Las vidas de los otros son casi siempre un enigma pero especialmente las de aquellas personas que viven en los márgenes de la sociedad. Solo cuando se producen situaciones límite, cuando hay un crimen como el acuchillamiento de la joven Kayle Villar Pons, es cuando nos damos cuenta de lo que ocurre al otro lado de la calle, en un barrio cercano o junto a la casa de algún amigo. Descubres de pronto que hay siete personas que comparten techo en una bajera sin permisos y con orden de desalojo, trámites que por cierto se dilatan por los protocolos propios de la burocracia. Los mismos que, al parecer retrasan órdenes de alejamiento. No puede ser un caso más dantesco. La joven asesinada vivía en el local que alquilaba su padre quien a su vez había denunciado en varias ocasiones al agresor por haber amenazado de muerte a su hija que, además, había hecho la transición de género. Todo en un mismo cóctel.

Lo que es innegable es que compartir una vivienda, una dinámica asociada a los más jóvenes, cada vez está más extendida entre otros grupos ante la burbuja del mercado del alquiler. Hablamos incluso de familias enteras con lo que ello implica para el desarrollo personal y emocional de muchos menores y adolescentes. Y no es casualidad que algunos barrios como Rotxapea y municipios de la periferia de Iruña con mayor índice de multiculturalidad sufran también las consecuencias de esa presión habitacional. Elegir donde vivir no es voluntario. Y vivir donde puedes condiciona también tu destino en el sentido más amplio. La gente sin recursos vive allí donde la vivienda es más barata o donde puede compartirla con sus compatriotas de origen. Una realidad, el hacinamiento, con muchas situaciones de abuso, y que rizando el rizo se cuela incluso en bajeras y locales vacíos. Espacios que muchas veces no reúnen las condiciones necesarias y que, además, se alquilan fuera de la ley.

La Rotxa ha sido siempre un barrio de convivencia pero desde hace meses –quizás hasta un año atrás– está en el candelero por el aumento de delincuencia. Un barrio que saltó a la palestra por jóvenes que ocupaban edificios vacíos y espacios de Aranzadi para dormir. Donde voluntarios de ONGs no dan abasto –en el viejo Matesa– con la demanda de comida y habitaciones, principalmente, de inmigrantes. Un barrio donde residía la joven Zhen Jiang, asesinada el año pasado por su ex pareja. También la familia e hijos de Gualey, el varón que fue asesinado en Villava. Y donde Leydis Ávila acuchilló a su ex pareja en mayo del año pasado. Dicho esto, estoy segura de que la procedencia del autor del último crimen –denunciable por otro lado y con una violencia extrema– va a ser utilizada por quienes desean extender el discurso del odio y el racismo aún sabiendo que la mayoría de los inmigrantes viven y trabajan en paz. Por quienes como Vox están deseando que ocurran estos hechos para justificar su estrategia de expulsión a personas que llaman ilegales. O por una derecha que se suma al carro populista contra políticas de integración social, convivencia y acceso a una vivienda digna.