El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno contra el protocolo del Ejecutivo de Canarias sobre los menores extranjeros no acompañados.

Al ser un recurso del Gobierno central, la suspensión es automática una vez que se admite a trámite. El Gobierno considera que el acuerdo impugnado puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya había suspendido el protocolo de manera cautelar, a petición de la Fiscalía, firmado por el Ejecutivo de Fernando Clavijo por el que se ordenaba a las ONGs de no recibir nuevos migrantes menores.

Canarias, ante una situación límite de su sistema de acogida de menores, aprobó un nuevo protocolo en el que se recoge que los menores que llegan al archipiélago no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía Nacional o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su custodia hasta que se realice una tediosa burocracia.

Según el protocolo, antes de la entrega de los niños y adolescentes a las autoridades canarias se debe realizar una reseñal de identificación, la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna, con conocimiento del fiscal.