Euskadi dispone 498 plazas estructurales para menores no acompañados más que las que le correspondería por volumen de población, de acuerdo a la propuesta de derivación según población planteada por el Gobierno central. Según la fórmula presentada por el Ministerio de Juventud e Infancia, junto con Euskadi superan el mínimo de plazas estructurales que les tocaría, además de las zonas de llegada (Canarias, por 65; Ceuta, por 45; y Melilla, por 150), Catalunya (1.065 más), y Nafarroa (85). Estos datos revelan la diferencia entre el número de plazas estables que tiene cada comunidad y las que deberían tener según este reparto. Pero Canarias y Ceuta cuentan, además, con alrededor de 4.000 y 400 plazas de emergencia, respectivamente, para hacer frente a la presión migratoria.

Así se refleja en uno de los documentos sobre los que trabajan Gobierno, Canarias y, hasta hace unos días, el PP, en sus negociaciones para llegar a un acuerdo para acometer una reforma de la Ley de extranjería que establezca una acogida vinculante de los menores migrantes no acompañados entre todos los territorios para aliviar a zonas tensionadas como Canarias.

La comunidad que más ‘déficit’ de plazas tiene es la Comunidad de Madrid, a la que le ‘faltaría’ 1.145 plazas. Le sigue Andalucía, que presenta un saldo negativo de 839, y Valencia, que tendría que generar 764 nuevas vacantes para ponerse al día con este sistema. El resto de territorios que tendrían que crear nuevas plazas son Castilla-La Mancha (367), Galicia (327), Castilla y León (292), Región de Murcia (285), Aragón (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Islas Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32). Las regiones a las que les falta capacidad de acogida en función de este reparto tendrían que crear un total de 4.437 plazas. Además, el objetivo es que todas estas vacantes sean estructurales y no de emergencia como ocurre en muchos ‘puntos calientes’, como Canarias.

Reunión Melgosa-Saiz
La revelación de este documento, que constata el superávit de plazas de acogida en Euskadi, coincidió con la reunión que mantuvieron la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Fue un encuentro breve, de apenas una hora en Lakua, que Melgosa aprovechó para reiterar al Gobierno Sánchez la necesidad de abordar la realidad migratoria del Estado desde un plan de contingencia que incluya una planificación; una previsión de posibles escenarios; unos indicadores que permitan evaluar las actuaciones desarrolladas; y una memoria económica.

“Nos hemos emplazado a hacer un control de los diferentes datos migratorios que existen en el Estado para ordenar los flujos”, declaró Melgosa al término de un encuentro que definió como “fructífero” que ha servido para “seguir trabajando en hacer una política migratoria de calidad y con enfoque en derechos humanos”. Un modelo, dijo Melgosa, que siga el ejemplo del Pacto Social Vasco para la Migración. Por su parte la ministra Elma Saiz, aseguró que la creación del creación del centro de refugiados en la antigua residencia de Arana (Gasteiz) con capacidad para 350 personas avanza “según los plazos establecidos”. Su construcción se licitó hace más de un año por 14,6 millones de euros. Saiz afirmó que el centro de refugiados está cumpliendo “los plazos normales en unas obras de estas características” y que además el Gobierno español está “buscando la interlocución entre las distintas administraciones”.

Tras conocer estas declaraciones, el Departamento que lidera Nerea Melgosa reiteró su “disconformodad” ante la filosofía que defiende el Ministerio para el Centro de Acogida Arana y que el Gobierno vasco ha manifestado ya en numerosas conferencias sectoriales, intraconferencias y comisiones. Y es que, según aclararon, el Gobierno vasco “siempre ha apostado por modelos que garanticen la atención individualizada y fomenten procesos de inclusión de y para las personas acogidas”.