barcelona – De momento no está prevista la llegada a Barcelona de otro
grupo de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias, pero tras el
aterrizaje anteayer de 24 nuevos subsaharianos pareció colmar la paciencia
tanto de la consejera de Bienestar y Familia, Carme Figueras, como del
presidente de la Diputación de Lleida, Isidre Gavín. Figueras lamentó que
Cataluña «acoge al 22 por ciento de los inmigrantes regularizados de toda
España, un porcentaje muy superior al del resto del Estado», mientras
Gavín calificó de «insostenible» la afluencia de extranjeros en situación
irregular a su provincia, donde básicamente se dedican a la recogida de
fruta.
   Las quejas de Figueras se dirigieron tanto a PP como a CiU.
Sobre los populares se quejó de su actitud «irresponsable y demagógica por
insinuar agravios comparativos entre las comunidades autónomas que reciben
inmigrantes procedentes de las Canarias». De estas cinco regiones, dos son
gobernadas por los socialistas – Cataluña y Andalucía – y tres por el PP
- Madrid, Valencia y Murcia – . Además, definió el polémico envío sin previo
aviso de inmigrantes del pasado lunes como «una situación excepcional
utilizada con fines electoralistas». «Con el PP no había proceso de
acogida y sí reparto con nocturnidad y alevosía», añadió antes de lamentar
que «con CiU no se hacía nada para evitar estas llegadas».
   Más colaboración
   Como posible solución a las
avalanchas de inmigrantes ilegales, la consejera apostó por «la
colaboración entre las administraciones, este fenómeno es un reto para la
integración social». De acuerdo con esta línea se mostraron ayer tanto el
presidente del Parlament de Cataluña, Ernest Benach, como el consejero de
Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Joan Saura.
   Benach reiteró su propuesta de un debate monográfico en el Parlament
sobre inmigración tras las elecciones autonómicas, que además incluiría el
polémico asunto del voto de inmigrantes. A su juicio, todo ello debería
desembocar en un pacto catalán sobre inmigración « del que poder construir
respuestas planificadas por parte de la Generalitat y los ayuntamientos».
Benach aprovechó para recordar en su página blog que «los recortes del
nuevo Estatut han hecho mucho daño, porque Cataluña no tiene ahora
instrumentos para actuar, y encima el Estado traslada inmigrantes en
secreto, algo nada nuevo porque se repite desde hace varios veranos».
   Por su parte, Saura pidió al Gobierno una reunión «con carácter de urgencia
de la Comisión Bilateral entre Gobierno y Generalitat para abordar el
problema de la inmigración». El consejero urgió al Ejecutivo a participar
en «la definición del contingente de inmigrantes que llega a Cataluña».
   En otra línea, Gavín lamentó que la masiva llegada de inmigrantes
irregulares «está desbordando» a los servicios sociales de la provincia de
Lleida y definió la situación como «insostenible». Su propuesta es una
reunión de la Cumbre Institucional de la provincia, que incluiría a la
propia Diputación, el ayuntamiento de Lleida, la Subdelegación del
Gobierno, la Delegación de la Generalitat y la Cámara de Comercio.
Reclamó, además, «más recursos y competencias para los municipios y que
los 120 millones que otorga el Ejecutivo a la Generalitat en materia de
inmigración lleguen realmente a las administraciones que sufren este
problema».
   Mientras tanto, la Generalitat confirmó que ya
comenzó la reubicación de los 80 subsaharianos en situación irregular que
estaban viviendo en una granja de Torroella de Fluvià (Girona). Según
aseguró Figueras a Ep, «el grupo lleva sobreviviendo en el sitio desde el
12 de julio y no quería dejar el lugar, porque allí tenía unas mínimas
posibilidades de encontrar trabajo».
   Por su parte, los
integrantes de la última hornada de inmigrantes llegados a Barcelona desde
las canarias siguen hospedándose en el albergue de la Generalitat de la
Mare de Déu del Coll, en el que permanecerán en principio dos semanas más
bajo la custodia de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR). Al
contrario que en el anterior envío, en esta ocasión el Gobierno avisó a la
Generalitat de la llegada de un grupo de subsaharianos, la mayoría de
ellos procedentes de Senegal, y también de Gambia, Mali y Guinea Bissau.