El presidente de Túnez, Kais Said, ha sido proclamado ganador de las elecciones presidenciales del pasado domingo, unos comicios caracterizados por la falta de competencia real y la baja participación y celebrados en un clima de represión que arroja serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Said, de 66 años, fue reelegido por el 90,7% de los votos, según la Instancia Superior Independiente para las Elecciones. La abstención superó el 70%.

Túnez, que un día fue considerado uno de los pocos ejemplos de éxito democrático tras el estallido de la Primavera Árabe en 2011, confirma con estas elecciones el retroceso en derechos sufrido bajo el mandato de Said, retroceso que incluye el cambio de la ley electoral días antes de la cita con las urnas, la detención de varios candidatos opositores y el veto a la presencia de observadores internacionales y de algunos medios extranjeros, entre ellos EL PAÍS.

Las organizaciones de derechos humanos temen que este segundo mandato refuerce la mano dura de Said, quien ha consolidado un sistema ultrapresidencialista tras la reforma de la Constitución que en 2022 le permitió concentrar en su persona los poderes clave del Estado. Por otro lado, el antiguo profesor de Derecho no ha conseguido corregir en estos cinco años la maltrecha situación de la economía, más bien al contrario. El desempleo ha aumentado de manera constante hasta alcanzar uno de los niveles más altos de la región (16%), especialmente entre los jóvenes. La deuda pública se mantiene en niveles récord, y la elevada inflación —que afecta a los productos básicos— genera problemas de desabastecimiento. Un caldo de cultivo propicio para la inestabilidad social si no fuera porque, ante este escenario, muchos tunecinos han optado por emigrar y buscar oportunidades fuera del país.
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La Unión Europea ya ha expresado su preocupación por las medidas que pueden afectar a la credibilidad de los resultados y se ha limitado a “tomar nota” de las elecciones, pero evitando en todo momento críticas más contundentes para no poner en peligro el acuerdo migratorio que mantiene con el régimen tunecino. No en vano, el número de migrantes que logran alcanzar la costa de Italia, la parte del territorio europeo más cercana al país magrebí, ha disminuido drásticamente desde 2023. Aquel año, 135.000 migrantes llegaron a Italia, frente a los apenas 51.000 que habían llegado hasta principios del presente octubre. Túnez es el modelo que Bruselas quiere exportar a otros países africanos para detener las salidas de migrantes a cambio de su ayuda económica. Sería bueno que el respeto a las libertades en un aliado tan importante fuera también una prioridad para la Unión.