El contenido del discurso del President Illa en el debate de política general ha significado un notable cambio de rasante, que hay que saludar positivamente; en particular, su deseo de construir 50.000 viviendas los próximos seis años, del que esperamos pueda pasar pronto de las palabras a los hechos.

Las actuales necesidades reflejan los impactos de la política monetaria y del cambio demográfico sobre precios de compra y alquiler y la inacción pública ante ellos. Porque los tipos de interés nulos (2015-2022) explican una parte no menor del alza de la vivienda: tras su caída 2012-2016 (un -2,8% acumulado), entre el 2017 y el 2022 han aumentado cerca del 30%, lo que se ha reflejado en un notable avance en transacciones de vivienda libre (en España, de las 532.000 del 2017 a las 718.000 del 2022). Y su disminución actual presiona de nuevo: en el segundo trimestre, aumento anual de los precios de compra en Catalunya del 6,7% (y del 7,8% en España).

Hay que ampliar la colaboración público-privada para incentivar el alquiler asequible
Sumen a ello la creación de nuevos hogares, que se han acelerado sustancialmente hasta los 550.000 al año en España. Un incremento que refleja, fundamentalmente, el de la inmigración: en el año que finalizó en julio, y a pesar de la pérdida poblacional de 90.000 nativos, el INE estima un avance neto en España de unos 500.000 nuevos inmigrantes. ¿Traducción catalana? Del orden de 100.000 a 125.000 nuevos inmigrantes se incorporan al país cada año.

Y ello nos conduce inexorablemente al alquiler, donde se concentra el grueso de los inmigrantes: en Catalunya, mientras son una quinta parte de las familias catalanas, en el alquiler superan el 50% del total. Y, dada la nueva oferta de vivienda (se inician solo unas 15.000/año), el resultado es inevitable: escalada en sus precios.

Una inmobiliaria con pisos en alquiler.
Una inmobiliaria con pisos en alquilerGetty Images
Añadan los efectos de parte de la normativa existente. Primero, porque las viviendas de temporada han reducido la oferta de alquiler permanente en un 17%; y, segundo, porque topar alquileres en zonas tensionadas no resuelve el problema de los más necesitados: en Catalunya, un tercio de las familias destina más del 40% de su renta al alquiler, con lo que toparlos tiene escaso efecto sobre la accesibilidad de las más pobres y beneficia a las que más ingresan.

El problema de la vivienda y, en particular, el del alquiler es gigantesco. Y lo anunciado es solo una solución parcial. Junto a la inversión pública, y dado el inevitable ajuste fiscal que viene, hay que ampliar la colaboración público-privada a esquemas que incentiven el alquiler a precios asequibles; bien movilizando viviendas ya disponibles (proyecto Dublín de rebaja de alquileres a cambio de la cesión a la Administración de viviendas de particulares o de fondos), bien incentivando nueva construcción para alquilar (leyes francesas de deducción fiscal de parte de la inversión). El nuevo rumbo es el adecuado. Ahora hay que llenarlo de contenido. Que haya suerte.