Una de las reuniones más esperadas dentro de la ronda que está llevando a cabo Pedro Sánchez era la visita de Fernando Clavijo, presidente de Canarias. Un tema fundamental: la crisis migratoria. En la cita, que ambas partes describen como «cordial», el presidente canario reclamó un «tratamiento singular» para la crisis migratoria de Canarias, así como la dotación de más recursos por parte del Estado. «Es lo que vamos a pedir y exigir desde Canarias, un tratamiento singular».

Clavijo, que gobierna Canarias en coalición con el PP, no tuvo reparos en censurar la decisión de esta formación de romper la negociación en materia de migración: «Dentro del seno del gobierno [canario] la ruptura de las negociaciones por parte del PP no sólo no las entendemos, sino que no la compartimos. Ni, desde luego, justificamos que te levantes de una mesa de negociación, sobre todo con un asunto tan importante». Y añadió: «Nosotros no nos levantamos de la mesa. Cada uno es responsable de las decisiones que toma y responde ante la ciudadanía». Y eso «se le ha transmitido al PP nacional».

Clavijo sale de La Moncloa con el compromiso expresado por Sánchez de que se reúna en los próximos días con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para atender su exigencia de que se les conceda 160 millones para poder atender a los casi 6.000 menores migrantes que están actualmente en Canarias. De momento, Sánchez le ha trasladado que los 50 millones comprometidos por parte del Ejecutivo se ingresarán al Gobierno canario antes de que finalice este mes.

En el Gobierno canario hay mucho malestar tanto con La Moncloa como con el PP. Se ven atrapados en una situación compleja: Canarias está desbordada y PP y PSOE no llegan a un acuerdo. «El Gobierno no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas», ha sostenido tras la reunión con Sánchez. «No puede usar como excusa que la competencia es de las comunidades». Frente a esta posición, desde el Ejecutivo central responden que ellos están dispuestos a aportar recursos, pero que la competencia y el gasto que supone la gestión de los menores inmigrantes corre a cuenta de las autonomías.

«Entiendo su reclamación, pero es una competencia autonómica, así lo refleja la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Lo queremos cambiar, modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, pero en estos momentos son las comunidades las que tienen que asumir los costes», expuso Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.

El pasado sábado, el PP rompió la negociación sobre inmigración. Había convocada una reunión para este lunes, que se mantuvo, y a la que acudieron el gobierno de canarias y los ministerios de Política Territorial e Infancia. El PP se ausentó, como había adelantado.

Aragón y Navarra
Por su parte, Jorge Azcón salió de su reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez con un acuerdo de financiación bajo el brazo. En concreto, el aumento del Fondo de inversiones Teruel, que pasará en dos años de 60 a 86 millones de euros. Ése fue, según el presidente del PP, el único «fruto» de su encuentro con el jefe del Ejecutivo. Preguntado, en la rueda de prensa posterior a la reunión, por la negligencia del PP en la reforma que beneficia a presos etarras, Azcón ha subrayado que «no es comparable un error con la mentira, el engaño y la mala fe». «Tiene que dimitir Marlaska que prometió hace dos años a las víctimas no hacer esta reforma y quien se haya encargado de negociar con Bildu», dijo, en una referencia velada al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Por último, la presidenta de Navarra, María Chivite, le pidió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que las comunidades que han hecho una «gestión responsable» y han acabado algún ejercicio en superávit puedan invertir esas cantidades en las cuentas de 2025.