onvocado inicialmente para afrontar la cuestión migratoria, y más en concreto la difícil situación creada en Canarias como consecuencia del fuerte incremento de la población migrante experimentado en este territorio, el pleno del Congreso la pasada semana apenas pudo tratar sobre este asunto, a pesar de su importancia y de la actualidad del tema. Antes de continuar, es preciso advertir de que este no es un asunto de ámbito exclusivamente canario, por más que sea este territorio el que sufre de forma más inmediata y directa sus efectos, sino que nos atañe también a los que vivimos en otros territorios y concurren motivos más que suficientes para poder ser considerado como un auténtico asunto de Estado.

La cuestión migratoria está condicionando en este momento de forma determinante el comportamiento de las formaciones políticas en todos los países de nuestro entorno. Es el caso de Francia, donde ha jugado un papel de primer orden en las elecciones a la Asamblea Nacional y la posterior formación del Gobierno Barnier, en el que uno de los puntos más polémicos ha sido el relativo al titular la cartera ministerial de este área. Lo es en Italia, donde la primera ministra Meloni ha hecho también de la inmigración una cuestión clave de su programa de gobierno, con el dato añadido de que su posición en esta materia sirve de referencia, según sus propias manifestaciones, para Núñez Feijóo.

Asimismo, en Alemania la cuestión migratoria ha sido determinante en los recientes resultados electorales en los länder de Sajonia, Turingia y Brandeburgo, a pesar de la escasa proporción de población migrante en ellos. Por último, también en Gran Bretaña, donde uno de los argumentos utilizados por los partidarios del Brexit era el control de los flujos migratorios, que sigue siendo –como muestran los graves disturbios de tinte manifiestamente xenófobo de este último verano– uno de los asuntos pendientes de solución en la sociedad británica.

Es preciso completar este cuadro, en el que se constata la incidencia que esta cuestión tiene en los principales países de nuestro entorno, con los acuerdos alcanzados la pasada primavera en el seno del Consejo Europeo antes de las euroelecciones del 9-J. Resultan más que discutibles algunos de los puntos recogidos en el ‘pacto migratorio’ suscrito; pero, en todo caso, ello es una muestra más de la actualidad y de la importancia de este tema, tanto a escala de la UE en su conjunto como en cada uno los Estados miembros que la integran.

En este marco general, la convocatoria de un pleno parlamentario dedicado a tratar la cuestión migratoria resultaba no solo conveniente sino puede afirmarse que obligada; máxime teniendo en cuenta el agravamiento de la situación en Canarias (que sigue empeorando a medida que pasan los días).

Pero a pesar de todo ello, y de las condiciones favorables que proporciona la no existencia, por el momento, de confrontaciones electorales próximas, no ha sido posible abordar debidamente la cuestión, ninguneada en la gresca parlamentaria sobre otros temas y relegada a un lugar completamente secundario que ha hecho que pase prácticamente desapercibida, como se comprueba en las referencias en los medios de comunicación sobre el reciente pleno del Congreso.

Sí monopolizaron de facto el desarrollo de la sesión parlamentaria y la atención mediática cuestiones completamente ajenas a las que habían originado la convocatoria del pleno parlamentario; de forma especial las referentes a la convalidación de condenas en el extranjero en relación con la trasposición de la normativa europea –Decisión marco 2008/909/JAI– al respecto. Es este un asunto que, por sí mismo, requeriría otro artículo dedicado específicamente al tema; que no debe ser mezclado, como se ha hecho interesadamente, con otras cuestiones que nada tienen que ver con la crisis migratoria, relegada por completo en la atención parlamentaria. El desplazamiento de este tema en la sesión del Congreso por la bronca en torno a las condenas de los presos de ETA (y en particular de ‘Txapote’ que parece ser la figura elegida para simbolizar al colectivo; se ha hablado incluso de la ‘ley Txapote’) ha diluido el necesario debate sobre la cuestión migratoria, que es preciso recordar era el objeto del pleno.

Lo habitual después de una sesión parlamentaria en el Congreso suele ser el comentario sobre el debate que ha tenido lugar en torno a la cuestión tratada en él. En esta ocasión, y a la vista de cómo se ha desarrollado el pleno, el comentario tiene que ser necesariamente sobre el no debate parlamentario a propósito de la cuestión migratoria.