K.G. era pescador en Mbour, al sur de Senegal, su país natal. La llegada de buques pesqueros empeoró sus condiciones de trabajo. “El mar no tenía pescado”, recuerda. Un día decidió embarcarse en un viaje improvisado hacia Europa. En noviembre de 2020, sin avisar a su familia, K.G. agarró 600 euros que había ahorrado tras años de trabajo y se subió a un cayuco con destino a Canarias. Lo que le pasó después marcó su vida para siempre.

Este joven aficionado al deporte recuerda que durante nueve días de travesía tuvieron que enfrentar un duro oleaje. Durante algunos momentos, K.G. sostuvo el timón e intentó estabilizar el cayuco. ¿Por qué lo hizo? “Para salvar mi vida y la de los demás”, explica. Al llegar a Tenerife fue detenido y acusado de ser el capitán de la embarcación. Pasó un año y medio en prisión preventiva y aislado. Apenas tuvo contacto con su abogada de oficio, quien le aconsejó declararse culpable y firmar un acuerdo de conformidad. La letrada le dijo que no tenía otra opción y le prometió que firmando vería reducida su condena. K.G., que ahora tiene 27 años, hizo caso a su abogada. “Me dijeron que solo tendría que cumplir seis meses más, pero era mentira”, asegura. “Pasé tres años en prisión siendo inocente, tres años sin culpa”, afirma.

Lo que vivió K.G. no es un caso aislado. Desde 2018, más de 300 jóvenes africanos han sido procesados en los juzgados canarios acusados de organizar o dirigir embarcaciones de migrantes. Abogados, fiscales, jueces, agentes de policía y fuentes con acceso a las cárceles dan cuenta de una amplia lista de defectos en los procesos judiciales que terminan llenando las cárceles españolas de jóvenes que podrían ser inocentes. Esta investigación profundiza en el caso de seis chicos de Gambia, Senegal y Costa de Marfil que enfrentaron juicios y que en varios casos fueron encarcelados sin pruebas ni testigos en contra, o con testigos coaccionados. Estos jóvenes se declaran inocentes. Varios afirman haber sido presionados para asumir penas desproporcionadas, sin entender las implicaciones legales de hacerlo. Otros aseguran que fueron engañados y no tuvieron derecho a una defensa real y efectiva. Todos piden mantener el anonimato. Fuentes de la Fiscalía canaria explican que estos castigos no buscarían impartir justicia, sino “ser ejemplarizantes” para desalentar a otros jóvenes con aspiraciones a llegar a territorio europeo.

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Los acuerdos de conformidad como el que firmó K.G. son una práctica habitual en los juicios contra migrantes africanos acusados de facilitar la inmigración irregular. Numerosos abogados han criticado abiertamente este procedimiento. El 75% de los jóvenes con situaciones similares a la de K.G. ceden a las presiones y firman la conformidad, declarándose culpables. Sin embargo, más de la mitad (53%) de los que se niegan y deciden ir a juicio finalmente son absueltos. Así lo certifican los datos recopilados durante años por el abogado Daniel Arencibia, experto en extranjería. Esta investigación accedió y analizó más de 500 expedientes judiciales recopilados por este abogado canario.

Cadena de fallos, condena al migrante
En una pequeña sala de la Audiencia Provincial de Tenerife, dos magistrados y una jueza presiden la larga mesa que hace de estrado. A un lado está el fiscal y al otro, la abogada de la defensa. Frente a ellos se encuentra en pie L.N., un chico de Gambia, y junto a él un intérprete de lengua wolof. Es la primera semana de julio pero en la sala no hay ventanas y el aire es denso debido al calor y la humedad. Este joven está acusado de facilitar la inmigración irregular y se enfrenta a cinco años de cárcel.

El juicio transcurre con aparente normalidad. Primero la jueza expone los cargos de los que se acusa a L.N. y después la letrada de la defensa narra las irregularidades en torno al caso construido contra este joven y pide anular las actuaciones policiales. Mientras tanto, uno de los magistrados parece ajeno a todo y mantiene la mirada clavada sobre su teléfono, revestido de una llamativa carcasa azul turquesa.

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Finalmente, L.N. fue absuelto de todos los cargos de los que estaba acusado, pero los tres meses que pasó en prisión preventiva dejaron huella en él.

La prisión preventiva es un eslabón clave de la cadena de agravios que lleva a muchos jóvenes migrantes a prisión. Los testimonios recabados por esta investigación coinciden: cuando están entre rejas, aislados, en un entorno cuyo idioma no entienden y bajo el peso de la incertidumbre, lo único que estos jóvenes desean es recuperar la libertad lo antes posible, llegando a declararse culpables aunque sean inocentes.

Una de las personas que mejor conoce esta dinámica es Loueila Ndiaye, abogada que ejerce en Canarias y está especializada en extranjería y derecho penal. La prisión provisional “actúa como una condena anticipada”, explica esta letrada. “El efecto es que la persona me diga que da igual, que solo quiere conformarse porque cuanto antes se conforme antes va a empezar a liquidar condena”, afirma.

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Los juicios contra estos chicos son especialmente lentos. Las cárceles canarias tienen un problema de sobrepoblación y esto, sumado a la falta de personal penitenciario, se traduce en largas esperas cuando estos jóvenes quieren comunicarse con su abogado o un familiar. La misma fuente penitenciaria que facilita esta información enumera otras trabas que agravan el aislamiento de estos jóvenes migrantes. Por ejemplo, los reos deben aportar el contrato telefónico de la persona a la que quieren llamar. Esto a veces resulta imposible para chicos procedentes de África porque a menudo sus familias viven en zonas remotas y solo pueden comunicarse a través de WhatsApp. La abogada Sara Rodríguez afirma que la situación ha empeorado recientemente. Por ejemplo, si el recluso desea cambiar de representante legal, debe presentar una solicitud. Pero, debido a la saturación que sufren las prisiones, estas solicitudes a menudo no se procesan a tiempo. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias afirma que el personal penitenciario evalúa situaciones de vulnerabilidad y coordina con entidades del Tercer Sector para asegurar que las personas ingresadas en prisión puedan comunicarse con el exterior.

La cadena de fallos empieza más atrás en el tiempo y el espacio. Nada más llegar un cayuco, la ley establece que la Policía Nacional puede retener a los recién llegados, durante un máximo de 72 horas, dentro de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) antes de ponerlos a disposición judicial o enviarlos a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Durante ese periodo, los agentes de la Policía y de Frontex interrogan sistemáticamente a los migrantes, a menudo sin abogados ni intérpretes presentes, para intentar identificar a los presuntos responsables de la embarcación. El Defensor del Pueblo ha denunciado en reiteradas ocasiones estas actuaciones por su falta de garantías.

Llegada de cayuco a Puerto de Los Cristianos, Tenerife con turistas al lado que van a bucear
Llegada de cayuco a Puerto de Los Cristianos, Tenerife con turistas al lado que van a bucear. — Ngone Ndiaye
“La Policía consigue dos testigos durante unas entrevistas en las que aún no han llegado los abogados; no sabemos qué se ha dicho, cómo se ha dicho ni en qué circunstancias”, explica la abogada Loueila Ndiaye. “Siempre se busca a un responsable, y, para castigarlo penalmente, se necesita que otros lo señalen […]. Es increíble lo que se puede conseguir con esto”, añade.

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I.O., procedente de Costa de Marfil, recuerda que un agente de Frontex se acercó a él con el pretexto de facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas. Este chico fue rescatado junto a su hija tras 17 días a la deriva. En el trayecto fallecieron su esposa y su otra hija. El joven marfileño se percató de que el agente europeo portaba dos teléfonos móviles que le resultaban familiares: eran el suyo y el de su esposa. “Me dijo que quería hacer preguntas sobre el trayecto para que la búsqueda de las personas fuese más fácil”, recuerda. Horas después la conversación tomó otro rumbo. “Tenía que señalar quién era el capitán del barco o me iban a separar de mi hija; así empezaron”, afirma.

El joven salió del despacho sin pedir permiso y justo entonces “vi a la derecha todo el contenido de mi móvil descargado en la pantalla”, recuerda. En ese momento supo que sus respuestas iban a ser utilizadas para acusarle de ser el patrón de la embarcación. Frontex asegura que sigue un protocolo estricto para acceder a teléfonos móviles y dice que el objetivo de sus interrogatorios es obtener información sobre las rutas migratorias. Según la agencia, las entrevistas que se realizan en las primeras 72 horas son totalmente voluntarias y anónimas. Por su parte, la Policía Nacional no respondió a las preguntas planteadas por esta investigación.

La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional resolvió que los audios del teléfono de I.O. no estaban relacionados con los hechos que se le imputaban: favorecimiento de la inmigración irregular. No obstante, este joven marfileño sigue esperando el dictamen del tribunal y todavía teme ser encarcelado. Hasta que no haya sentencia, este chico no podrá iniciar los trámites para conseguir un permiso de residencia. El único testigo que participó en el juicio, a petición de la Fiscalía, negó que I.O. fuera el capitán de la embarcación, tal y como consta en el auto judicial.

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El 95% de los testigos que presenta la Fiscalía no llegan a comparecer en los juicios. Los procesos son lentos y cuando llega la hora de declarar, la mayoría ya se ha ido de las islas. Varios abogados que defienden a migrantes denuncian que esto impide cuestionar sus declaraciones y verificar si existieron presiones policiales durante sus testimonios iniciales. Generalmente, las declaraciones tomadas el día de la llegada se tramitan posteriormente como una prueba preconstituida y se reproducen en vídeo durante el juicio. Estos testimonios suelen ser la única prueba de cargo que sustenta las condenas. Los fallos en el sonido e imagen de estas grabaciones también son habituales.

Los jóvenes migrantes entrevistados para esta investigación y sus abogados, así como varias fuentes judiciales, afirman que los tribunales tienden a admitir sólo aquellas pruebas que favorecen a la acusación, ignorando las exculpatorias. Cuando se trata de jóvenes migrantes procedentes de África, quedan en entredicho el derecho a defensa, un principio fundamental del derecho penal, y la presunción de inocencia.

K.G., el joven con el que arranca este reportaje, asegura que vivió todo esto en el juicio que le condenó y le envió a prisión. La Fiscalía le acusó de favorecer la inmigración irregular y citó a cinco testigos, de los que cuatro afirmaron que K.G. no era el capitán. El quinto, un chico de Mali, afirmó que durante el viaje vio a K.G. coger el timón. El tribunal sólo tomó en cuenta este último testimonio incriminatorio.

En España el “favorecimiento de la inmigración irregular” está penado con entre cuatro y ocho años de cárcel, según el artículo 318 bis del Código Penal. La legislación contempla condicionantes atenuantes cuando, por ejemplo, no hay ánimo de lucro o existen razones humanitarias. Sin embargo, la Justicia en Canarias “es más severa y estricta”, afirma la abogada Loueila Ndiaye. “Nosotros lo sabemos, y sabemos que quienes se benefician de la vida de las personas migrantes no vienen en una embarcación, no se juegan la vida”, destaca esta letrada.

Teseida García García, fiscal encargada de extranjería a nivel autonómico, afirma que las penas que pide la Fiscalía dependen de la gravedad del delito y que el subtipo atenuado se aplica siempre que haya pruebas suficientes para justificarlo. Además, asegura que las pruebas preconstituidas de testigos se recogen cumpliendo todas las garantías legales.

En Canarias el subtipo atenuado sólo se aplica cuando el acusado acepta un acuerdo con la Fiscalía. Si el migrante decide ir a juicio para defender su inocencia, la Fiscalía pide penas de hasta ocho años de cárcel. En procedimientos similares en otras regiones españolas, el Ministerio Fiscal pide entre dos y cuatro años de prisión. En Canarias las penas son más altas incluso cuando se aplica el subtipo atenuado, según refleja la base de datos elaborada por el abogado Daniel Arencibia. En otras comunidades autónomas las condenas de prisión inferiores a dos años contra personas no reincidentes no suponen el ingreso en prisión, pero la Fiscalía canaria pide como mínimo tres años de cárcel. Son condenas “ejemplarizantes”, según una destacada fuente de la Fiscalía canaria. Prisión asegurada.

La barrera del idioma es otro de los obstáculos que perjudican a estos jóvenes africanos y aumenta sus posibilidades de terminar en la cárcel por delitos que no cometieron. Abogados y víctimas de esta situación destacan la estrecha relación de algunos intérpretes con los agentes de policía y denuncian que, en algunos casos, presionan a los inmigrantes para inventar chivos expiatorios o para presionar y conseguir que algunos migrantes se autoinculpen.

K.G., condenado a tres años de cárcel, recuerda que su intérprete, Awa Ndiaye, le aconsejó guardar silencio en todo momento. “Sé que si ese día hubiera dicho que yo no era el capitán, me habrían liberado, pero confié en ella”, recuerda. Otro senegalés, M.N., de 39 años, afirma que vivió una situación similar con esta intérprete. En la misma línea se expresa I.O., que también tuvo a Awa Ndiaye como traductora. Este joven marfileño también dice que ella le pidió guardar silencio. “Mi intuición es que ella, más que traducirme, me presionaba; me dijo que si no señalaba al capitán, me señalarían a mí […]; el policía ya había terminado de hablar, pero ella seguía diciendo cosas”, recuerda. Estos dos jóvenes conocieron a otros chicos migrantes en la cárcel que también tuvieron problemas con la intérprete Awa Ndiaye.

M.N. vende bolsos artesanos hechos con cartones de leche en la playa de Los Cristianos, frente al puerto donde llegó en cayuco.
M.N. vende bolsos artesanos hechos con cartones de leche en la playa de Los Cristianos, frente al puerto donde llegó en cayuco. — Cedida por M.N
Awa Ndiaye no es una intérprete cualquiera. Se trata de una persona destacada en las islas y bien conocida en los juzgados y comisarías de Canarias. Incluso ha sido condecorada por la Policía Nacional por su “colaboración activa” con esta institución. Durante una entrevista en una cafetería cerca de la Comisaría de Adeje, esta mujer, senegalesa y presidenta de la Asociación de Senegaleses DIAPO en Tenerife, reconoce ser “la mimada de la Policía” aunque niega las acusaciones en su contra. “Piensan [los migrantes] que por ser senegalesa debo estar de su lado, pero no, yo estoy del lado de la Justicia”, afirma.

Devastación familiar en la otra orilla
A los 14 años M.K. soñaba con terminar sus estudios en Europa. Todas sus solicitudes para conseguir un visado de estudiante fueron rechazadas. Fue entonces cuando, sin avisar a su familia, decidió subir a un cayuco. Al tercer día se quedaron sin agua y el fuerte oleaje destrozó parte de la embarcación, que comenzó a inundarse. Las autoridades marroquíes los interceptaron y fue obligado a caminar hasta Dajla (Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí), donde trabajó casi un año en una fábrica de pescado. Con ayuda de sus padres, logró reunir 900 euros y volvió a lanzarse al mar.

Playa donde a veces pescaba M.K., en Joal, Senegal.
Playa donde a veces pescaba M.K., en Joal, Senegal. — Ngone Ndiaye
Este joven llegó con 16 años a la isla de Fuerteventura en 2023. Durante el trayecto, dos hombres lo extorsionaron y le exigieron dinero bajo la amenaza de acusarlo de ser el capitán de la embarcación. M.K. no cedió al chantaje y nada más llegar fue inculpado como patrón y enviado a prisión provisional. Las autoridades no le reconocieron como menor de edad.

Durante tres meses M.K. estuvo aislado y sin poder avisar siquiera a sus seres queridos de que estaba vivo. En Joal-Fadiouth, una tranquila localidad de la conocida como “Pequeña Costa senegalesa”, la familia de M.K. revive la angustia de esos días. Supieron que el joven no había muerto gracias a la ayuda clandestina de un funcionario español. Actualmente M.K. se enfrenta a una posible condena de entre cuatro y cinco años de prisión, en una acusación que se basa solo en el testimonio de los dos hombres que le chantajearon a bordo del cayuco.

Gente esperando a ser atendidos para solicitar cita en la embajada y obtener un visado.
Gente esperando a ser atendida para solicitar cita en la embajada y obtener un visado. — Ngone Ndiaye
El encarcelamiento de jóvenes migrantes en España también es un duro revés para sus familias. El aislamiento afecta su salud emocional. En Pirom, un pequeño asentamiento en el centro de Senegal, la familia de K.G. se reúne en un cuarto para compartir noticias. Para llegar hasta aquí hay que atravesar un laberinto de caminos de tierra que se vuelven intransitables con la lluvia. Sin electricidad ni agua corriente, el asentamiento enfrenta las dificultades propias del aislamiento.

Entrada Koungheul, la ciudad más cercana al pueblo de K.G.
Entrada a Koungheul, la ciudad más cercana al pueblo de K.G. — Ngone Ndiaye
La familia de K.G. dio la voz de alarma al ver que el joven no regresaba para el Gamou, la noche en la que se celebra el nacimiento del profeta Muhammad. Nadie sabía que había emprendido el viaje hacia Europa. Los primeros seis meses tras su partida estuvieron marcados por la incertidumbre. Aunque había llegado sano y salvo, K.G. no tenía forma de comunicarse con sus seres queridos. Un día un funcionario de la cárcel de Tenerife II le prestó su teléfono móvil y pudo hablar con su hermano. Tras ser condenado, K.G. fue trasladado a la cárcel de Topas, en Salamanca, donde cumplió el resto de su castigo. K.G. insiste en su inocencia. Actualmente vive en Tenerife y trabaja, sin contrato, como portero.

La familia de K.G. sigue en Senegal y depende en gran medida de las remesas que él envía desde España. Durante su estancia en prisión, K.G. no pudo mandarles nada. Ahora que ha comenzado a trabajar, envía dinero con frecuencia. Sus padres lo describen con orgullo como un joven trabajador que se esfuerza por su familia. Sin embargo, para K.G., el proceso aún no ha terminado: “Me comí tres años preso, sin ser culpable. Tres años. Ahora salimos y no podemos pedir la residencia porque tenemos antecedentes. Es una putada”.