Las crecientes tensiones fronterizas con Bielorrusia han llevado a Polonia a apretar aun más el puño de su política migratoria para atajar la llegada de indocumentados. «Uno de los elementos de la nueva estrategia será la suspensión territorial temporal del derecho de asilo», anunció este sábado el primer ministro, Donald Tusk. «Lo exigiré, exigiré que esta decisión sea reconocida en la UE», insistió el también expresidente del Consejo Europeo en un congreso organizado por su grupo liberal Coalición Cívica (KO), el mayor miembro del gobierno de coalición.

En su argumentación de la controvertida medida, Tusk señaló que el derecho al asilo está siendo utilizado por el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, por el mandatario ruso, Vladímir Putin, y por los traficantes de personas de una manera que viola la esencia de esta garantía humanitaria. Asimismo, avanzó que la nueva estrategia migratoria será presentada en una reunión de gobierno el próximo martes, cuando se cumplirá el primer aniversario de las elecciones que le llevaron de regreso al poder.

La migración ha ocupado un lugar destacado en la agenda de Polonia desde 2021, cuando un gran número de migrantes, principalmente de Oriente Medio y África, comenzaron a intentar cruzar ilegalmente la frontera con Bielorrusia en lo que Varsovia y la UE dijeron que fue una crisis orquestada por Minsk y Moscú, algo que ambos negaron.

Consciente de la crisis, Tusk ha llevado a cabo una política de mano dura contra la inmigración desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, una estrategia que ha ganado un amplio respaldo popular pero que ha consternado a activistas que esperaban que abandonara el enfoque nacionalista del gobierno anterior.

Marysia Zlonkiewicz, de Grupa Granica, una ONG que ayuda a los migrantes en la frontera, aseguró que suspender el derecho de asilo va contra la Constitución y empujaría a los ‘sin papeles’ a manos de los traficantes de personas. «El primer ministro Tusk está violando la Carta Magna que prometió defender… No se puede excluir o privar selectivamente a las personas de sus derechos constitucionales», advirtió.