Siguen las reuniones bilaterales en Moncloa y hoy se ha producido uno de los encuentros más trascendentes por el calado que tiene a nivel político y que viene marcado por la crisis migratoria. En la cita, que ambas partes han definido como “cordial”, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atienda su singularidad. Una singularidad que no es financiera, es migratoria, en cuanto al tratamiento de los menores que llegan a sus costas. Cuando los inmigrantes llegan a Canarias, también “llegan a Europa y llegan a España”, están en las islas “porque nos los trae Salvamento Marítimo”, y por lo tanto hace falta “un acuerdo de país” y que el Estado asuma sus responsabilidades, ha exigido Clavijo tras la reunión.
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El presidente canario confirmado el compromiso del Gobierno de ingresar antes de fin de mes 50 millones de euros para compensar los gastos autonómicos en la atención de los menores migrantes, pero esta cifra se queda muy lejos de lo que pide Canarias, exige 160 millones. Sánchez ha aceptado que es necesario que se pongan más recursos y ha emplazado a Clavijo a una próxima reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de esa financiación adicional que compense el gasto de Canarias en atender a unos 5.500 menores de edad extranjeros no acompañados.
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El presidente canario no ha tenido reparos en cargar también contra el principal partido de la oposición, con quien gobierna en coalición, criticando que se haya levantado de la mesa de negociación con el Ejecutivo central. En este sentido, Clavijo ha presionado por la necesidad de un acuerdo de país para la distribución de los menores entre las comunidades autónomas. No obstante, ha enfatizado que hasta que esto no se produzca “el Gobierno de España no puede estar ausente del drama migratorio, no puede usar como excusa que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas”. Ahora le toca a Canarias y a Ceuta, pero pronto podría intensificarse la llegada a Baleares o Andalucía y la respuesta debe ser de España como país, ha alertado Clavijo.

El Gobierno de España “tiene la obligación legal de aplicar la solidaridad”, tiene que “poner recursos y coordinar este fenómeno”, así como asumir sus “competencias inherentes” en inmigración y control de fronteras, al margen de la evolución de las conversaciones para cambiar la Ley de Extranjería, ha subrayado. En cuanto al reparto entre comunidades de los menores migrantes, Clavijo se ha mostrado conforme con el criterio de población, porque es un criterio objetivo, como puede ser el PIB per cápita, pero ha señalado que no se está hablando de plazas sino de financiación.

El presidente de Canarias ha insistido en que el tratamiento singular para Canarias no es sólo la modificación de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno de España, sino que entre tanto “el Estado no puede estar ausente”, tiene que estar presente con recursos económicos y colaboración porque se trata de menores extranjeros que tienen “una condición jurídica y personal específica”.