Burgenland, uno de los nueve Estados federados que conforman Austria, anunció este martes que los solicitantes de asilo que rechacen realizar trabajos comunitarios perderán el derecho a recibir ayudas públicas.
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Así lo anunció el gobernador de esa región situada en el extremo este del país, Hans Peter Doskozil, uno de los líderes del ala más centrista del Partido Socialdemócrata (SPÖ).
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“Cuando alguien llega a nosotros, esto no es una calle de sentido único”, dijo el gobernador al explicar que los solicitantes de asilo que rechacen por dos veces una “invitación” para realizar trabajos comunitarios serán expulsados del sistema de ayudas básicas.

El dirigente socialdemócrata señaló que los aspirantes a la condición de refugiados que hagan tareas en residencias de ancianos o en mantenimientos de zonas verdes públicas recibirán un pago, pero se les descontará parte de las ayudas básicas, que van desde ropa o material escolar, a cursos de alemán o una paga para gastos de hasta 40 euros al mes.

Doskozil consideró que la obligatoriedad de acometer estos trabajos comunitarios es compatible con las normativas de la Unión Europea (UE), algo que ponen en duda algunos juristas, y prometió que defenderá la nueva medida por vías legales.
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Aseguró que espera que el Parlamento regional de Burgenland, una región de unos 300.000 habitantes, lo apruebe antes de final de año.

Además, dijo que aquellos a quienes se les niegue la solicitud de asilo dejarán de recibir ayudas y sólo se les ofrecerá una asistencia para que regresen a sus países de origen.

Walter Obwexer, un experto en derecho comunitario, explicó hoy a la agencia de noticias APA que ese anunciado cambio apenas tendrá efectos reales, ya que la normativa de la UE y la ley austríaca estipulan que debe garantizarse que los solicitantes de asilo en Austria puedan vivir dignamente, lo que incluye ayudas para el alojamiento, la manutención, la ropa y la atención médica.
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