Con el aumento de los últimos meses de la llegada de solicitantes de asilo a las costas Canarias, el Gobierno español ya ha mostrado su intención de apostar, sobre todo, por la aplicación del Pacto de Migración y Asilo lo antes posible. Así lo trasladó ayer el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a sus homólogos en Luxemburgo, pero evitó apoyar la idea de varios países europeos de acelerar los retornos a través de centros de expulsión para las personas que no obtengan ningún permiso de residencia.

El ministro cree que es momento de una “implementación inmediata” del Pacto de Migración y Asilo y que, añadió, cuenta con el respaldo de Alemania y Francia, tal como defendió esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. Una idea que la comisaria de Interior, Ylva Johanson, aseguró “apoyaría”. “Si alguno quiere ponerlo en práctica antes del plazo lo apoyaremos (…) las iniciativas de aplicar antes el pacto son bienvenidas, quedan como mucho 24 meses para su implementación, empieza a ser urgente que los países hagan lo necesario”, animó.

Entre las cuestiones planteadas está la creación de centros de detención en terceros países
Con el apoyo del pacto, Marlaska se desmarca de la línea más dura defendida por una quincena de países que piden acelerar los retornos e incluso la creación de centros para expulsar fácilmente a las personas sin derecho a asilo. Para el ministro, el pacto ya ofrece las herramientas necesarias para priorizar las expulsiones de personas con respeto a los derechos fundamentales.

Marlaska argumentó que lo que es necesario es implementar la normativa. “Es un acuerdo del conjunto de la Unión Europea y siempre dentro de los parámetros de los Derechos Fundamentales, que es algo obvio cuando son esos valores los que estructuran la propia Unión Europea”, argumentó.

Durante la reunión, existió la sensación generalizada de que, aunque el despliegue del pacto es la prioridad, acelerar los retornos tiene que ser otro de los aspectos en los que se sustente la política migratoria europea. Entre las cuestiones planteadas está la creación de centros de detención en terceros países distintos a los de origen o tránsito —una idea cada vez más apoyada por Alemania, Italia, Francia o Países Bajos—, muy en línea con el acuerdo entre Italia y Albania. También se analiza que se apliquen sanciones con restricciones de visados o comerciales a aquellos países de origen que no cooperen.

El retorno de migrantes ha sido en los últimos años una de las eternas asignaturas pendientes de la Unión Europea. Según cifras del ejecutivo comunitario, se pasó de expulsar en el 2015 a un 6% del total de personas que no tenían derecho a asilo, a un 19% en el 2023. La actual normativa de retornos, que data del 2008 (pero que aún no se ha aprobado), es la que muchos países piden ahora renovar, porque la consideran desfasada. No obstante, el pacto de migración y asilo contempla ya la cuestión de las devoluciones, aunque no establece centros en terceros países. “Su nombre está mal porque en realidad la Directiva sobre Retornos impide muchas devoluciones”, aseguró el ministro francés de Interior, Bruno Retailleau.