Canarias ha diagnosticado a 72 víctimas de mutilación genital en lo que va de año

En las islas hay unas 5.000 mujeres que podrían haber sufrido o estar en riesgo de sufrir esta práctica, de ellas 900 son menores de 14 años

Canarias 7, Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria, 14-10-2024

La mutilación genital femenina está infradiagnosticada en Canarias. Así y todo, el Servicio Canario de la Salud ha detectado en lo que va de año a 72 mujeres que han sufrido esta práctica que atenta contra los derechos de mujeres y niñas y que forma parte de las tradiciones de algunos países africanos.

«La mutilación genital femenina es difícil de detectar y, por tanto, no tenemos datos reales», comenta la ginecóloga y técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Yaiza Schamann.

A las autoridades sanitarias del archipiélago no les consta que esta práctica se haya efectuado en las islas. «Se realiza en los países de origen y se detecta cuando las migrantes llegan a nuestras islas», comenta Schamann que aclara que las mujeres susceptibles de sufrir esta intervención proceden en su mayoría de Senegal, Mauritania, Nigeria, Guinea, Guinea-Bissau, Ghana, Mali y Sierra Leona.

EN CONTEXTO
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Según el último Mapa de la Mutilación Genital Femenina (MGF) de España de 2021, en Canarias puede haber del orden de 5.000 mujeres susceptibles de sufrir esta práctica, de las que 900 serían menores de 14 años.

Estas mujeres presentan dos perfiles diferenciados; «las que llegan a las islas tras haber sido sometidas a la MGF y sufren sus secuelas y las mujeres menores de 15 años de familias donde se practica la mutilación y que están en riesgo de ser sometidas a esta práctica aprovechando los viajes a sus países de origen», indica la ginecóloga.

La vergüenza y el temor a ser juzgadas empujan a estas mujeres a aguantar las secuelas de las ablaciones en silencio. «No consultan directamente al médico sobre su problema. Lo habitual es que acudan a consulta por los síntomas que aparecen a consecuencia de esta práctica», señala la médica. También el embarazo es un momento propicio para detectar el problema en las revisiones rutinarias del servicio de ginecología y obstetricia. «Cuando se detecta, se investiga si hay otras mujeres en la familia sometidas a esta práctica», comenta Schamann.

Secuelas
La mutilación genital femenina provoca complicaciones a corto, medio y largo plazo, sostiene la ginecóloga.

La intervención provoca, además de dolor intenso, infecciones que pueden acabar en septicemia y riesgo de contraer VIH.

A medio plazo, causa reglas dolorosas, infecciones pélvicas, anemia y cicatrices queloides y, a largo plazo deja secuelas físicas infecciones del tracto urinario recurrentes, retención o incontinencia urinaria, dolor crónico o fístulas genitourinarias y psicológicas, como terror y rechazo a las relaciones sexuales, vergüenza, ansiedad, depresión, pérdida de autoestima y ataques de pánico. Además, las mujeres víctimas de esta práctica sienten menos placer sexual e incluso dolor durante el coito, teniendo dificultades para llegar al orgasmo.

La mutilación genital también dificulta el parto, ya que las mujeres que la han sufrido tienen más riesgo de desgarros perineales, de hemorragias en el postparto y presentan mayor mortalidad materna, sostiene Schamann.

Implicar a las familias para proteger la integridad de las niñas

Los viajes de las menores migrantes a sus países de origen del África subsahariana y los Estados árabes son un riesgo. Allí, sus parientes presionan a las familias para practicar la ablación genital. Por eso, el Servicio Canario de la Salud (SCS) tiene un protocolo que intenta prevenir esta práctica. «Existe un protocolo de prevención de la mutilación genital que incluye un documento en el que los padres o tutores de la menor en riesgo se comprometen a que no sea sometida a esta práctica», explica la ginecóloga del SCS, Yaiza Schamann. El SCS dispone de otro protocolo específico para la atención ginecológica y obstétrica de las mujeres migrantes y está elaborando una tercera guía para la atención sanitaria del migrante adulto.

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