El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido este jueves confirmar la suspensión del acuerdo de Gobierno del Ejecutivo canario del 2 de septiembre, según el auto al que ha accedido EL PAÍS y que da la razón a la ONG Red Española de Inmigración y de Ayuda al Refugiado, que había presentado un recurso contencioso-administrativo contra la instrucción. El TSJC suspendió cautelarmente esta instrucción el 25 de septiembre, y ahora ha confirmado su decisión tras escuchar las alegaciones del Ejecutivo autonómico.

El día 2 septiembre el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una orden que impedía que la Policía Nacional entregase directamente a las ONG los niños que llegasen a las islas sin su permiso expreso. El Ejecutivo afirmaba para justificar esta decisión que los menores inmigrantes no acompañados que llegan a sus costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado y no de las comunidades autónomas y afirmó que, incluso, estudiaba llevar a los tribunales al Ejecutivo central.

Esta orden, sostienen los cuatro magistrados que firman el auto conocido este jueves, “supone que los menores ya no serían derivados directamente a los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias, sino que su recepción en estos centros quedaría supeditada a la previa comunicación de conformidad o autorización de las autoridades autonómicas competentes”. Eso suponía que, mientras tanto, tenían que permanecer “bajo la guarda y custodia de las autoridades estatales encargadas de su recogida en el mar y posterior identificación”.

Este proceder, concluye el auto, “comporta un serio riesgo de que se produzcan retrasos en el proceso de asistencia de los menores inmigrantes, al verse demorado su ingreso en los centros de acogida, con los consiguientes perjuicios que ello puede causar a un colectivo que, por sus circunstancias resulta especialmente vulnerable”.

Ambas iniciativas han contado desde el primer momento con el rechazo frontal de la Fiscalía. El día 13 de septiembre, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, emitió un decreto en el que avisaba al Gobierno canario de que puede cometer un delito de abandono de menores si pone impedimentos al acogimiento de niños y adolescentes migrantes llegados a las islas y reclamó ante el TSJC su suspensión. EL TSJC, de hecho, ha tenido en cuenta el escrito de Martínez, quien detectó al menos 24 ocasiones en las que la orden aprobada el día 2 por el Gobierno canario impidió la asistencia inmediata, tal y como recoge la ley de protección al menor, tal y como adelantó EL PAÍS.

En el trasfondo de la ofensiva iniciada a principios de septiembre por el Ejecutivo que lidera el nacionalista Fernando Clavijo está el colapso de los recursos de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias y el bloqueo político de las negociaciones para reformar la ley de extranjería, que ha de permitir la derivación obligatoria de menores a otras comunidades. Canarias tutela en la actualidad a unos 5.500 menores, un número por el que la comunidad se ha declarado “desbordada” en varias ocasiones. El Ejecutivo isleño asegura que lleva gastados unos 160 millones en esta gestión y ha reclamado esta cantidad al Estado.

“No somos ajenos a la grave crisis migratoria que está sufriendo las Islas Canarias”, exponen los magistrados, “y también comprendemos el interés de la administración autonómica en intentar ordenar la recepción de nuevos menores”. El auto, sin embargo, explica que si se aplicase la medida propuesta por la comunidad, a la vez, se perdería la finalidad de la propia medida, dado que esta perjudicaría a los propios niños y adolescentes.