a presidenta de la Comisión Europea remitió el lunes una carta a los Veintisiete en la que sugiere la apertura de centros de detención de migrantes en situación irregular en «terceros países seguros» fuera de la UE hasta que sean devueltos a sus lugares de origen. Ursula von der Leyen presenta así el polémico protocolo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni con Albania como posible banco de pruebas para afrontar un desafío en el que el respeto al Derecho Internacional humanitario, a la dignidad de las personas y a los valores de la Unión no pueden quedar ninguneados. Más de la mitad de los gobiernos comunitarios han mostrado interés en esa fórmula –España se ha desmarcado de ella–, que supondría la relectura, si no la revisión de facto, del Pacto de Migración y Asilo y de las directivas europeas al respecto. Las «soluciones innovadoras a las que aludió Von der Leyen también podrían extenderse a un drástico endurecimiento de la regulación de las deportaciones, en línea con las políticas restrictivas que empiezan a imponerse en la UE al calor del auge de los populismos extremistas, sobre todo de derechas, que han calado en formaciones de distinto signo.

Europa no se muestra unida ante la migración porque concurren en ella situaciones nacionales muy diversas, opciones ideológicas divergentes y situaciones propicias a su uso en la liza partidista. Sin duda, porque los ciudadanos asisten a la perpetuación de las corrientes migratorias con preocupación y reservas en las que anidan actitudes de rechazo ancestrales. Es poco probable que la UE, como cualquier otro entorno desarrollado del mundo, logre frenar la afluencia irregular de personas y familias en busca de un futuro que las saque de lo peor. El plan de Meloni de centros en Albania hacia los que derivar a quienes llegan a las costas italianas solo podría evaluarse teniendo en cuenta la criba previa que las autoridades de aquel país aplican en alta mar. Y, en cualquier caso, se precisarían varios años para llegar a una conclusión válida según los parámetros de la Unión. Porque la externalización de mecanismos de deportación de inmigrantes pondría a prueba el sentido de ser de la UE como un Estado de Derecho. Centros proyectados en terceros países que no han cumplido con los requisitos necesarios para ser socios comunitarios nunca serán una «solución innovadora». Si acaso, una salida de emergencia en absoluto admirable. Tampoco en este terreno el fin jusifica los medios.