En la agenda de un presidente del Gobierno está todo medido y calculado. Nada es casual. Todo encierra un por qué. A veces inmediato, en ocasiones a medio plazo. Pedro Sánchez recibió este lunes en La Moncloa a representantes de ONG de migraciones. Una cita en medio de la crisis migratoria que afecta a España, en especial a Canarias, y de las dificultades para alcanzar un pacto entre el PSOE y el PP para cambiar la Ley de Extranjería, con los populares rompiendo la negociación. En el encuentro, el presidente del Gobierno mostró “inquietud” y “preocupación” por la proliferación de los discursos de odio en plena crisis migratoria en España y se mostró decidido a “dar la batalla”, según exponen a este diario fuentes conocedoras de la reunión.

Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para informar, a solicitud del PP, “de las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria que vive España y que afecta a la Unión Europea, así como para informar de las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones, de modo que pueda coordinarse una auténtica política de Estado en materia migratoria; y para dar cuenta de las actuaciones del Gobierno ante el impacto de la crisis migratoria en la cohesión socioeconómica, implementar para evitar la saturación de los servicios públicos”.

Una intervención en la que el presidente del Gobierno entrará de lleno en este asunto de frenar y combatir los mensajes que crean corrientes de opinión contra la llegada de inmigrantes y que instalan una “sensación falsa de alarma”. Datos, estadísticas, hemeroteca y una apuesta por destacar la importancia para el Estado del bienestar de la contribución de la migración regular que llega para trabajar, por ejemplo para mantener las pensiones del futuro.

Esta proliferación de los llamados discursos de odio en España, de mensajes contra la migración, “ha ocupado una parte importante de la reunión”, explican las fuentes consultadas por EL MUNDO. Tanto Sánchez como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, se han mostrado “inquietos”, “con preocupación”.

Desde La Moncloa exponen que el presidente del Gobierno ha remarcado la lucha de su Ejecutivo contra los discursos de odio, especialmente los dirigidos a menores migrantes. Y ha aprovechado para poner sobre la mesa su manido “Plan de Acción por la Democracia”, esto es su plan de regeneración que pone el foco en los medios, y que incluye una reforma legal para “mejorar el sistema de rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas”, así como la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación, y la creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Un momento de la reunión con las ONG.
Un momento de la reunión con las ONG.Fernando.CalvoMUNDO
“Es un tema en el que se ha insistido mucho. Se ha hablado de cómo trabajar para acabar con los discursos alarmistas sobre la inmigración que no reflejan la realidad. Eso sí, no hemos concretado nada”, señalan asistentes a la reunión. Las ONG que asistieron al complejo presidencial pidieron valentía al presidente del Gobierno en este asunto.

“Es importante una política clara a nivel comunicativo y no dejarse llevar por el discurso del miedo. Hay que explicar claramente que España ya es un país donde parte de la población española ya ha nacido fuera. Eso es un salto cualitativo. No es un problema de gente que llega ahora a Canarias, es que ya somos un país diverso compuesto por personas migrantes”, razonan desde Andalucía Acoge.

“Vivimos una época de políticas y discursos de deshumanización de la población migrante”, señalan desde Amnistía Internacional. En la cita, Sánchez les ha trasladado que “es importante dar la batalla contra los discursos que demonizan al inmigrante, le deshumanizan. Valoramos este discurso humanizador. Pero si este discurso quiere ser creíble y enfrentar al que habla de deportaciones, cancelar derechos… tiene que ir seguido de medidas prácticas. Y esas medidas prácticas deben seguir el discurso”, señalan desde esta organización.

De ahí que los representantes de 20 organizaciones especializadas en migración, refugio y derechos humanos hayan pedido al presidente del Gobierno que se comprometa a no extender el plazo constitucional de detención preventiva de 72 horas y a aplicar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad; a garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, así como el análisis individualizado de las solicitudes y a la adecuada atención sanitaria, el derecho a intérprete, a la información y a ser escuchado/a; a tramitar las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras propuestas.

A la reunión han asistido representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem, Alianza por la Solidaridad / ActionAid, Alboan, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, CONVIVE Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Iridia, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz-MPDL-, Instituto Novact de Noviolencia, Oxfam Intermón, Red Acoge, Salud por Derecho, Servicio Jesuita a Migrantes-SJM.