El Gobierno salió ayer al paso del debate que se ha originado en torno al posible voto de los inmigrantes regularizados en las próximas municipales del 2007 para desactivarlo. Ampliar los derechos de los extranjeros que viven legalmente en España, sí. Pero hacerlo con prisas para ampliar el censo cara a mayo del próximo año, no. Esa es la filosofía del Ejecutivo.
La vicepresidenta dejó claro tras el Consejo de Ministros que considera “altamente improbable” cualquier reforma antes de los comicios locales del año que viene. Con esa rotundidad, desveló la intención del Ejecutivo de apagar el “foco de la inmediatez” que se había encendido sobre esta cuestión.

“SIN PRESIÓN ELECTORAL”
El portavoz del grupo socialista, Diego López Garrido, negó que la posición del Gobierno suponga un varapalo para la iniciativa que registró el PSOE la semana pasada en las Cortes junto a IU – ICV. En ella se apremia al Gobierno a cerrar acuerdos bilaterales con los países de origen de los inmigrantes para que estos puedan votar concejales, tal como permite la Constitución en el artículo 13.2.
El Gobierno comparte con el PSOE el convencimiento de que hay que “ampliar derechos” de los inmigrantes regulares, pero opta por debatir esta cuestión “con calma”, no bajo la presión de “unas próximas elecciones”, según fuentes del Ejecutivo. López Garrido avanzó que será necesario reformar la ley electoral y establecer “condiciones de arraigo” para reconocer el derecho al voto, que podrían situarse “entre 3 y 5 años de residencia legal”, como recomienda la Comisión Europea.
La cuestión del voto inmigrante ha centrado la precampaña electoral en Catalunya en la última semana, tras la exigencia de CiU de que los extranjeros cumplan una serie de requisitos para acceder al derecho de sufragio. El Gobierno argumenta que algunos países iberoamericanos, como Ecuador, podrían sentirse marginados si España negocia con sus vecinos acuerdos bilaterales para reconocer el derecho al voto. Por eso optó por calmar el debate antes de definir una solución para todos ellos. Con sus declaraciones, Fernández de la Vega quiere eliminar las “falsas expectativas” que el debate de estos días ha causado en colectivos de inmigrantes.