La Comisión Europea quiere que Turquía investigue las deportaciones de extranjeros que podrían haber recibido el estatus de refugiados en la UE y el mal trato recibido por muchos de ellos en la red de centros de detención que financian los Veintisiete. “Es responsabilidad de las autoridades turcas investigar a fondo las denuncias de irregularidades y les instamos a que lo hagan”, ha contestado una portavoz del Ejecutivo comunitario, en una respuesta con la que, al mismo tiempo, Bruselas elude responsabilidades por la situaciones irregulares desveladas en una investigación publicada este viernes por un consorcio de medios, entre ellos EL PAÍS, liderada por Lighthouse Report.

“La financiación de la UE proporcionada para los centros de expulsión y el retorno voluntario asistido y la reintegración respeta plenamente las normas de la UE e internacionales”, ha añadido la Comisión, a pesar de las pruebas que aporta la investigación periodística. “Reconocemos que, por supuesto, mientras que la asistencia de la UE a los refugiados y migrantes en Turquía se presta de conformidad con los principios, normas y procedimientos de la UE, Turquía tiene su propio conjunto de leyes en lo que respecta al reconocimiento de los refugiados y la gestión de la migración. Y en este contexto, la aplicación y la protección de estos derechos y de los derechos humanos sigue siendo responsabilidad de Turquía”, ha continuado.

Sobre si el Ejecutivo comunitario conocía la situación, la respuesta es que “la delegación de la UE en Turquía lleva a cabo sin regularidad fija misiones de supervisión en los centros de expulsión que reciben ayuda financiera”. “Ahora bien, el alcance de esas visitas técnicas, por supuesto, es la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad del uso de la asistencia financiera de la UE”, matizan.

Antes de esto, los portavoces comunitarios han subrayado que “Turquía es un socio clave y un país candidato” a entrar en el club comunitario, pese a que las negociaciones de adhesión no avanzan desde hace años y ya se ha asumido por todas las partes que es muy improbable que el país, mayoritariamente musulmán, que está entre Europa y Asia, entre alguna vez en la UE. De hecho, la Unión otorgó a Ankara el estatus de candidato en 1999, antes que al resto de los que están en la puerta de entrada.

Desde que Turquía y la UE firmaron en 2016 un acuerdo para frenar la inmigración, entonces procedente principalmente de Siria, que estaba en plena guerra, el Gobierno de Ankara ha recibido más de 11.500 millones de euros. Los recursos se destinaban, en teoría, a atender a las personas que llegaran a suelo turco en busca de refugio para atender sus necesidades y favorecer la integración en el país. Con este dinero, también se ha financiado la construcción y mantenimiento de varios centros de internamiento y deportación de extranjeros, una red que tiene una capacidad similar a la de toda la Unión.

Con el tiempo, el número de detenidos por las autoridades turcas procedentes de Afganistán ha superado al de Siria. Según las cifras de Ankara, desde que Turquía firmó el acuerdo con la UE ha detenido a más de dos millones de personas, de ellos 700.000 huyen del país controlado por los talibanes, donde se vulneran los derechos humanos y se recortan los derechos de las mujeres. Del Estado controlado por el régimen dictatorial de Bachar el Asad, en cambio, han interceptado a unos 400.000.

No es la primera vez que investigaciones periodísticas desvelan abusos sobre los derechos de los migrantes. Ya el pasado mayo EL PAÍS publicó, también en colaboración Lighthouse Reports, informaciones que desvelaban que Marruecos, Mauritania y Túnez utilizan la financiación de la UE para detener y deportar a la fuerza migrantes procedentes del África subsahariana.

La reacción entonces, como ahora, no mostró evidencia alguna de que estos hechos lleven a Bruselas a replantearse estas políticas. Más bien al contrario. Los discursos y las líneas políticas marcadas tanto por los Estados miembros como por la Comisión Europea apuntan a la búsqueda de este tipo de acuerdos con terceros países que sirvan para contener el flojo de migrantes que llega a la UE. Esto puede verse, por ejemplo, en la creciente demanda por parte de Estados miembros de buscar países de fuera de la UE a los que deportar a quienes llegan de forma irregular mientras esperan que se resuelvan sus peticiones de asilo o residencia, siguiendo, por ejemplo, el pacto suscrito entre Italia y Albania.