MANUEL MARÍN

MADRID. El Gobierno dedicó ayer buena parte de su primer Consejo de Ministros a tratar de poner en orden su respuesta a las avalanchas de subsaharianos que están alcanzando las costas españolas, especialmente de Canarias, quien dada la magnitud del drama humanitario se ha declarado impotente para atajarlo por sí sola. Prueba de ello es que entre el 1 y el 21, el Gobierno ha contado la llegada de 4.830 inmigrantes a las costas españolas, de los que 4.519 fueron a Canarias.

Con el fin de contrarrestar las acusaciones de inoperancia, de desmentir el «efecto llamada» de la ley y de responder a las críticas por la «desaparición» de miembros del Gobierno como Jesús Caldera, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, hizo un extenso repaso de la gestión del Gobierno en las últimas semanas.

En el «haber» del Ejecutivo, De la Vega subrayó la «activación o reactivación» de convenios con países africanos «emisores» de inmigrantes; la negociación de patrullas conjuntas con Marruecos y Mauritania, que ha rebajado el flujo de «ilegales» desde esos países; el incremento de repatriaciones a países como Guinea Bissau, Mali, Níger, Nigeria o Mauritania; el reciente acuerdo con Senegal para establecer patrullas conjuntas en la vigilancia de las costas; o la puesta en marcha «en sólo tres meses» de la Agencia de Fronteras europea (Frontex) a iniciativa del Gobierno español.

Zapatero, el día 5 a Marruecos

En su «debe», el Ejecutivo admitió que «pese a que debemos estar contentos, no estamos suficientemente contentos». Pero culpó de ello a la Unión Europea, a la que De la Vega reclamó ayer más «rapidez» en la llegada de ayudas porque las prestadas hasta ahora son «claramente insuficientes». «Necesitamos ser más eficaces», confesó. Para presionar a Europa, De la Vega anunció que el martes realizará por fin el anunciado viaje a Finlandia (país que preside este semestre la UE) y a Bruselas «para decir «gracias, pero necesitamos más»». Además, Zapatero viajará el próximo día 5 a Rabat para entrevistarse con el rey Mohamed VI.

Y para sacudirse las críticas internas, De la Vega anunció las próximas comparecencias parlamentarias «a petición propia» de Caldera y del titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para explicar las medidas presentes y futuras del Gobierno.

Pero más allá de la «insuficiente» ayuda europea, De la Vega quiso salvaguardar al Gobierno de las críticas que diversas Comunidades – algunas del PP y otras no, como Cataluña – le han dedicado por recientes «derivaciones» de ilegales en los llamados «vuelos de la vergüenza». La portavoz del Ejecutivo recordó que fue en 2002, precisamente con Mariano Rajoy como ministro del Interior, cuando el PP puso en marcha este tipo de traslados.

Menores: «Canarias no puede sola»

«Lo hacemos – dijo De la Vega – como se hacía con Gobiernos anteriores, con el envío de inmigrantes a Comunidades que tienen centros de acogida», negando así que el Ejecutivo sea selectivo para sobrecargar a autonomías del PP. «Es más – añadió – . Lo hacemos mejor que en 2002 porque ahora se informa [a las Comunidades] de los traslados y hay una financiación estatal».

De todos modos, y para atajar esta polémica, De la Vega anunció una próxima reunión Gobierno – Comunidades en el seno de la Comisión Mixta de Traslados. De la Vega también se va a reunir con los portavoces parlamentarios y convocará al Consejo Nacional de la Inmigración.

Respecto a qué hacer con los cientos de menores que llegan a Canarias y cuya tutela no es competencia del Gobierno central sino de la Comunidad – de las autonomías, en general – , el Ejecutivo se ofreció a mediar para que otras Comunidades ayuden. «Lo cierto es que Canarias no puede sola», dijo De la Vega.
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