Cualquier estadística seria constata que la inmigración no es un problema en España. Ni siquiera lo es la inmigración irregular, la que más atención mediática recibe pero que supone un porcentaje muy minoritario respecto a la regular. Pueden darse problemas puntuales como en cualquier situación de convivencia entre diferentes, pero ningún estudio riguroso eleva el fenómeno a la categoría de crisis. Lo que sí se está convirtiendo en un problema social y político es la percepción que los ciudadanos tienen del fenómeno migratorio. Esto explica que haya escalado varias posiciones entre las preocupaciones de los españoles, como muestran la última encuesta de 40dB para EL PAÍS y la SER o el barómetro del CIS.

El aumento de la percepción de la inmigración como problema es directamente proporcional al uso irresponsable que la nueva y vieja ultraderecha hace de este asunto ―al que convierte en una diana permanente― y el efecto arrastre que provoca entre los conservadores clásicos. Es una peligrosa realidad política de todo el mundo occidental, pero ayer el Congreso de los Diputados vivió un pleno en el que quedó patente esa distorsión.

Pedro Sánchez comparecía forzado por el PP para hablar de su política migratoria tras meses de tensión entre Gobierno y oposición por la perentoria situación de los menores no acompañados en Canarias y su necesario reparto entre el resto de las comunidades autónomas, una medida que los populares siguen bloqueando. El caso de los menores en Canarias es una derivada dramática para estos niños y jóvenes y una situación de angustia para la administración autonómica, pero representa una realidad mínima y puntual en el gran debate de las migraciones.
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Pese a imponer el tema del pleno, Alberto Núñez Feijóo dedicó su presencia en el hemiciclo y en su tribuna a intentar taponar un asunto interno de su partido: la grieta de credibilidad abierta en sus filas por la negligencia de los populares en la tramitación de la reforma legal sobre la convalidación de las condenas a varios presos de ETA para cumplir con una norma de la Unión Europea. La sonrojante manipulación del terrorismo por parte de Feijóo alcanzó las cimas de la ignominia cuando su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, exhibió la fotografía de una docena de miembros del Partido Socialista asesinados por la banda terrorista. No quedan ya líneas rojas que traspasar en la exhibición pública de la instrumentalización de las víctimas. Varios familiares de socialistas víctimas de la banda salieron públicamente a pedir respeto.

No sabemos si toda la sobreactuación que contemplamos ayer sirvió para calmar el incendio en el PP y en su amplio universo mediático nacional y autonómico, pero lo que dejó en evidencia es que una cuestión tan trascendental como abordar de forma ordenada y segura la llegada de inmigrantes merece algo más que al líder de la oposición tratando de enjuagar en el Parlamento los errores de su partido.

Centrado en el tema para el que lo había convocado la oposición, Pedro Sánchez negó que en un país de emigrantes como España haya que copiar la experiencia de otros. “Somos hijos de la emigración, no vamos a ser padres de la xenofobia”, dijo. Y subrayó la necesidad de que no solo España sino toda la UE tiene de recibir a inmigrantes para compensar la caída demográfica y sus implicaciones económicas y laborales. Trascendiendo esta habitual tesis economicista sobre los beneficios de las migraciones, Sánchez pronunció un discurso —inédito entre los mandatarios de esta parte del mundo— proteccionista hacia los derechos de los migrantes frente al punitivismo acostumbrado en la mayoría de los países. Muchas veces, lamentablemente, en la propia España y desde su propio Ejecutivo.

El presidente del Gobierno anunció un plan nacional de integración y convivencia intercultural para tratar de garantizar a la vez la cohesión y la diversidad. Afirmó que el próximo mes llevará al Consejo de Ministros, además de ese plan, el nuevo reglamento de extranjería y otras medidas, como la puesta en marcha de 6.000 plazas más de acogida y un nuevo programa de migración laboral. Además, solicitará a Bruselas el adelanto de la entrada en vigor del pacto europeo de migración y asilo para que sus herramientas en materia de control fronterizo y de reparto de migrantes comiencen a usarse en el verano del año 2025, y no en el de 2026 como está previsto.

Habrá que seguir con atención el desarrollo de esos planes a partir de ahora, porque demasiadas veces la complejidad e imprevisibilidad del fenómeno, la actitud de otros países con los que es inevitable negociar y la urgencia por resolver problemas puntuales dan al traste con los grandes discursos. El punitivismo y las fórmulas estrictamente securitarias son las que tiñen, por ejemplo, el acuerdo entre el PP y el Gobierno canario firmado hace un mes, la única propuesta que Feijóo puso ayer sobre la mesa. Sánchez quiso contrastar ayer dos modelos, dos maneras de enfrentarse al desafío de las migraciones. El objetivo se cumplió a medias porque la mitad del hemiciclo estaba a otra cosa.