En los últimos meses, miembros del Gobierno vienen trasladando en privado que España teme “un volantazo” de la política común Europea sobre inmigración que pueda dejar en papel mojado el ansiado pacto europeo de migración y asilo que tanto esfuerzo supuso sacar adelante. Este miércoles, aunque de manera velada, ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha verbalizado ese temor, en un contexto en el que las fuerzas de ultraderecha ganan cuotas de poder en los países vecinos, al anunciar que pedirá a la Comisión Europea adelantar un año —del verano de 2026 al de 2025— la entrada en vigor del acuerdo europeo, que recoge la solidaridad obligatoria entre socios para redistribuir a los migrantes que llegan a las fronteras sur del continente. Pero antes, Sánchez cree que debe acudir a Bruselas con los deberes hechos, por lo que ha insistido a la oposición a reformar la ley con la que establecer también un reparto obligatorio entre comunidades autónomas de los menores migrantes sin amparo familiar.

Pedro Sánchez da cuenta en el Congreso de las medidas adoptadas para hacer frente a la presión migratoria. (EFE)
Pedro Sánchez da cuenta en el Congreso de las medidas adoptadas para hacer frente a la presión migratoria. (EFE)
Sánchez ha recordado que el reto demográfico es un desafío al que se enfrentan todos los países desarrollados, que se está abordando con dos herramientas: los nacimientos y las migraciones. Con respecto a la primera, el presidente ha anunciado un acuerdo con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva Ley de Familias que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. Pero es la segunda herramienta para hacer frente al desafío la que ha centrado el pleno, que el Partido Popular ha usado para atacar Sánchez por todos los frentes que tiene abiertos: ETA, EH Bildu o la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

Sánchez no ha realizado durante su intervención ningún anuncio de calado. Más allá de avanzar que pedirá a la Comisión Europa adelantar la entrada en vigor del pacto migratorio o la puesta en marcha de un plan nacional de integración y convivencia intercultural en las próximas semanas, del que no ha dado más detalles. El presidente en lo que ha insistido en que su Gobierno seguirá desplegando “una política migratoria responsable y humanitaria”, que no “se desentienda” del fenómeno migratorio como, en su opinión, hizo el Partido Popular, ni lo “demonice”, como hace Vox. “Una política que reconozca los retos que plantea la inmigración y los resuelva, al tiempo que maximice los enormes beneficios que esta puede reportar a nuestro país”, ha recalcado.

El líder socialista ha explicado que los ministros implicados en la materia seguirán articulando sus políticas las recetas migratorias que vienen desplegando en las últimas legislaturas: reforzar las fronteras y el sistema de acogida para gestionar los picos migratorios, la puesta en marcha de programas de migración circular que permita la contratación en origen, el impulso de nuevas fórmulas para la integración de migrantes y el fomento económico de los países latinoamericanos y africanos de los que proceden la mayoría de migrantes.

“Los españoles somos hijos de la migración, no seremos padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos. Y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos”, ha resumido el presidente para pedir de nuevo al Partido Popular que se sume a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita distribuir a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla, después de que en mitad de verano tumbasen —junto a Vox y Junts— la propuesta para modificar la ley. Desde entonces, las negociaciones apenas habían avanzado, pero el último portazo lo protagonizó el pasado sábado el Partido Popular, desde donde se anunció que se levantaba de la mesa. “Seamos claros: no podemos exigir a Europa una solidaridad que no mostramos nosotros mismos dentro de nuestro país”, ha lamentado el presidente.

Sánchez ha aprovechado también la ocasión para ofrecer datos con los que tratar de frenar los bulos de la ultraderecha que vinculan la inmigración con la delincuencia. El presidente ha señalado que en los últimos diez años, el 94% de los migrantes que han venido a España lo han hecho de forma totalmente legal y regulada, “para encontrarse con su familia, estudiar, o incorporarse al mercado laboral”. Solo un 6% lo hizo de forma irregular, cruzando el mar o las vallas de Ceuta y Melilla. De ellos, el 40% eran latinoamericanos; el 30%, europeos, y el 20%, africanos.

“Vox y el PP nos dicen que los inmigrantes vienen a vaguear y a acaparar subsidios”, ha reprochado, para afirmar seguidamente que “lo cierto es que presentan una tasa de actividad cuatro puntos superior a los nacionales, aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social, y usan los servicios públicos y las prestaciones sociales un 40% menos que los nacidos en España. “Vox y el PP nos dicen que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo”, ha añadido Sánchez, quien ha asegurado que “la realidad es que la mayoría de ellos realizan profesiones invisibilizadas, con un alto grado de precariedad. “Y, sin ellos, sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería se hundirían, ya que suponen entre el 25 y el 50% de sus trabajadores”, ha finalizado.

Tras la intervención del presidente, el debate ha derivado —en gran parte de las intervenciones— en acusaciones de temas que copan la política doméstica, pero que poco tienen que ver con la política migratoria. De ahí que la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, haya tenido que abroncar al resto de portavoces: “Me equivoqué de clase porque yo creí que hoy íbamos a profundizar y a hablar de inmigración, ya que se ha hablado de todo y salvo algunas excepciones, poco de inmigración”.

Pese a todo, sí ha habido continuos reproches a las recetas del Gobierno para hacer frente a la crisis migratoria; acaparados por Vox, que ha vuelto a enarbolar su bandera xenófoba, vinculando a los inmigrantes con la delincuencia. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado a Sánchez directamente de la “invasión migratoria”, acusándolo de colaborar con las mafias y los islamistas. El líder ultra, pese a los datos ofrecidos por Sánchez, ha insistido en que el 70% de los extranjeros residentes en España no cotizan en la Seguridad Social y que el 91% de los condenados en Catalunya por violaciones son extranjeros.

Paradójicamente, desde Unidas Podemos han acusado al Gobierno de “comprar los marcos” de Vox. Lo ha verbalizado su líder, Ione Belarra, quien ha asegurado que la “extrema derecha manda aunque no gobierne”. Por su parte, Gabriel Rufián (ERC) ha acusado a las tres derechas —por PP, Vox y Junts— de ser “hipócritas y racistas”: “No se puede hablar de migración sin hablar de mentiras. Y no se puede hablar de mentiras sin hablar de derechas”, les ha reprochado Rufián, quien ha recordado que hay 258 millones de personas migrando en todo el mundo: un 50% más que hace 20 años. “Es imparable. Y la solución no es copiar el discurso de la derecha. La solución es entender que esto es así y sobre todo no entrar en el racismo miserable”, ha incidido. Junts ha obviado el debate migratorio para centrar sus intervenciones en la petición de más fondos para Catalunya.

Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, ha pedido no ceñir el debate migratorio a las cifras, porque es una cuestión ideológica. “A España han llegado 210.000 ucranianos y a nadie le ha pasado nada… porque eran rubios”, ha manifestado Errejón, quien ha puesto el acento en el “racismo”, que “divide a los trabajadores”, haciéndolos “más débiles”. Por su parte, Aitor Esteban (PNV) ha dicho que lo que pasa actualmente con los niños migrantes es que “son auténticos envíos de Amazon, de algunas comunidades autónomas que se desentienden o facilitan la salida de menores hacia otras comunidades autónomas”.Alberto Catalán, de UPN, ha recalcado en su intervención que la inmigración es una “cuestión de Estado”. “La política migratoria la marca el Gobierno de España y tiene que buscar el consenso y el acuerdo con todas las administraciones públicas que tienen vinculación y relación con la misma”, ha subrayado. Además, ha denunciado que se esté “buscando” en materia de inmigración “la división, el levantar muros, en la confrontación”.