Casi nueve años después de la crisis de los refugiados, que tanto envenenó las relaciones entre los países de la Unión Europea y alimentó la subida de la extrema derecha, el Parlamento Europeo aprobaba el pasado mes de abril el pacto de Migración y Asilo en una ajustada votación. Un proceso eterno que estuvo varias veces a punto de descarrilar por varios bloqueos y cuyo resultado final distó de ser perfecto.

El pacto consta de nueve reglamentos y endurece las condiciones para los migrantes que entran en territorio comunitario, con condiciones muy estrictas. Todo para que las solicitudes de asilo se gestionen más rápido. Mientras se están tramitando, estas personas deben permanecer en instalaciones cerradas para así favorecer su retorno si se les niega el estatus de refugiado.

Ahora, la Comisión Europea apuesta por endurecer la regulación sobre las deportaciones al tiempo que impulsa el polémico modelo pactado por Italia con Albania como una “solución innovadora” frente a la inmigración. Recordemos que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cerró un acuerdo con su homólogo albanés, Edi Rama, para levantar en territorio de Albania dos centros en los que instalar a miles de migrantes rescatados por buques italianos frente a sus costas y que esperen allí la decisión administrativa sobre si tienen derecho a recibir asilo en la UE o deben ser repatriados a sus países.

El acuerdo, con una duración de cinco años y un presupuesto de 160 millones de euros, contempla que Italia tendrá la responsabilidad en el interior de los dos recintos, en una especie de extraterritorialidad parecida a la que tienen las sedes diplomáticas. Precisamente ayer un buque de la Marina italiana zarpó desde Lampedusa hacia el centro de Gjadër con un primer grupo de migrantes. Eran solo 16 hombres, por lo que la factura del traslado le ha costado al Gobierno italiano 18.000 euros por persona.

Von der Leyen propone la vía Meloni y crear centros de migrantes en países fuera de la UE
La polémica decisión de Meloni de externalizar a suelo albanés la gestión de las solicitudes de asilo y posible repatriación es considerada por algunos partidos italianos y por las oenegés de rescate marítimo como una violación de los derechos humanos, porque Albania no es miembro de la UE y dudan que pueda ofrecer protección suficiente a los peticionarios de asilo. Pero cada vez parece más claro que Bruselas no lo ve así.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, siempre ha sido receptiva a la idea de Meloni y ayer, en su carta a los líderes europeos previa al Consejo Europeo del jueves y viernes, les pidió que estudien en esta reunión la posibilidad de, siguiendo el modelo italiano, crear nuevos centros de migrantes en países fuera de la Unión Europea. Von der Leyen también anuncia que la Comisión propondrá una nueva legislación que en­durezca y favorezca las expulsiones de migrantes en situación irregular, lo que choca con que muchos países de origen de estas personas rechazan su repatriación ya sea por cuestiones burocráticas o por no tener acuerdos bilaterales. La presidenta de la CE sugiere presionar con las políticas de comercio y los visados para convencer a estos estados.

El debate europeo sobre la inmigración no solo ha sido el elemento recurrente usado por la extrema derecha en todo el continente para su ascenso electoral, sino que entre los Veintisiete hay visiones muy distintas sobre cómo gestionar este problema. Mientras España rechazaba ayer tajantemente los centros fuera de la UE y defiende implementar inmediatamente el pacto de Migración y Asilo –su aplicación está prevista en junio del 2026–, hasta diecisiete países comunitarios defienden la línea dura, que los gobiernos nacionales tengan más atribuciones para poder deportar y, en la línea Meloni y Von der Leyen, crear centros de detención en países terceros. Recordemos que el pacto de Migración y Asilo ya prevé la cuestión de las devoluciones, si bien no establece centros en países externos a la Unión Europea.

Von der Leyen apuesta por buscar acuerdos con “países terceros seguros”, como ya ha hecho con Túnez y Egipto, con la vista fijada en Libia, Argelia y Mauritania. La UE tiene desde el 2016 un acuerdo con Turquía para que contenga el tráfico de personas. A cambio ya ha desembolsado 11.500 millones de euros a Ankara.

La externalización de las fronteras coge cada vez más fuerza entre los países comunitarios
El giro a medidas más duras lo estamos viendo también en las decisiones que cada vez más países están adoptando. Desde los controles fronterizos instalados por Francia y Alemania hasta la suspensión temporal del derecho de asilo en Finlandia y Polonia. El rechazo migratorio recorre Europa con una ofensiva para endurecer la política de deportaciones con expulsiones exprés y repatriaciones de los migrantes en situación irregular.