Entidades sociales y partidos políticos acusan al gobierno de Suecia de querer prohibir la pobreza con su propuesta para ilegalizar la mendicidad en el país nórdico. El gobierno conservador, respaldado por el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, anunció hace unos días que está estudiando cómo implementar una prohibición nacional que impida pedir limosna en las calles. Esta medida será estudiada por un comité de expertos durante nueve meses, lo que representa el paso previo para que se formule como una propuesta de ley.

La portavoz de la formación de ultraderecha, Linda Lindberg, dijo que la ley “sería buena y absolutamente necesaria”. Lindberg defendió que “la mendicidad había sido poco común en Suecia hasta principios de 2010, cuando muchos ciudadanos de la Unión Europea vinieron de otros países a Suecia para mendigar”. La ultraderechista añadió que este fenómeno ha dado lugar “a delitos más graves y sistemáticos”. “En nuestra opinión no es razonable que la gente viaje a través de media Europa para mendigar afuera de nuestras tiendas”, dijo.

Prohibir la mendicidad en el país escandinavo ha sido uno de los principales objetivos que ha perseguido la extrema derecha. De hecho, fue una de las demandas más importantes del partido Demócratas de Suecia a cambio de dar su apoyo externo para permitir la formación del gobierno hace dos años. Ahora, un comité de expertos tiene la tarea de explorar cómo se podría ilegalizar la mendicidad, atendiendo las normas de la constitución del país nórdico y las convenciones internacionales sobre los derechos humanos. La propuesta final tendrá que ser presentada en el parlamento antes del mes de junio de 2025.

Sin embargo, no todas las formaciones del gobierno de coalición están de acuerdo con la medida. Mientras que el partido de Los Moderados del primer ministro Ulf Kristersson se muestra favorable, algunos miembros del grupo de los liberales (la formación más pequeña en el gobierno) han dicho públicamente que votarían en su contra. Tras el anuncio de la propuesta, la diputada liberal Anna Starbrink escribió en su página de Facebook que no contribuiría a la introducción de esa prohibición. “Por supuesto, se necesitan medidas para evitar la explotación de las personas vulnerables, pero no se puede prohibir a las personas necesitadas que pidan ayuda”, comentó.

Organizaciones como Amnistía Internacional y entidades defensoras de los derechos civiles han criticado duramente la propuesta. “No se debe criminalizar la mendicidad. Prohibirla no hace más que desviar la atención del problema subyacente, en un intento vacío de erradicar la pobreza”, comenta a elDiario.es, Fanny Siltberg, portavoz de la organización cristiana Stockholms Stadsmission, que da apoyo a personas vulnerables en las calles de la capital de Suecia. “Abogamos por abordar las desventajas de este grupo mediante iniciativas estructurales para reducir la pobreza y combatir la discriminación, tanto en sus países de origen como en la UE en su conjunto”, añade Siltberg.

Aida Samani, directora jurídica adjunta de la organización Civil Rights Defenders, afirma, en una entrevista para este medio, que la prohibición de la mendicidad “según el Convenio Europeo de Derechos Humanos es una violación al derecho a la vida privada y a la libertad de expresión, tal y como se ha visto en veredictos anteriores del Tribunal europeo de derechos humanos”. Samani se muestra sorprendida de que “el gobierno haya decidido priorizar este tema en este momento, cuando el propio ejecutivo afirma que estamos en una crisis delictiva sin precedentes en Suecia y señala que la policía no tiene suficientes recursos para priorizar los delitos violentos”.

La experta subraya que, en ese contexto en que el gobierno tiene todos los esfuerzos centrados en luchar contra la violencia de las pandillas, introducir una prohibición a la mendicidad “significaría que los agentes de policía tendrían que dedicar tiempo a advertir o multar a las personas que mendigan, y esto me sorprende un poco”.

Entre los partidos que forman el acuerdo de gobierno tampoco hay unanimidad en determinar cuál es la entidad del problema de la mendicidad en el país nórdico. Mientras que desde Demócratas de Suecia han insistido con este tema, según el ministro de justicia del partido de Los Moderados, Gunnar Strömmer, el ejecutivo cree que en los últimos años el fenómeno ha disminuido, aunque puntualizó “aún ocurre, con problemas subyacentes como el crimen organizado y el tráfico de personas”.

Según los expertos, la mendicidad actualmente no es un tema tan candente en Suecia como lo era hace una década, ya que desde la pandemia de Covid – 19 y la casi desaparición del dinero en efectivo en el país “es evidente que hoy no hay tanta gente sentada frente los cajeros o supermercados” decía Jonas Melinder, representante del Consejo Administrativo en el condado de Estocolmo, en deeclaraciones a la prensa local. Según datos aportados por Melinder, “ciudadanos vulnerables de la UE empezaron a venir a Suecia de manera significativa a partir de 2010, la mayoría llegados desde Rumania y Bulgaria. Algunos llegaron como recolectores de bayas durante la temporada de verano, otros a buscar trabajo y otros a mendigar”. Según datos de la administración, en 2015 el número de personas pidiendo dinero en las calles del país se estimaba que era entre 4.000 y 5.000 personas, pero desde entonces no se ha vuelto a hacer un recuento.

Antes de que una prohibición nacional a la mendicidad se pueda poner en marcha, en Suecia ya existen 15 municipios que aplican regulaciones en este sentido. Varias ciudades en la periferia de Estocolmo han creado desde 2020 unas zonas alrededor de los supermercados, cajeros o en las áreas de reciclaje, donde se prohíbe pedir limosna. En cambio, en otras ciudades como en Eskilstuna, han optado por requerir permisos para pedir limosna que cuestan 250 coronas (22 euros) y duran tres meses, con el objetivo de desincentivar el fenómeno en sus calles.

Suecia no sería el primer país escandinavo en prohibir pedir limosna. Dinamarca tiene desde 2017 una de las regulaciones contra la mendicidad más duras en Europa que va explícitamente dirigidas hacia las personas extranjeras y, en particular, hacia la población gitana. La legislación contempla que pedir limosna en calles peatonales, en el transporte público o en estaciones de trenes se considera como “un acto intimidante”, por lo que es sancionado. Pero a pesar de este marco legislativo, en ciertas calles y plazas de ciudades como Copenhague, la mendicidad no ha desaparecido.