El segundo mandato de Ursula von der Leyen estará marcado por la línea dura contra la inmigración ilegal. Por primera vez, el Ejecutivo comunitario aboga claramente por generalizar el modelo puesto en marcha por Italia de crear centros de retención de demandantes de asilo fuera de las fronteras europeas y desde allí proceder a las posibles deportaciones de aquellos migrantes considerados ilegales. En el caso de Roma, el país elegido ha sido Albania.
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Hasta hace relativamente poco, Bruselas consideraba que este tipo de propuestas eran ilegales. De hecho, en la reforma del sistema de asilo acordada hace pocos meses y que todavía no ha entrado en vigor, los Veintisiete pactaron por poner en marcha este tipo de centros en las inmediaciones de las fronteras europeas, como “salas de espera”, según la expresión utilizaba por fuentes diplomáticas comunitarias. En ningún momento plantearon que las demandas de asilo pudieran tramitarse desde países fuera del club comunitario.
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Pero tras las elecciones europeas y el triunfo de la extrema derecha en muchos países europeos, todo parece haber cambiado. Von der Leyen ha dirigido una carta a las cancillerías europeas en la que propone “diseñar formas innovadoras contra la migración ilegal” y asegura que se pueden “extraer lecciones” del modelo puesto en marcha por Giorgia Meloni en Italia. Para que el debate no quede en saco roto, von der Leyen ha encargado al futuro comisario de Asuntos Internos y Migración, el austriaco Magnus Brunner, que presente nuevas propuestas para incrementar las deportaciones de los inmigrantes ilegales.

Este jueves los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete debatirán por primera vez esta propuesta de Von der Leyen y fuentes diplomáticas aseguran que se avecina una discusión de alto voltaje. Lo cierto es que la lista de países europeos que exigen mano dura contra la inmigración ilegal está aumentando. Un total de diecisiete países entre – entre ellos Francia, Alemania e Italia- han pedido por carta que el Ejecutivo comunitario presente una nueva propuesta sobre los retornos de los inmigrantes ilegales, ya que consideran que el marco actual está obsoleto.

Esta misiva solicita agilizar los procesos de devolución y sancionar a aquellos inmigrantes que no colaboren en el proceso. Austria y Países Bajos han liderado la redacción de esta carta, después que en el mes de mayo quince países europeos-impulsados por Dinamarca- pidieran que la tramitación de las solicitudes de asilo se realizaran desde centros fuera de las fronteras europeas como modo de evitar las llegadas irregulares. Actualmente tan solo una quinta parte de los migrantes considerados ilegales acaban siendo expulsados. La mayoría de las veces, las repatriaciones no acaban teniendo lugar por la falta de colaboración de los países de origen y tránsito.
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Este texto anterior, sin embargo, no contó con el apoyo del eje franco-alemán. España se opone a estas propuestas y cree que la solución estriba en agilizar la aplicación de la reforma del sistema de asilo que se aprobó hace unos meses y cuyas negociaciones se prolongaron durante seis años. Alemania y Francia también apoyan esta idea, pero creen que no es suficiente. Por eso, han estado presionando para que Bruselas presente una nueva propuesta específica sobre los retornos, ya que la directiva vigente se ha quedado corta para la realidad actual y el marco recientemente aprobado también contiene lagunas en este terreno.

Según explican fuentes diplomáticas comunitarias, un grupo de países quiere incluir en el texto de conclusiones de la cumbre la necesidad de acelerar la puesta en marcha del pacto de migración y asilo aprobado hace unos meses. Pero esto no cuenta con el apoyo de todo el club comunitario, ya que los países del Este votaron el contra y el texto salió adelante por mayoría cualificada.

El Parlamento Europeo dio la luz verde definitiva a este pacto de migración y asilo en el mes de abril, poco antes del término de la legislatura europea. Tras esta aprobación, los países europeos tienen dos años para integrar en su ordenamiento jurídico esta nueva legislación, pero España quiere adelantar esta fecha al verano del año que viene.

Resulta evidente que la aprobación de la reforma del pacto de migración y asilo tras seis años de largas negociaciones no ha conseguido calmar las aguas. El nuevo gobierno de ultraderecha los Países Bajos ha pedido negociar un opt- out (cláusula de exclusión) que le permita no cumplir con la normativa europea en materia de asilo y Hungría está dispuesta a seguir sus pasos, si bien esto implicaría una revisión de los tratados. Tras la salida de Reino Unido del club comunitario, tan solo Dinamarca disfruta de esta posibilidad.

Además, el primer ministro de Polonia, el pro-europeo Donald Tusk, defendió este pasado lunes suspender temporalmente el derecho de asilo ante el incremento de las oleadas de demandantes de refugio provenientes de Bielorrusia. Varsovia alega que Minsk está utilizando el incremento de migrantes como un “ataque híbrido”.