Con cinco meses de retraso y en medio de las polémicas, echa a andar el controvertido experimento lanzado por el Gobierno de Giorgia Meloni que pone en entredicho el derecho de asilo en Europa y que, a pesar de esto, se ha convertido en un modelo que despierta interés en otras capitales europeas: la apertura en Albania de centros de identificación y expulsión de migrantes rescatados en el Mediterráneo por las autoridades italianas.

El pacto migratorio de Italia con Albania no tiene sentido. Entonces, ¿por qué se está convirtiendo en un modelo?

Los primeros migrantes llegarán este miércoles al puerto de Shengjin, a bordo de un buque de la marina italiana. En esta localidad albanesa, 70 kilómetros al norte de Tirana, se encuentra la primera instalación construida por Italia, que funcionará como un hotspot, un centro de identificación. El otro centro está en Gjader, una zona rural en el noroeste de Albania: es allí donde quien solicitará asilo esperará a que se resuelva su expediente, según un procedimiento acelerado que debería concluirse en 28 días, con solo siete días para presentar recurso. En caso de rechazo, desde allí partirán las operaciones de devolución a los países de origen.

Estas son, al menos, las intenciones del Gobierno de Roma, a pesar de que varios juristas expertos en inmigración y asilo y asociaciones en defensa de los derechos han levantado críticas y muchas dudas sobre la viabilidad de un plan que ha despertado mucha suspicacia también por los costes estimados de toda la operación: 65 millones de euros para la construcción de los centros, y unos 120 millones anuales para la gestión, que está totalmente a cargo de Italia, como si se tratara de enclaves con jurisdicción italiana en territorio albanés. Así, en efecto, lo explicaron Meloni y el primer ministro albanés Edi Rama, cuando, hace casi un año, presentaron en una rueda de prensa en Roma el proyecto que se había fraguado meses antes, durante las vacaciones en Albania de la presidenta del Gobierno de Italia. Los detalles se conocieron sin embargo solo un día después, cuando el texto íntegro del protocolo firmado entre Roma y Tirada fue publicado por un medio albanés.

Centros de migrantes construidos por Italia en Albania

Sarajevo

BOSNIA Y

HERZEGOVINA

SERBIA

MONTENEGRO

Pristina

KOSOVO

Podgorica

Gjader

Skopie

Shengjin

MACEDONIA

DEL NORTE

Tirana

Bari

ITALIA

ALBANIA

Nápoles

Lecce

GRECIA

N

50 km

De todos los puntos que aquel texto de nueve páginas preveía el que está más claro a día de hoy es que los centros son cerrados, es decir que los migrantes no podrán salir libremente de las estructuras a la espera de la resolución de la petición de asilo y que todo lo que sucederá de puertas adentro será responsabilidad de las autoridades italianas. “La construcción y la gestión de los centros es algo que no tiene absolutamente nada que ver con el Gobierno albanés. No nos concierne”, ha vuelto a repetir Rama en una entrevista este domingo al diario italiano La Repubblica. Desde hace semanas en las dos localidades albanesas están presentes agentes de la policía, carabinieri y guardia di finanza, la policía aduanera de Italia. Muchos alojan en el mismo hotel de Shengjin donde están hospedados los refugiados afganos que, en virtud de otro acuerdo internacional, entre Albania y EEUU, esperan la tramitación de sus visados para cruzar el Atlántico.

A parte la prohibición para los migrantes de salir de los dos centros –el de Gjader está pensado como una estructura con varias funciones, con una parte destinada a la acogida de los solicitantes de asilo, de unas 880 plazas, otra que será un centro de repatriación, con 144 plazas, y una cárcel de 20 plazas– lo que ocurrirá con los migrantes, a partir de su rescate en aguas del Mediterráneo, sigue siendo una incógnita. La sección italiana de Amnistía Internacional ha vuelto a reiterar este lunes “su honda preocupación por las posibles violaciones de derechos humanos vinculadas a las medidas previstas en el protocolo [del acuerdo Italia-Albania], en particular en relación con la detención generalizada, la detención automática y las operaciones de búsqueda y rescate en el mar, por considerarlas una violación por parte de Italia de sus obligaciones internacionales”.

Opacidad y ninguna garantía
“Es una operación marcada por una gran opacidad. Empezando por las personas que deben ser detenidas, porque de eso estamos hablando, de una detención, porque, aunque el ministro del Interior italiano [Matteo Piantedosi] habló de una ‘detención ligera’, Rama explicó que las personas de allí no podrán salir. Y esto ya crea varios problemas legales, porque impide la libertad de movimiento de algunas personas que son probables solicitantes de asilo, una libertad garantizada por nuestra Constitución. No está claro por qué estas personas deben ser retenidas en centros de detención”, comenta a elDiario.es Lidia Vicchio, abogada de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre las Inmigración (ASGI, por sus siglas en italiano).

El protocolo operativo del acuerdo prevé que los migrantes rescatados en el Mediterráneo por las autoridades italianas serán trasladados a un buque de la marina italiana estacionado frente a la isla de Lampedusa. Allí se hará una primera selección. Los menores, las mujeres embarazadas, las familias y “otros casos vulnerables” serán enviado a centros en territorio italiano. A Albania debería ser enviados solo hombres adultos procedentes de “países terceros seguros”. “El Gobierno dice que las personas vulnerables no serán detenidas. Y, sin embargo, al mismo tiempo parece no estar claro qué ocurrirá en el caso de los menores no acompañados que gozan de protección reforzada en nuestro país. Hay un documento en el que se habla de personas que ‘claramente no son mayores de edad’, lo cual también es impropio desde el punto de vista del uso de los términos. Repito, la palabra que me parece que resume todo el funcionamiento del pacto con Albania es opacidad. Otro ejemplo: las familias no deberían ser internadas en los centros. Sin embargo, en la licitación de la gestión de los centros, que también se adjudicó de forma opaca a la empresa Medihospes, se habla de payasos para actividades con niños. Entonces, ¿hay o no hay niños?”, dice Vicchio.

Luego, subraya la abogada, en este contexto de erosión del derecho al asilo al que el plan expone a los solicitantes, está la garantía del derecho de defensa: “¿Cómo se garantizará de hecho la presencia de abogados, que serán entonces abogados albaneses, en el contexto de la legislación italiana?. No hay ninguna garantía de que estas personas puedan recibir la asistencia de un abogado y así, posiblemente, incluso denunciar lo que realmente está pasando allí”.

Un agente de policía italiano a la entrada del centro de identificación de migrantes de Shengjin, en el norte de Albania. Alketa Misja/Getty Images
Otro de los puntos negros del plan es precisamente la definición de país seguro, especialmente después de una sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea, según la cual un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad. Una definición que, por ejemplo, dejaría fuera países como Bangladesh, Egipto o Túnez que Italia hasta ahora consideraba seguros, pero con la excepción de grupos vulnerables como opositores políticos o colectivos Lgtbi. Y luego está la aplicación efectiva de las devoluciones, teniendo en cuenta que Túnez es precisamente uno de los pocos países con el que hay un acuerdo. Para la abogada Vicchio, ante la imposibilidad de las repatriaciones, la gran mayoría de las personas que pasarán por estos centros hasta 3.000 al mes, y 36mil en un año, según las intenciones del Gobierno italiano tendrán que ser trasladadas a Italia. “Es decir que el plan no servirá para nada, después de haber costado mil millones de euros. ¡Sólo las travesías de los buques de un lado a otro tienen un coste estimado de 13 millones de euros para tres meses!”, añade la experta.

Contratos millonarios sin licitación
La opacidad también envuelve los contratos con las empresas que han realizados los dos centros. Según una investigación del diario italiano Domani, entre marzo y septiembre decenas de contratos vinculados al proyecto albanés se han asignados sin licitación por un total de unos 60 millones de euros. Se trata de dinero gestionado en su mayoría a través del ministerio de Defensa. Tras la revelación de Domani, el diputado de la Alianza Verdes e Izquierda, Angelo Bonelli, ha anunciado una interrogación parlamentaria, mientras que la líder del Partido Democrático Elly Schlein ha comentado: “El gobierno de Giorgia Meloni sube los impuestos y despilfarra casi mil millones de euros del dinero de los contribuyentes en centros de migrantes en Albania, desafiando los derechos fundamentales de las personas y la reciente sentencia europea sobre devoluciones que hace chirriar todo el marco del acuerdo con Albania”.