La lista de países europeos que exigen mano dura contra la inmigración ilegal está aumentando. Un total de diecisiete países entre – entre ellos Francia, Alemania e Italia- han pedido por carta que el Ejecutivo comunitario presente una nueva propuesta sobre los retornos de los inmigrantes ilegales, ya que consideran que el marco actual está obsoleto.
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Esta misiva, que se ha debatido por primera vez en una reunión este jueves en Luxemburgo por parte de los ministros de Interior de los Veintisiete, solicita agilizar los procesos de devolución y sancionar a aquellos inmigrantes que no colaboren en el proceso. Austria y Países Bajos han impulsado la redacción de esta carta, después que en el mes de mayo quince países europeos-impulsados por Dinamarca- pidieran que la tramitación de las solicitudes de asilo se realizaran desde centros fuera de las fronteras europeas como modo de evitar las llegadas. Este texto anterior, sin embargo, no contó con el apoyo del eje franco-alemán.
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España se opone a estas propuestas y cree que la solución estriba en agilizar la aplicación de la reforma del sistema de asilo que se aprobó hace unos meses y cuyas negociaciones se prolongaron durante seis años. “ Nosotros traemos la cuestión, evidentemente, como dijo el presidente del Gobierno, de la importancia de implementar el pacto a la mayor brevedad posible”, ha asegurado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska a su entrada a la reunión en una referencia al discurso del día anterior de Pedro Sánchez en el Congreso de los diputados.

El Parlamento Europeo dio la luz verde definitiva a este pacto de migración y asilo en el mes de abril, poco antes del término de la legislatura europea. Tras esta aprobación, los países europeos tienen dos años para integrar en su ordenamiento jurídico esta nueva legislación, pero España quiere adelantar esta fecha al verano del año que viene.

Francia y Alemania también han secundado esta iniciativa. “Para mí es prioritario aplicar lo más rápido posible el gran éxito europeo, es decir, el pacto de migración y asilo”, ha asegurado la titular de Interior alemana, Nancy Feaser. El nuevo ministro de Interior francés, Bruno Retailleau, también ha abogado por una puesta en marcha lo antes posible “en particular para los procedimientos de selección, examen e instrucción de los solicitantes de asilo”.
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Pero aquí terminan las coincidencias. París y Berlín creen que esto no es suficiente y que es necesaria una nueva legislación específica sobre los retornos que vaya mucho más allá de las normativa aprobada hasta el momento y no cierran las puertas que estas demandas de asilo puedan tramitarse en centros fuera de las fronteras europeas, al igual que ha hecho Italia en el caso de Albania. Retailleau ha asegurado que “no hay que descartar ninguna solución a priori” y ha defendido “soluciones innovadoras”.

España, sin embargo, cree que lo mejor es centrarse en poner en marcha la reforma de asilo negociada hace meses y rechaza que pueda adelantarse la aplicación de algunas partes del acuerdo. “Se tiene que poner en marcha en su integridad. Trocearlo no es la postura más adecuada para su efectividad real”, ha explicado el ministro. Marlaska también ha mostrado su malestar por la reintroducción de controles fronterizos en el espacio sin frontera Schengen, en una clara alusión velada a Alemania.

La Comisión Europea apoya que los países que así lo deseen agilicen la puesta en marcha de la reforma de asilo, pero no lo exige. Según ha recordado la comisaria de Interior, Ylva Johansson, 14 países han introducido ya cambios en los procedimientos en las fronteras. A pesar de esto, la comisaria ha reconocido que el marco ya pactado puede contener lagunas y por eso ha abierto la puerta a que el nuevo colegio de comisarios, que todavía no ha comenzado su andadura, presente nuevas iniciativas para incrementar el número de retornos. Sobre la posibilidad de poner en marcha centros fuera de las fronteras europeas para gestionar desde allí las demandas de asilo, la comisaria ha recordado que no existe todavía ninguna propuesta formal por parte del Ejecutivo comunitario. “Estamos haciendo mucho de nada”, ha asegurado. Según los datos de la Comisión Europea, este año se han reducido en un 40% las llegadas, si bien la demandas de asilo han aumentado.
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Resulta evidente que la aprobación de la reforma del pacto de migración y asilo tras seis años de largas negociaciones no ha conseguido calmar las aguas. El nuevo gobierno de ultraderecha los Países Bajos ha pedido negociar un opt- out (cláusula de exclusión) que le permita no cumplir con la normativa europea en materia de asilo y Hungría está dispuesta a seguir sus pasos, si bien esto implicaría una revisión de los tratados. Tras la salida de Reino Unido del club comunitario, tan solo Dinamarca disfruta de esta posibilidad.