El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra el protocolo del Ejecutivo de Canarias para recibir a los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas y contra varios apartados del acuerdo de Gobierno del día 2 de septiembre, que prohibió a las ONG que aceptasen recibir menores de la Policía sin su consentimiento. La suspensión se debe porque así lo ha solicitado el Gobierno, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión automática en este tipo de supuestos cuando existe petición expresa del Ejecutivo. El 20 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya adoptó una medida similar al suspender de manera cautelarísima el protocolo, tal y como había pedido la Fiscalía del tribunal autonómico. Este martes, Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó a su vez la suspensión del acuerdo alcanzado el día 2 por el Ejecutivo autonómico.

En el caso del Constitucional, el órgano de garantías explica que “ha suspendido la vigencia y aplicación” de los apartados recurridos “desde el día 26 de septiembre de 2024″, fecha en que el Gobierno de España interpuso su impugnación, “lo que será comunicado al presidente de Canarias”. Un día antes, el 25 de septiembre, el Ejecutivo canario ya solicitó al juzgado de lo Contencioso el levantamiento de la suspensión que había impuesto el día 20. Para defender su protocolo, la administración canaria sostuvo que las nuevas normas consisten en una instrucción interna para los empleados públicos y entidades colaboradoras de la comunidad autónoma. Se añadió que la medida resultaba necesaria para proteger a los menores sin causar con ello discriminación alguna.

Ahora, el Constitucional ha aprobado por unanimidad la admisión a trámite de la impugnación de la disposición autonómica. El recurso obedece a que el Gobierno considera que el acuerdo cuestionado puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias regionales en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados. El Ejecutivo de Canarias, por su parte, ha venido alegando en la batalla jurídica iniciada que se precisa una mayor implicación del Estado frente a la llegada masiva de menores a las islas. El Ejecutivo de Clavijo argumenta que el Estado es titular de competencias exclusivas en materia de extranjería y asilo, y que, por tanto, debe hacerse cargo de la gestión relacionada con la entrada de menores extranjeros en España y su protección. También subraya que es el Estado el que debe coordinar la redistribución los menores a otras comunidades autónomas.

Pocos minutos después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias propinó otro varapalo al Gobierno canario tras confirmar el auto del 25 de septiembre en el que, a petición de la ONG Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, acordó suspender con carácter cautelar el acuerdo del Gobierno de Canarias que el 2 de septiembre comunica a las entidades colaboradoras en materia de migración que “no reciban nuevos migrantes a cargo de esta comunidad autónoma salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”.