La migración es siempre uno de los temas más divisivos de la UE. E incluso ahora, con un endurecimiento generalizado de las posiciones que lleva a países gobernados por la extrema derecha a pedir descolgarse de las normas comunes, la tensión vuelve a sentirse en las capitales europeas. El cierre de fronteras de lugares como Alemania para blindarse frente a los inmigrantes genera rechazo en otros, como Grecia, que son países de primera entrada. También se ha reabierto el debate sobre las deportaciones, con una visión mayoritaria de estados miembros que apuestan expulsar a las personas sin papeles a terceros países con los que no tienen ningún tipo de arraigo, además de acelerar los trámites e incluso expulsar a centros fuera de la UE a los solicitantes de asilo. Y, con ese panorama, España, Alemania y Francia han alzado la voz para reclamar que la implementación del Pacto de Migración y Asilo, prevista para el verano de 2026, se adelante. 

Ese fue uno de los mensajes que dejó Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso el miércoles, convocada para abordar la migración, pero que el PP empañó hablando de ETA. “Nuestra voluntad es que esa implementación sea inmediata”, reiteró este jueves el ministro del Interior a su llegada a una reunión con sus homólogos en Luxemburgo. 

El mensaje también lo lanzaron los ministros de Alemania y Francia (el italiano no acudió a la cita). “Voy a conceder gran importancia a la aplicación del Pacto de Asilo y Migración lo antes posible, e incluso antes si es posible. Se trata de una cuestión fundamental, sobre todo para los procedimientos de selección y examen de los solicitantes de asilo”, expresó en su estreno Bruno Retailleau, del ala más dura del conservadurismo francés. “Estamos dialogando muy estrechamente con la Comisión sobre si podríamos incluso adelantar las disposiciones del pacto. Creo que sería realmente bueno que pudiéramos ponerlo en práctica lo antes posible”, apuntó la germana Nancy Faeser. 

Y ahí emergen las primeras disonancias más allá de países como Holanda o Hungría que no quieren siquiera que se ponga en marcha o de Suecia que no ve “realista” la aceleración. Pero dentro de los que quieren avanzar más rápido, la divergencia surge en el momento de establecer por dónde empezar. Mientras Francia o Alemania ponen el énfasis en lo que tiene que ver con el control de fronteras, el Gobierno español ha advertido de que el pacto debe implementarse en su conjunto para evitar que aspectos como el reparto de las cuotas de refugiados, que es más polémica, quede fuera. 

“El pacto tiene que ser en su integridad. Trocear el pacto no es la posición más adecuada para la efectividad real del mismo. Es un conjunto, más de nueve reglamentos y una directiva, pero que obedecen a un mismo espíritu que es una política de migración y asilo con responsabilidad compartida y solidaridad”, ha señalado Marlaska, que ha acudido a Luxemburgo acompañado de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha asegurado que se trata de una  “declaración de intenciones”. “Concebimos la política migratoria no solo desde la seguridad en fronteras sino también desde el punto de vista humanitario”, ha señalado Saiz, que ha hablado de las fórmulas de inclusión con los ministros de Interior de Malta y Grecia, así como con la comisaria saliente, Ylva Johansson.

La comisaria dio la “bienvenida” a los países que decidan implementar las reglas antes de tiempo y recordó que catorce estados miembros ya lo han hecho en el caso de las medidas sobre fronteras. Por el contrario, el ministro húngaro echó un jarro de agua fría al asegurar que el “plazo general” para la aplicación del pacto es 2026.

La implantación de controles fronterizos dentro del espacio Schengen es otro de los asuntos que ha tensionado a los países de la UE. “Nos preocupa”, ha admitido Marlaska. “Tenemos que tener cuidado porque no tener controles es más productivo, estimula la economía, tenemos que estar seguros de que no haya abuso de los controles”, ha dicho la ministra belga, Annelies Verlinden. Esos controles y la devolución de personas migrantes de países como Alemania a otros de entrada, como Grecia, genera suspicacias en los segundos.

España también se ha quedado en minoría respecto a la posición de una mayoría de estados miembros que apuestan por endurecer los retornos de personas migrantes sin papeles. 17 países europeos suscribieron un documento en el que apuestan por un “cambio de paradigma” que contemple incluso castigos. “La no cooperación debe tener consecuencias y ser sancionadas”, recoge el texto. El borrador de las conclusiones del Consejo Europeo contempla una alusión a una nueva regulación de los retornos que sustituya a la vigente de 2008 y que actualice la que la Comisión Europea presentó en 2019, pero que no se ha acordado con el Parlamento Europeo. 

“Estamos trabajando en la implementación del Pacto de Migración y Asilo, es una de las prioridades. Ahí está la normativa respecto a los retornos, cómo deben materializarse. Tenemos la normativa, implementémosla”, fue la respuesta de Marlaska al documento discutido en la reunión de ministros de Exteriores que apuntaba a la posibilidad de expulsar a los migrantes sin papeles a terceros países distintos a los de origen.

“El objetivo principal de la política de retorno consiste en que se tomen decisiones de una manera más rápida en el marco legislativo actual. Esto aumentará la seguridad pública”, dijo el ministro húngaro, a quien corresponde pilotar las negociaciones como presidencia del Consejo de la UE, en la rueda de prensa posterior a la cita de los ministros en la que aprovechó para vincular la migración con la “delincuencia”.

Todos los pasos conducen a una mayor dureza de los procesos. La UE tiene abierto el debate sobre la externalización de los procesos de gestión de asilo y quince países han secundado el modelo que Italia ha acordado ya con Albania para crear centros de detención de migrantes en ese país mientras se tramitan las solicitudes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la puerta a implementar ese modelo durante la campaña electoral. 

Fuentes gubernamentales aseguran que sus interlocutores han puesto a España como un modelo de gestión. España, junto Italia y Grecia, es uno de los países con más presión migratoria de entrada. Preguntado por la posibilidad de reclamar más ayuda a Bruselas, y en concreto a Frontex, que es una crítica que le hace el PP a Marlaska, el ministro ha asegurado que es “permanente”, con efectivos desplegados en Canarias, y ha apuntado a que lo que España necesita es ayuda para evitar que las personas salgan al Atlántico. 

“Siempre hemos pedido a Frontex que cierre acuerdos con los países de origen y tránsito, como Mauritania y Senegal para poder cooperar con ellos, como hacemos de manera bilateral en la protección de las fronteras”, ha explicado el responsable de Interior.