La vivienda en un asunto de vital importancia. El eje sobre el que articulamos nuestras vidas. Esto es algo de lo que como persona migrante siempre he sido consciente. No obstante, no lo vi con tanta claridad hasta que decidí abandonar el hogar en el que me crie. Allí empezó una lucha agotadora, abarrotada de barreras y de violencia constante. Una violencia sistémica que se agrava frente a la impunidad de quienes la ejercen y la impotencia de quienes la padecemos, a consecuencia de un marco normativo que nos desprotege absolutamente.

Cualquier persona racializada de este país sería capaz de escribir una trilogía narrando las experiencias padecidas buscando una vivienda de alquiler. Así ha sido el último lustro para mí. Un sinfín de situaciones de sobra conocidas, pues cualquiera que se haya visto en la situación de buscar un lugar donde (sobre)vivir conoce la sensación de humillación y sometimiento que implica. Por ello, me limitaré a nombrar algunas de las situaciones vividas debido a mi condición.

Antes me gustaría señalar que el “problema de la vivienda”, igual que el “problema de la migración”, “problemas” que en apariencia no tienen nada que ver, además de estar fuertemente vinculados, no son un problema en sí, por mucho que los medios generalistas financiados por bancos y fondos de inversión nos digan lo contrario. No son problemas porque la inmigración es producto de procesos históricos derivados de siglos de desposesión y expolio a los pueblos colonizados. Mientras que la situación actual de la vivienda es consecuencia de años de un modelo que ha convertido en negocio el derecho a techo, al tiempo que ha venido facilitando los desahucios y favoreciendo el lucro de bancos, fondos de inversión, grandes tenedores y rentistas de todos los pelajes.

Las personas migrantes y racializadas de este país hacemos frente a un racismo estructural que, en lo relativo a vivienda se manifiesta de diferentes formas, mezclando el racismo de unas instituciones que en el mejor de los casos nos desamparan con un racismo social. Hablamos de barreras discriminatorias que nos obstaculizan e impiden un derecho básico. Obstáculo muchas veces insalvables que se manifiestan en anuncios que explicitan o invitan “solo españoles” y “no inmigrantes”, en pisos que se alquilan de repente en cuanto llegas con tu color piel oscura puesto que tu acento por teléfono no permitía asociarte a ninguna condición racial, en el acoso por parte de los propietarios obligando a abandonar la vivienda, así como en la imposición de cláusulas y de rentas abusivas.

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Ante el desamparo nombrado, surgen sujetos dispuestos a hacer de la necesidad beneficio. Es lo que sucede cuando en lugar de tener un Ministerio que proteja el derecho a la vivienda, tenemos una ministra de vivienda que apela a la “solidaridad” de los propietarios. Llevamos años leyendo sobre cómo el negocio en que se ha convertido la vivienda agudiza el ingenio de los rentistas. Recientemente, tuvimos que hacerle frente en nuestra comunidad de vecinos debido a que el propietario de una de las viviendas decidió reconvertir un piso de 70m2 y tres habitaciones en un piso de 5 habitaciones y un baño. Para ello, transformó todas las habitaciones, incluyendo cocina y salón, en habitaciones “unifamiliares” en las que ha colocado cocinas para alquilarlas a familias de varios miembros.

No le han faltado personas desesperadas, ante la urgencia habitacional, que se dejan gran parte de su sueldo en unas habitaciones cuyo importe mensual hace unos años permitía alquilar una vivienda al completo. Un email es la herramienta facilitada desde el Ayuntamiento de Alcorcón para hacer frente a esta situación, y ni siquiera ha sido por las condiciones descritas, sino por los ruidos generados, aparentemente, por los sistemas de ventilación instalados en las habitaciones en las que deben dormir y cocinar cada una de las familias. Sobra decir que quienes viven en estas habitaciones son en su mayoría migrantes.

Todo ello se agrava cuando eres una persona en situación administrativa irregular y más cuando eres mujer. La combinación raza y género predispone a mayores abusos de los propietarios, al tiempo que garantizan una expulsión de los núcleos urbanos de personas migrantes y racializadas, obligándolas a residir en la periferia, en viviendas más precarias, e incluso en condiciones insalubres. Es decir, en la práctica hablamos de una segregación residencial que contribuye a expulsar a las personas racializadas a los márgenes de la sociedad.

Frente a esta situación podemos y debemos decir que luchar por el derecho a una vivienda digna es luchar contra el racismo. Recoger el testigo de las personas migrantes de este país que hace años crearon los primeros grupos organizados frente a los desahucios. Unos desahucios que primero se cebaron con las personas migrantes más precarizadas antes de convertirse en un problema de primer orden. Organizarse por la vivienda, es organizarse contra el racismo y sus consecuencias.

Solo una sociedad civil organizada por una necesidad vital como lo es la vivienda es capaz de disputarle esta batalla a un sistema que prima el negocio frente a la vida. Solo una masa social fuertemente articulada puede hacer frente a grupos neonazis reconvertidos en un apoyo fundamental de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su tarea de expulsar a familias sin recursos de sus viviendas. Solo una visión antirracista del movimiento por el derecho a la vivienda nos permitirá construir una alianza honesta para una sociedad que sea realmente justa e igualitaria. Hablamos de una forma de autoorganización que permita hacer frente a una realidad sostenida en la inacción de los diferentes gobiernos. Frente a sus problemas creados, nuestra organización antirracista por la vivienda.