El litoral de Andalucía tiene casi mil kilómetros repartidos entre la costa mediterránea y su frente atlántico. Es algo menos de la distancia que separa a España de Luxemburgo. Una extensión equivalente a toda la costa de Portugal. La geografía mide las distancias físicas, pero un mismo patrón, proyectado sobre un mapa, no representa lo mismo en un lugar y en otro.

Las costas del Sur de España son la frontera de Europa con el Norte de África, donde la presión migratoria, el contrabando, el tráfico de drogas y personas y las transiciones –moralmente difusas– entre países de distintos mundos mantienen hábitos antiguos al margen de la legislación actual.

La migración, el contrabando, el tráfico y las transiciones entre países de distintos mundos mantienen hábitos antiguos al margen de la legislación actual
El frente marítimo de Andalucía Occidental –el Bajo Guadalquivir– es una línea de costa con playas finas arenosas y marismas. La zona Oriental, más abrupta, es rocosa debido a la escasa separación entre el mar y la montaña. Estos factores orográficos explican la milenaria historia de Andalucía –por mar llegaron los primeros colonizadores, a través del océano comenzó la gran aventura americana– y también son causa de sus calamidades.

Entre ellas está la inmigración irregular, que desde los noventa –cuando se supo de la aparición de la primera patera– ha convertido el litoral meridional una de las zonas más calientes del globo de tráfico de personas. Un fenómeno sobre el que la autonomía carece de competencias, pero que tiene una afección directa y constante en términos económicos y sociales.

Andalucía fue el pasado siglo tierra de emigrantes económicos. Ahora es, igual que durante una parte del siglo XIX, cuando encabezaba la industria en España, destino de inmigrantes. Al contrario que entonces, cuando los trasladados venían del Norte, los nuevos llegados vienen del Sur (del Sur).

Hay quien valora este cambio de status como una muestra del progreso (relativo) logrado por Andalucía a lo largo de las últimas décadas, en paralelo con el despliegue del autogobierno. Es una lectura. También evidencia la falta de medios para gestionar adecuadamente la inmigración.

Moreno Bonilla ha viajado esta semana a Bruselas a pedirle a la UE que reconozca la condición de Andalucía como frontera exterior de Europa. La Junta busca así una interlocución directa con las autoridades continentales y captar más dinero para encauzar la llegada y atención de inmigrantes.

Nadie entiende el fenómeno migratorio mejor que Andalucía. Esto debe a su larga historia de pobreza y calamidades más que a su presente. A pesar de su proximidad con los países de los que proceden los flujos migratorios, el Sur no es –ni de lejos– la zona de España con mayor concentración de población extranjera, que nunca ha sobrepasado el 10%.

En las dos últimas décadas la cantidad de extranjeros –sean inmigrantes o no– ha crecido hasta superar el medio millón de personas. Ciudadanos de Reino Unido, Italia, Rumanía, Polonia, Marruecos, China, Colombia o Venezuela. Y los africanos que se juegan la vida para huir de la pobreza.

La mayoría vienen a trabajar. Algunos están de paso; otros, se asientan. Muchísimos de ellos tienen permiso de residencia y cuentan con un empleo antes de llegar a destino. Otros sobreviven (sin papeles) trabajando en bares, en la construcción, la agricultura o la asistencia domiciliaria. Salvo en comarcas muy concretas de Huelva y Almería, donde se concentran los cultivos de invernadero, no existen grandes problemas de integración.

Y, sin embargo, la visión social sobre la inmigración como un problema ha escalado más de diez puntos en los últimos sondeos de opinión, en paralelo a la intensa campaña de descrédito impulsada por Vox, que ha hecho de esta cuestión su argumento refugio para mantener su cuota electoral, anclada desde hace tiempo en el 12% de intención de voto. Un porcentaje irrelevante en términos parlamentarios, dada la mayoría absoluta del PP.

Los datos policiales –sólo un 7% de los delitos registrados en Andalucía fueron cometidos por extranjeros, mucho de ellos ciudadanos europeos– desmienten esta campaña de bulos de Vox contra la inmigración. Pero, en cualquier caso, es mal síntoma que el destino de los inmigrantes se haya situado como el quinto problema de Andalucía, sólo por detrás del paro, la sanidad, el precio de la vivienda y los políticos.

Es cierto que esta lectura (negativa) acerca de la inmigración todavía es minoritaria –la refieren un 4% de los encuestados en el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces–, pero también lo es que su aparición y avance social está impulsado directamente por la demagogia política.

Andalucía no tiene el problema de inmigración de Canarias, pero todos sus centros de acogida, que no sobrepasan las 645 plazas, están saturados, con inmigrantes (muchos de ellos menores) trasladados desde el archipiélago, Ceuta y Melilla. Faltan instalaciones, faltan recursos y falta seguridad.

La Junta, igual que sucede en materia de financiación autonómica, no logra que el Estado atienda sus demandas. Asume la custodia de los menores y atiende a los adultos, como establece la ley, pero debe hacerlo sin apoyo financiero estatal y en una situación crónica de saturación general.

El PP andaluz se ha cuidado mucho de diferenciarse de Vox –Moreno Bonilla proclamó en el Parlamento que la Junta nunca participaría en su campaña de “caza al inmigrante”– pero sabe que la sistemática explotación partidaria que los ultramontanos hacen de la inmigración puede ganar adeptos de forma creciente si, por falta de recursos, muchos inmigrantes se quedan en la calle o carecen de los necesarios programas de integración.

De ocurrir, las repercusiones políticas, que ahora todavía son manejables, a dos años vista de las próximas elecciones autonómicas, si no se produce un adelanto electoral derivado del tablero político nacional, pueden cambiar de signo. Los fantasmas de la frontera Sur no son una ficción. Existen.