Unos 1.000 migrantes llegaron en 24 horas a Lampedusa, isla italiana en el Mediterráneo central, informó este martes la prensa local, mientras Italia pone en marcha desde ayer el traslado de migrantes a centros de detención y retención en Albania.

De acuerdo con la prensa, entre ayer y hoy hubo al menos 23 desembarcos en Lampedusa, punto de territorio italiano que es epicentro de la ruta migratoria del Mediterráneo una de las más peligrosas del mundo por su cercanía al norte de África.

Este 2024, Italia ha visto reducido en casi dos tercios el número de personas que llegan al país por esta vía, tras la adopción de rígidas políticas del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, que tiene la prevención de la migración irregular como un elemento clave de su agenda.

En esta línea, ayer trasladó a un primer grupo de 16 migrantes a Albania, para proceder a su identificación y retención en centros de detención controlados por las autoridades italianas. Esto es parte de un polémico acuerdo entre Roma y Tirana que externaliza en suelo albanés la gestión de las peticiones de asilo y la repatriación de migrantes.

Los dos centros levantados en Albania están operativos desde la semana pasada, cuando el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, avanzó que el traslado de migrantes irregulares procedentes del norte de África comenzaría lo antes posible.

Tal y como ya hizo ayer, esto implica que Italia trasladará hacia Albania a grupos de migrantes que lleguen a través de la ruta del Mediterráneo, y que según las autoridades, deben cumplir toda una serie de requisitos: proceder de países considerados seguros, ser hombres y en situación no vulnerable.

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF), que entre otras tareas se encarga del rescate de migrantes en aguas del Mediterráneo, condenó este martes la puesta en marcha del acuerdo entre Italia y Albania.

“Esta medida plantea importantes problemas de derechos humanos, en particular el derecho a la libertad, el acceso a la protección y a procedimientos de asilo adecuados”, y “contraviene las obligaciones de Italia en virtud del derecho internacional y europeo”, consideró MSF.