Madrid – La vuelta al «cole» de los ministros ayer deparó en una suerte de
resumen de todo lo acontecido durante el verano: incendios en Galicia,
inmigración en Canarias, ETA (hasta septiembre, ni palabra), ley de
defensa de la Competencia, OPA de E.ON… Un Consejo de Ministros cargado
de temas de los que tuvo que dar cuenta en solitario la vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que, con moreno de playa y
atuendo naranja, anunció un curso político «muy intenso».
   La vicepresidenta abrió su rueda de prensa postveraniega con la inmigración
como tema de cabecera. Y para empezar, un dato: del 1 al 21 de agosto han
llegado a nuestras costas 4.830 inmigrantes indocumentados, de los que
4.510 lo hicieron a las Islas Canarias. Sirva el dato para recalcar la
dimensión de un problema «con múltiples facetas». En esta línea, De la
Vega recalcó que el Gobierno busca que haya una inmigración legal y
ordenada que genere riqueza y, por tanto, «trabajamos para que todo lo que
entre en España de manera irregular, salga».
   Exigencias a
la UE
   Y mientras el gobierno canario presiona al central para que
asuma que la denominada «crisis de los cayucos» es un problema de Estado,
el Ejecutivo hace lo propio en la Unión Europea «para que todos los países
se impliquen». Esta presión, que viene acompañada de un agradecimiento del
Gobierno a la UE por el esfuerzo que está realizando, incide en la
necesidad de ser «mucho más eficaces», por lo que la vicepresidenta
reclamó «públicamente» a los socios comunitarios «más compromiso y más
recursos».
   Pero además de descargar parte de la culpa de este
desastre en los colegas europeos, De la Vega desplegó una serie de medidas
que se van a tomar para tratar de frenar la llegada masiva de
indocumentados y la presión constante, tanto popular como desde las
comunidades autónomas, que se está ejerciendo sobre el Gobierno. Lo
primero, que los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, comparecerán en el Congreso de
los Diputados a petición propia para informar de la situación y de las
medidas que se van a adoptar. En segundo lugar, que se va a convocar a la
Comisión Mixta de Traslados (un órgano cuya creación pasó desa – percibida
en 2005, y que abordará uno de los puntos más polémicos) y al Consejo
Superior de Política de Inmigración para tratar con todas las comunidades
autónomas las soluciones posibles.
   Respecto a los traslados de
inmigrantes desde las islas a la Península, la vicepresidenta aseguró que
éstos se realizan a los lugares donde hay centros de acogida, ya sean
creados por las comunidades autónomas o por organizaciones no
gubernamentales.
   En cuanto a los menores y su situación en los
centros de acogida de Canarias, De la Vega reconoció que el Gobierno no
tiene competencias para redistribuir a los menores de edad, pero destacó
que varias comunidades autónomas ya se han ofrecido a acogerlos. En caso
de que definitivamente sean destinados a otras regiones, el Gobierno
podría correr con los gastos del traslado, según recalcó la
vicepresidenta. Como conclusión al primer punto, reconoció que «Canarias
no puede afrontarlo sola».
   Zona catastrófica no oficial
   El otro asunto «estrella» del primer Consejo del curso fue el fuego. El
desastre de Galicia fue certificado con la declaración de «zona
catastrófica» por parte del Gobierno, aunque no de manera explícita. Para
que se entienda, De la Vega indicó que «la declaración de zona
catastrófica son las medidas» aprobadas ayer para ayudar a Galicia en su
recuperación, ya que no hay tal declaración de manera oficial.
   Las medidas adoptadas ayer, que se recogen en un Real Decreto Ley, afectan
a diez departamentos ministeriales. Establece, entre otras cosas,
indemnizaciones para los dueños de las explotaciones agrícolas y
ganaderas; beneficios fiscales en las cuotas del impuesto de bienes
inmuebles y de actividades económicas, así como reducciones fiscales
especiales sobre IVA e IRPF para las actividades agrarias. En este ámbito,
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en marcha una línea de
crédito de 25 millones de euros en condiciones ventajosas para los
afectados. Se recogen también un conjunto de medidas laborales
excepcionales para las empresas y trabajadores cuya situación social
   y laboral haya sido afectada directamente por los incendios. También se
destinan 18.000 euros en cada caso para ayudas por daños personales con
ayudas excepcionales por fallecimiento e incapacidad absoluta permanente,
así como compensaciones económicas a las personas, empresas y
ayuntamientos que han ayudado a la extinción.