M. M.

MADRID. El Gobierno dejó ayer prácticamente condenada la iniciativa parlamentaria puesta en marcha hace sólo unos días atrás por su propio Grupo en el Congreso, para impulsar el voto de inmigrantes extracomunitarios en las próximas elecciones locales de 2007. La vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, sostuvo ayer que en su opinión «resulta altamente improbable» la convocatoria a las urnas de los inmigrantes extracomunitarios, independientemente de que estén regularizados.

La Constitución ya prevé, desde 1992 y con motivo de la reforma que experimentó para adaptarse al Tratado de Maastricht, el voto de extranjeros comunitarios regularizados y censados en España, exclusivamente para los comicios locales.

Sin embargo, la pretensión de extender esta medida a los aproximadamente dos millones de inmigrantes extracomunitarios regularizados exigiría no sólo convenios de reciprocidad, sino previsiblemente una reforma de la Ley Electoral. Y, en la práctica, no hay tiempo antes de mayo de 2007.
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