ras un mes del comienzo del curso escolar volvieron los comentarios sobre la situación y la calidad de la enseñanza. Casi todas las personas tenemos hijos, nietas, familiares o amigas en procesos de formación. La opinión pública suele estar dividida entre descontentos o desencantadas y optimistas o entusiastas, ya que el sistema escolar es un espejo perfecto de nuestra sociedad. El panorama de contraposiciones va desde las que entienden la enseñanza como una potencia social emancipadora y piensan que, para combatir las desigualdades, los avances del gran proyecto ilustrado de educación universal necesita más recursos públicos; hasta aquellas que, en el otro extremo, defienden en primer lugar sus intereses privados –posición social, valores particulares o religión– y desearían que el sistema privilegiara a los más aventajados –seguramente los mejor situados en la escala social– dejando atrás a los más débiles –casi siempre las personas de menos recursos– o incluso, segregara a mujeres y hombres, para fomentar currículos específicos.

Mas allá de dicotomías simplificadoras, en las puertas de los colegios, en los claustros de profesores o en los medios de comunicación hemos vuelto a escuchar por enésima vez comentarios sobre si la educación en España es mejor o peor que hace unas décadas; si los resultados académicos mejoran o empeoran; si los jóvenes actuales están más o menos preparados o si hacen los esfuerzos suficientes; si es más eficiente la educación pública que la concertada o la privada; si las maestros o profesoras deben tener o no plena autonomía de enseñanza respecto a los valores familiares y al derecho de los padres a influir en la educación; si se pueden mostrar símbolos religiosos en las aulas o si algunas vestimentas son más o menos pertinentes. Las opiniones sobre la lista de cuestiones que atraviesan el sistema escolar es también un reflejo de nuestras posiciones políticas.

Como dicen Jesús Rogero y Daniel Turienzo en su reciente publicación ‘Educafakes. 50 mentiras y verdades sobre la educación española’, deberíamos partir de la convicción de que la educación es política, lo cual no quiere decir que sea partidista. Las decisiones sobre qué cosas debemos aprender y cuáles no o con quién nos educamos afectan al tipo de personas y de sociedad que pretendemos construir.

Así se reafirman ambos cuando nos recuerdan que todas las leyes orgánicas educativas recogen entre sus principios y fines trasmitir determinados valores democráticos que gozan de una aceptación social generalizada.

Por tanto, por mucho que las posiciones políticas más reaccionarias se empeñen en ‘despolitizar’ la escuela (politizándola de manera interesada), no es posible construir un sistema educativo exento de valores democráticos porque ya están recogidos en el ordenamiento jurídico, como la sensibilización contra el cambio climático y la desigualdad social; el análisis crítico de los medios de comunicación y la toma de conciencia de los hechos reales para no permitir la extensión de bulos y mentiras; la tolerancia y el respeto a todas las diferencias y, sobre todo, la defensa de valores éticos frente a las tendencias fascistas y machistas y racistas, cada vez más difundidas entre la juventud.

La educación –añaden– siempre ha sido un terreno en disputa, porque evidencia el modelo de individuo y sociedad que tenemos y, al mismo tiempo, al que aspiramos. Diseñar un sistema educativo no solo implica participar en la formación de la ciudadanía del presente y del futuro, sino también tomar partido, por acción u omisión sobre el papel del Estado, la religión o la familia. Así, la educación se sitúa en el centro de la batalla cultural que marca el signo de nuestro tiempo, pues constituye un arma tremendamente eficaz para preservar intereses y privilegios económicos, religiosos y partidistas. El sistema educativo tiene el mandato legal de promover el respeto a la igualdad, diversidad, la inclusión y la convivencia, es decir, valores que permitan que se desarrollen la libertad de conciencia y de credo, y no aquellos que adoctrinan para preservar intereses privados y discriminatorios.

Precisamente, para que esas tensiones interesadas no deriven en una degradación cada vez mayor de la educación pública y universal es más necesario que nunca ahondar en la convicción de que el sistema educativo tiene como objetivo primordial garantizar el derecho a una educación de máxima calidad para todo el alumnado, sin excepción y sin exclusión, en la que cada persona pueda desarrollar al máximo su personalidad y potencialidades para tener una vida digna y participar de forma democrática, dialogante, activa y crítica en la sociedad.