Alia Azizi había trabajado como oficial de policía con el Gobierno afgano. Era jefa de la prisión de mujeres en Herat (Afganistán) desde 2019 hasta agosto de 2021, cuando los talibanes retomaron el poder. El 24 de agosto, recibió una llamada: el nuevo jefe del poder talibán de la prisión central de Herat le pidió que volviera a trabajar. Dos meses más tarde recibió otra llamada, pero nadie volvió a saber nada más de ella; desapareció después de recibir amenazas de muerte por parte de las familias de los prisioneros, cuentan sus familiares.

Alia Azizi era una de las 3.600 mujeres que, entre 2009 y 2021, Estados Unidos, Alemania, Japón y la Unión Europea apoyaron con millones de dólares en la construcción de instalaciones y la formación de reclutas femeninas en Afganistán. Su testimonio se recoge en el último informe publicado por la organización Human Rights Watch: “Double Betrayal: Abuses against Afghan Policewomen Past and Present”. En este informe realizado a través de 24 entrevistas, las mujeres que en su momento sirvieron como policías cuentan los abusos ejercidos por parte del gobierno anterior y la inseguridad que viven después de la toma del poder por parte de los talibanes.

Mientras estuvieron empleadas por el anterior gobierno, cientos de mujeres policía también sufrieron acoso y agresiones sexuales, incluidas violaciones, por parte de compañeros y supervisores varones a los que nunca se les exigieron responsabilidades. Antiguas y actuales mujeres policía de Afganistán y de países en los que se esconden o solicitan asilo describieron a la organización los continuos trastornos psicológicos y traumas relacionados con estos abusos pasados y su temor a sufrir represalias por parte de sus familias y de los talibanes.

“El jefe de policía del distrito fue a su casa por la noche y la violó. Su marido no estaba ese día”, cuenta una ex agente cuya identidad permanece oculta por protección: “Lloró delante de mí. Dijo que no podía presentar una denuncia oficial porque temía que su marido se divorciara de ella y perdiera la custodia de sus hijos”.

En los años previos al retorno talibán, muchas mujeres buscaban trabajar fuera del hogar, y entrar en la Policía Nacional afgana para tener un poco de autonomía, aunque eso tampoco las libraba de las resistencias familiares. Existía un cierto estigma asociado a la institución –sobre todo por parte de las comunidades más conservadoras– que imaginaba a las mujeres policías como “promiscuas sexualmente”, cuenta el informe. La poca educación que habían recibido durante su infancia junto con la falta de oportunidades laborales, las hacía particularmente vulnerables al abuso y, las continuas denuncias por parte de las víctimas, hacían que este estigma fuera en aumento. Por todo ello, muchas optaron por ocultar su empleo a sus familias.

Entre 2009 y 2010, Estados Unidos propició un aumento de sus tropas, entre ellas mujeres, en Afganistán. Sin embargo, dentro de la Policía Nacional afgana no se promovió ninguna reforma. “La corrupción era rampante dentro de la policía y el poder Judicial, y ambas instituciones tenían la reputación de una cultura de sobornos y abuso”, señala el informe.

Además de los abusos, la idea de ascender de su posición era un espejismo. El informe asegura que el 70% de las mujeres entrevistadas sufrieron abuso sexual por parte de sus compañeros y, según la organización, 33 mujeres policías dijeron que habían sido despedidas de su trabajo y que a 51 se les bloqueó el ascenso por negarse a tener relaciones sexuales con sus supervisores.

Un funcionario no identificado aseguró a la organización que “reclutar a más mujeres para unirse a la policía no iba a ayudar a abordar la violencia contra las mujeres cuando ellas mismas son abusadas por otros oficiales dentro de la fuerza”. Pese a que el Departamento de Género del Ministerio de Interior era el responsable de investigar estos abusos, algunos etiquetaban a este cuerpo como a una institución “simbólica”.

“No había nadie para proteger nuestros derechos”, cuenta otra testigo.

En las entrevistas que los investigadores de la UNAMA (Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán) llevaron a cabo en 2012, las mujeres policía dijeron que rara vez se quejaban oficialmente sobre acoso sexual y violencia sexual porque “sabían de la impunidad de la que gozaban los altos oficiales masculinos y temían la estigmatización que sufrirían y el riesgo de perder sus trabajos”. Aquellas que se sentían coaccionadas a aceptar tener sexo a menudo lo hacían ante la preocupación de ser castigadas por los oficiales masculinos.

En los meses posteriores a que los talibanes tomaran el poder en Afganistán en agosto de 2021, sus fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos de venganza dirigidos a aquellos funcionarios que habían sido parte de las fuerzas de seguridad del gobierno anterior.

HRW documentó 47 de estos asesinatos y, por su parte, la ONU documentó 218 ejecuciones extrajudiciales de ex oficiales del ejército, la policía y el servicio de inteligencia, y 14 casos de desapariciones forzadas, la mayoría en los primeros meses después de la toma del poder.

Aunque el número de mujeres en las fuerzas de seguridad era menor, éstas han sido especialmente vulnerables. Las pocas que han vuelto a trabajar aseguran que los talibanes las tratan con sospecha, como si estuvieran bajo investigación, y les exigen los números de teléfono de sus antiguos colegas. Además, también se enfrentan a amenazas adicionales de miembros de la familia.

“El estrés era real porque algunas de nuestras compañeras fueron encontradas muertas, aunque sigue siendo incierto si los talibanes fueron responsables o si tenían problemas relacionados con la familia”, explica una ex policía a la organización. Otras, como le sucedió a Alia Azizi, aseguran haber recibido llamadas telefónicas amenazantes.

Desde la toma de control de los talibanes en agosto de 2021, los gobiernos extranjeros han acogido a varios miles de afganos que trabajaban para el gobierno anterior, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación financiados por los países donantes. Sin embargo, según el informe, “estos representan solo una fracción de aquellos en riesgo en Afganistán que necesitan reasentamiento”.

Incluso antes de la toma de poder por parte de los talibanes, EEUU implementó el programa de Visas de Inmigrante Especial para miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno anterior que trabajaron con las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, entre 2016 y 2021 este programa estuvo prácticamente estancado, y en marzo de 2024, 130.000 solicitudes seguían sin procesar.

El informe también denuncia el “historial deficiente en el reasentamiento de afganos” de la Unión Europea y sus estados miembros. Según el Comité Internacional de Rescate, más de 250.000 refugiados afganos necesitaban reasentamiento en 2023. Sin embargo, solo 329 fueron reasentados dentro de la UE.

Si bien 13.000 afganos fueron acogidos a través de evacuaciones de emergencia en 2021, muchos permanecen en campamentos de refugiados en Grecia u otros países. En ese sentido, la organización asegura que la UE no ha sido capaz de “proporcionar vías hacia un reasentamiento sostenible”, lo que supone que muchas familias se sometan al periplo migratorio irregular con el fin de obtener el asilo político.

Una mujer ex policía y víctima de amenazas telefónicas explica que, poco después de la toma de poder por parte de los talibanes, ella y su familia trataron de llegar a Irán por carretera. Al no tener visados, escaparon, fueron detenidos y deportados de regreso a Afganistán. De vuelta a casa, decidieron vender todas sus pertenencias para poder pagar las tarifas y, al fin, obtener un visado iraní a través de un intermediario. Con la intención de llegar a EEUU, la mujer solicitó otro visado para Brasil, donde residió durante 9 meses sola. “Pagué 3.500 dólares por los billetes, crucé 11 países y llegué a EEUU. Solicité asilo, y me concedieron el estatus de refugiada. Ahora, estoy tratando de traer a mi familia”, cuenta la mujer que, finalmente, llegó a su destino tras cruzar por el Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas entre Colombia y Panamá.

“La opresión de mujeres y niñas por parte de los talibanes golpea doblemente a las ex policías. Los gobiernos que financiaron y formaron a mujeres en las fuerzas policiales afganas también deben presionar a los talibanes para que pongan fin a todos los abusos contra mujeres y niñas”, afirma Fereshta Abbasi, investigadora de Afganistán de HRW.

Pese a que muchas ex policías han logrado escapar a los países vecinos, la mayoría de las entrevistadas declararon sufrir trastornos y traumas psicológicos a largo plazo por los abusos sufridos antes y después de la toma. Sobre todo, por no haber encontrado un “apoyo psicosocial adaptado a sus necesidades”, denuncia el informe.

HRW pide a los talibanes que “pongan fin a todo el acoso y las amenazas contra las ex policías y otras personas que trabajaron para el anterior gobierno e investiguen de forma creíble los incidentes de violencia”. Sin embargo, también pone énfasis en el deber de los países que anteriormente habían apoyado los programas.