La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cree que la Unión Europea debe “explorar posibles vías” para la creación de centros de deportación de migrantes irregulares fuera del territorio comunitario mientras se resuelven sus casos en la Unión, una solución que llevará a la cumbre de líderes de la UE este jueves en Bruselas y que sigue la línea marcada en una carta de 14 países del bloque, entre los que no estaba el Estado español pero sí Francia, Italia y Alemania, pidiendo acelerar las expulsiones.
En el escrito circulado en las capitales, Von der Leyen pide a los jefes de Estado y de Gobierno europeos “seguir explorando posibles vías de avance” hacia la “idea de crear centros de retorno fuera de la Unión Europea”.

Nueva política de expulsiones
La jefa del Ejecutivo comunitario que iniciará su segundo mandato previsiblemente en diciembre recuerda a los 27 que contará en su nuevo Colegio con una comisaria específica para el Mediterráneo a la que prevé encomendar una propuesta de reforma de la directiva de retorno, cuya revisión estaba ya prevista en esta legislatura pero cuya negociación no llegó a arrancar entre el Consejo y la Eurocámara.

En este contexto, Von der Leyen se abre a soluciones que define como “innovadoras” para avanzar hacia la creación de centros de deportación para trasladar fuera de la UE a los migrantes irregulares que ya han llegado a suelo europeo, mientras se tramitan sus expedientes; a pesar de que esta opción ya fue descartada en el pasado por Bruselas por colisionar con los derechos de los demandantes de asilo.

Von der Leyen se fija en Italia
Ahora, Von der Leyen evoca como ejemplo en su carta a los líderes de la UE el acuerdo negociado por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni con Albania para abrir en este país centros a los que trasladar a migrantes que ya han solicitado asilo en Italia mientras se tramitan sus peticiones. “Con el inicio de las operaciones del protocolo entre Italia y Albania podremos sacar lecciones de esta experiencia en práctica”, sostiene la presidenta de la Comisión.

En todo caso, la conservadora alemana apunta también que para avanzar en este terreno su Ejecutivo abordará también a lo largo del “próximo año” la revisión de la definición de “país tercero seguro”, un asunto que también es controvertido por las divisiones que genera en el seno de los 27 pero que Von der Leyen ve necesario para “ayudar a quienes buscan asilo sin tener que embarcarse en viajes peligrosos a través del Mediterráneo”.

Esta reflexión, defiende, se realizará de la mano con organismos internaciones como Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el objetivo de lograr un “enfoque integral” del concepto.

Acelerar la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo
Además de este punto, Von der Leyen apunta otras claves que a su juicio deben marcar la agenda migratoria de la Unión, incluido acelerar la aplicación de partes del Pacto de Migración y Asilo; una reforma cerrada ‘in extremis’ al final de esta legislatura y cuya entrada en vigor está prevista para 2026.

Sanciones a países de origen y tránsito
También defiende acuerdos con “socios clave” como Egipto, Marruecos y Argelia y los pactos con países como Túnez y Libia, con los que Bruselas ha cerrado planes de ayuda a cambio de contener los flujos migratorios.

Asimismo defiende que, además de intensificar la cooperación con terceros, los 27 deben avanzar en el uso de otras medidas para castigar a aquellos países terceros de origen o tránsito que dificulten los retornos, por ejemplo restringiendo la política de visados como ya se ha hecho o recurriendo a sanciones comerciales.

“La UE debería estar dispuesta a utilizar como palanca no sólo la política de visados sino también otras áreas como la comercial”, pide Von der Leyen en la carta, en la que señala específicamente el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que ofrece un acceso no recíproco libre de aranceles a productos originarios de países en desarrollo.

Propuesta de Hungría
Estos asuntos ya llegaron la pasada semana a una reunión de ministros de Interior de la UE celebrada en Luxemburgo, en donde en un almuerzo a puerta cerrada abordaron la posibilidad de centros de deportación en terceros países como opción para agilizar las expulsiones.

Como punta de partida para la discusión, los ministros recibieron un documento de trabajo elaborado por la presidencia de turno que ejerce Hungría este semestre y que abogó por reflexionar sobre soluciones “jurídica, operativa y diplomáticamente sólidas” que permitan enviar a los migrantes a un país tercero “seguro” mientras se resuelve su expulsión definitiva o hasta que acepte regresar de manera “voluntaria”.

Otra de las ideas que pone sobre la mesa la presidencia húngara es la de una mayor firmeza y celeridad en las expulsiones de personas que hayan sido condenados por algún delito o sean consideradas “amenaza para la seguridad”.

Además, pide mejorar la aplicación de instrumentos “válidos” con que ya cuenta la Unión Europea, como es la posibilidad de castigar a los países de origen o tránsito que no cooperen adecuadamente en los programas de retorno, por ejemplo endureciendo la política de visados como ya hace con Gambia y Etiopía.

La UE, dividida
Esta primera discusión fue el resultado del impulso de un bloque de 14 países de la Unión Europea (con Austria, Países Bajos, Francia, Alemania e Italia entre ellos) han pedido en otro documento una reforma de la directiva de retorno para contar con un nuevo marco legal que “facilite y acelere” las expulsiones. Noruega, Suecia y Liechtenstein, que no son miembros de la UE pero sí del espacio sin fronteras Schengen, también firman la posición.

El escrito pide al Ejecutivo comunitario que revise su propia propuesta para un “cambio de paradigma” en el proceso de retornos que acote las “responsabilidades” del migrante que llega de manera irregular a la Unión Europea, de modo que queden claros sus “derechos y obligaciones” para que si hay falta de cooperación afronte “consecuencias y sea sancionado”