La capacidad de integración de la población inmigrante en el mercado laboral ha sido una de las claves del diferencial de crecimiento de la economía española con relación al resto de Europa. Ahora bien, por sí sola la inmigración solo aporta un paliativo transitorio ante los desequilibrios estructurales que frenan la convergencia con las economías más prósperas.

De momento los beneficios son evidentes. En los últimos cinco años, la población extranjera en edad de trabajar se ha incrementado en 1,2 millones de personas (incluidos los de doble nacionalidad), mientras que el número de españoles lo ha hecho en menos de 120.000. El crecimiento poblacional se ha trasladado al conjunto del mercado laboral: el número de ocupados españoles se ha incrementado en casi 900.000 personas y apenas un poco menos en el caso de los extranjeros, conforme a los datos de Eurostat.

Algunos socios comunitarios con políticas migratorias restrictivas no han tenido la misma suerte. En Suecia, país con una población inmigrante menguante, si bien a partir de niveles elevados, el empleo de los nacionales se ha incrementado menos de la mitad que en España (comparando los datos del segundo trimestre con el periodo anterior a la pandemia).

Estas cifras evidencian el efecto multiplicador de la inmigración, especialmente cuando la fuerza laboral foránea viene a ocupar empleos poco demandados por los autóctonos. No se puede entender la expansión del turismo de estos últimos años sin la contribución de la mano de obra inmigrante. En la hostelería, uno de cada cuatro puestos de trabajo está ya ocupado por un extranjero.

De manera más fundamental, la dinámica de la economía está estrechamente relacionada con el buen funcionamiento de las cadenas de suministro: las actividades de mayor valor añadido, que no dependen directamente de la inmigración, como las empresas tecnológicas, la ciencia, la industria farmacéutica o la exportación agroalimentaria, requieren insumos aportados a un precio competitivo por el resto de los eslabones productivos. Estos últimos se caracterizan por la elevada intensidad en mano de obra extranjera, por ejemplo en el transporte, la construcción, la producción agrícola o los servicios domésticos: en este último caso, la mano de obra extranjera representa el 45% del total, a tenor de las cifras de afiliación.

El shock poblacional también altera la pirámide demográfica, aportando un balón de oxígeno al sistema de pensiones. La OCDE estima que la contribución a las arcas públicas en concepto de impuestos y de cotizaciones sociales supera el gasto inducido por la presión poblacional en prácticamente todas las economías avanzadas, incluida España.

Con todo, la inmigración es una solución parcial y esencialmente transitoria a los principales desequilibrios que arrastra la economía española. La tasa de paro supera netamente la media europea de los nacionales como de los extranjeros —si bien la brecha es algo menor para estos últimos—. El estímulo al crecimiento que procede de la inmigración permite cubrir algunas de las necesidades de numerosos sectores que se enfrentan a cuellos de botella para encontrar trabajadores, pero no resuelve los problemas de intermediación laboral ni la falta de movilidad, agravada por la escasez preocupante de vivienda. Por otra parte, la experiencia internacional muestra que, con el tiempo, las tasas de natalidad y la longevidad tienden a acercarse al comportamiento demográfico de los autóctonos.

Finalmente, la productividad no parece haberse beneficiado del fenómeno migratorio, tanto en el ámbito general como en los sectores de alto valor añadido que encabezan las cadenas de suministro. Y los salarios han perdido poder adquisitivo ante la intensidad del brote inflacionario. Con todo, existe la duda razonable de si la inmigración, al tiempo que aporta muchos beneficios macroeconómicos a corto plazo, relaja la presión sobre la política económica para mejorar nuestro modelo productivo. Es necesario realizar un diagnóstico riguroso con una mirada a largo plazo para no caer en esa trampa.