El aumento de los costes, tanto de las materias primas como de los servicios generales y los regulados por la administración, se ha convertido junto a la escasez de mano de obra en uno de los dos problemas que amenaza el plan para levantar 184.000 viviendas públicas lanzado por el Gobierno, según la Confederación Nacional de Construcción (CNC).

En un encuentro con la prensa, su presidente, Pedro Fernández Alén, ha cifrado en 700.000 trabajadores -“la cifra podría quedarse corta”- el déficit de fuerza laboral para poder levantar todas estas viviendas. Si antes de la Gran Recesión había 2,7 millones de trabajadores en el sector, ahora hay 1,4 millones, insuficiente para alcanzar “el ritmo óptimo de 150.000 viviendas al año”.

Los constructores reclaman entre otras cosas regularizar inmigrantes y atraer trabajadores del exterior para atender este déficit. Se trata “tanto de regularizar los irregulares como traerlos de fuera” porque “nos estamos quedando sin mano de obra”, ha señalado. Es necesario “dar formación y arraigo aquí”, para “luchar contra la economía sumergida”, ha añadido sobre las regularizaciones.

La CNC también es partidaria de impulsar “convenios de doble nacionalidad” con otros países para resolver esta “dificultad importante”. “Las grandes infraestructuras como las de Adif no se van a quedar sin mano de obra, pero en la construcción privada ya se están dando plazos para muy lejos”, ha añadido.

Los costes generales llegan a equivaler al 24% del contrato
Una de las grandes denuncias de la CNC es el aumento en cerca del 50% de los costes generales de la construcción, que oscilan entre el 14% y el 21% de los totales y que se deben a las numerosas cargas regulatorias y administrativas impuestas en los últimos años. El pago de salarios forma parte de esta categoría.

En los últimos años ha surgido una veintena de nuevas exigencias regulatorias que van desde los sistema de protección de datos personales hasta los registros de jornada, pasando por los canales de denuncia, la trazabilidad de los residuos de la construcción, las normativas medioambientales o la normas de adaptación a la responsabilidad social corporativa.

Los constructores indican que la ley solo les permite repercutir estos costes hasta lo equivalente al 13% del valor del contrato. Según indican, es posible elevar este porcentaje al 17% sin necesidad de un cambio legislativo, y es lo que ya están reclamando a varios ministerios.

La CNC también denuncia el elevado número de licitaciones que se quedan desiertas y la ausencia de un sistema que equilibre financieramente los contratos. Reclama además que, al abordarse la eventual reducción de la jornada laboral, se tengan en cuenta las particularidades del sector de la construcción.

Sobre el aumento del coste de los materiales, asegura que entre 2020 y 2021 subieron tanto como entre 2007 y 2020.