el documento al que ha tenido acceso el diario no contiene detalles sobre los cambios previstos en ese sentido. El Gobierno también trabaja en un programa limitado de “estancias humanitarias” para algunos extranjeros, para “crear vías legales de migración”.

En un apartado dedicado a la integración, el Gobierno contempla la concesión limitada de permisos de trabajo, principalmente a ciudadanos de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de Estados con los que Polonia tenga acuerdos de readmisión. Para evitar la competencia desleal con los ciudadanos polacos, se establecerán salarios equivalentes a los que reciben los empleados polacos.